Dirigentes sindicales, empresariales y políticos tras la cadena humana el pasado viernes. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La reivindicación valenciana por una reforma del actual sistema de financiación, un reparto que perjudica notablemente a la Comunitat, atraviesa sus horas más bajas. El pasado viernes, con motivo del segundo aniversario de la manifestación celebrada en noviembre de 2017, la plataforma Per un Finançament Just —compuesta por sindicatos, patronal, partidos políticos y decenas de colectivos— conformaba un cadena humana para mantener viva la exigencia al Gobierno central para que cambie un modelo que lleva caducado desde 2014.
Lo hizo tras un largo silencio y en un momento en el que el Gobierno está de salida, en funciones a la espera de la formación de uno nuevo tras las elecciones del 10N, por lo que la reivindicación iba más bien dirigida a los dos partidos que han pactado en precario formar el nuevo Ejecutivo: PSOE y Unidas Podemos.
Al margen de la discreta participación en el evento del viernes y la más bien escasa actividad general de la citada plataforma desde aquella movilización de 2017, las sensaciones que se perciben en distintos colectivos y, especialmente, en los diferentes partidos políticos, no son optimistas. Más bien todo lo contrario.
Echando la vista atrás, uno de los caballos de batalla del Botànic I —PSPV, Compromís y Podem— fue la visibilización del 'problema valenciano', que se resume en la reforma del modelo de financiación para que la Comunitat Valenciana pueda cumplir con los servicios básicos en Educación, Sanidad y Bienestar Social.
Un primer paso fue lograr que el Congreso diera luz verde —con cuatro años de retraso— a otra reivindicación paralela: la toma en consideración de la reforma del Estatuto que contempla el blindaje de las inversiones territorializadas por parte del Estado. Sin embargo, la etapa convulsa en el ámbito nacional y el desinterés de los grandes partidos propició que esta revisión de la Carta Magna valenciana no fuera aprobada hasta diciembre de 2018. Siete años después de que Les Corts acordaran su reforma.
Este viacrucis sufrido por el Estatuto ilustra muy bien lo que está ocurriendo con la financiación autonómica. En aquella sesión de 2015 en el que se tomó en consideración el texto valenciano, el Congreso estaba casi vacío: la gran mayoría de diputados tenía cosas mejores que hacer que asistir a una reforma que incluía una mejora del trato para la Comunitat en materia de inversiones.
De la misma manera, se percibe de nuevo en el clima de la política estatal que la reforma del sistema de financiación que exige el Botànic II no interesa, no solo a los partidos con base en Madrid, sino tampoco a los medios de comunicación nacionales y ni siquiera al grueso de las Comunidades Autónomas. No está en la agenda política e informativa de los grandes problemas de España, donde a cuestiones recurrentes como Cataluña, el futuro de las pensiones y la violencia de género se han sumado en el último año problemas como la despoblación o el auge de la extrema derecha.
En estas circunstancias, la infrafinanciación valenciana es para 'Madrid' como la falta de ferrocarril en Extremadura o la de agua en Murcia, un problema de una comunidad autónoma del que se le pregunta sin mucho interés al presidente de turno cuando acude a ser entrevistado.
Cierto es que el Consell de Puig, con el apoyo de la sociedad civil trató, durante la pasada legislatura, de fijar el problema valenciano en la agenda política estatal. La suerte fue desigual y los apoyos eran circunstanciales: no terminó de cuajar el acto celebrado en Madrid a pocos días del 9 d'Octubre de 2016 y la mencionada manifestación de un año después en la capital, aunque tuvo una participación digna, evidenció que el 'problema valenciano' seguía siendo un desconocido para el gran público.
Mientras, en este tiempo, las promesas de los últimos dos presidentes -el popular Mariano Rajoy y el socialista Pedro Sánchez- cuando han pisado la Comunitat han oscilado en intensidad según el momento de la visita. Más emoción y compromiso en campaña, lo contrario si el protagonista ya estaba en La Moncloa y tono ambiguo creciente cuando las posibilidades del candidato de alcanzar la Presidencia del Gobierno eran mayores.
La presión de la Comunitat Valenciana, apoyada entonces por otras Comunidades Autónomas, llegó a dar sus frutos en enero de 2017 cuando en la Conferencia de Presidentes Rajoy prometió poner en marcha la reforma. Lo hizo, si bien con una lentitud por parte del Gobierno que contrastaba con la parsimonia del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no llegó a presentar su propuesta a pesar de tener sobre la mesa durante meses las de las CCAA. En esas llegó la moción de censura con la que Sánchez llegó al Gobierno anunciando que aparcaba la reforma hasta más allá de 2020.
El problema para el Gobierno valenciano es que, a día de hoy, con el pacto PSOE-Unidas Podemos, que debe encontrar al menos la abstención de ERC así como apoyos de fuerzas como el PNV y otras pequeñas como Teruel Existe, los gallegos de BNG o los cántabros del PRC, el debate sobre la financiación autonómica está absolutamente fuera de agenda. A excepción de Compromís —tiene un diputado de los tres obtenidos de Más País—, ninguna fuerza con representación en el Congreso parece dispuesta a sacar a relucir esta cuestión.
Es más, en el pacto inicial entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sí se mencionaba en cambio el problema de la despoblación y la España vaciada, un guiño para las autonomías que defienden un modelo de financiación que tiene difícil encaje con las exigencias valencianas, referidas precisamente al alto número de habitantes al que debe prestar servicio.
Curiosamente, el presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, tomó la decisión de adelantar las elecciones autonómicas y hacerlas coincidir con las generales de abril. Una medida que, en su momento, justificó con el objetivo de "visibilizar el problema valenciano".
Más allá de que posteriormente se celebraran otras elecciones generales el pasado día 10, no puede decirse que la estrategia del dirigente socialista cumpliera esas expectativas de visibilidad.
Ahora, a falta de que se alcance un acuerdo de investidura para que Sánchez sea presidente, la reforma de la financiación se sigue viendo con escepticismo por parte de los distintos partidos políticos en la Comunitat. Es más, no son pocos los que empiezan a hablar de una legislatura "corta" y auguran que el periodo de inestabilidad todavía no se ha cerrado. De cumplirse, el 'problema valenciano' seguirá siendo valenciano y, de hecho, más valenciano que nunca.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
