Eduardo Zaplana a la salida del juzgado Foto EFEFuset se sentará en el banquillo en diciembre y se espera que se levante el secreto de sumario del caso Azud y que acabe la instrucción del de Francis Puig
VALÈNCIA. Tras la ola de absoluciones, con y sin juicios, que cerró 2021, el año 2022 que ahora se abre traerá como platos fuertes el posible procesamiento del expresident popular de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, además de los primeros juicios del ‘caso Taula’, el del ‘caso Alquería’ y el que volverá a sentar en el banquillo al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. También la investigación a varios cargos de la Conselleria de Mónica Oltra dará que hablar en un sentido u otro.
Tras conectar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el recorrido entre Andorra y Luxemburgo de cerca de 20 millones de euros de una “organización criminal” (en palabras del instructor) en cuya cúpula sitúa a Zaplana y que habría obtenido sus fondo de presuntas mordidas, la instrucción del caso está ya cerca de su final. Antes, la UCO desbrozó el camino inverso del dinero y apuntó a Terra Mítica como un tercer punto de origen junto al Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y las Inspecciones Técnicas de Vehículos. Se espera que en este nuevo año la instrucción se dé por concluida y la Audiencia la ratifique y dé paso al juicio oral o no lo haga y el caso se desinfle.
Varias de las más de una decena de piezas de ‘Taula’ han superado ya esa última barrera y en este 2022 se vivirá ya al menos el primer juicio de un caso que tiene más de seis años. Entre mayo y junio de 2022 varios excargos del Partido Popular, entre ellos Marcos Benavent o el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP, Juan José Medina así como algunos empresarios, se sentarán en el banquillo por el desvío de fondos públicos a través de la empresa Thematica Events.
En la causa también está el propio PP, como responsable civil subsidiario junto a otras empresas, una circunstancia que se produce por no haber podido imputarle como persona jurídica, debido a que los hechos por los que se le podría atribuir responsabilidad penal tuvieron lugar en 2007 y 2008, y la reforma del Código Penal que permite señalar de este modo a las formaciones políticas fue de 2012.
También se está a la espera de que se establezca la fecha para el juicio de la pieza D (los ‘call centers’) en el que Anticorrupción pide ocho años de prisión para el expresidentes de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.
Igualmente, también debería abrirse juicio oral en la ‘pieza A’, de la que la que se ha caído el ‘caso del pitufeo’ por la financiación de la campaña de Rita Barberá en València en 2015, pero que sentará en el banquillo a dos de las piezas clave de sus equipos, el exvicealcalde Alfonso Grau y la secretaria del grupo municipal Mari Carmen García Fuster. También lo harán dos expresidentes de dos fundaciones municipales, todos ellos por la financiación de las campañas de 2007 y 2011. También puede haber nuevos autos de procedimiento abreviado y aperturas de juicio en otras piezas.
Tras abrir el pasado mes de febrero juicio oral contra el expresidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y otros catorce excargos del PSPV y de Compromís, la Audiencia Provincial debe poner fecha y podría hacerlo para el último trimestre del año. El alcalde de Ontinyent, ahora independiente, se enfrenta junto a los otros procesados a una pena de ocho años de prisión por presuntas contrataciones ilegales por adscripción o vinculación a sus partidos en la empresa pública Divalterra (dependiente de la corporación provincial) y por haber montado un “sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa e inútil e ineficaz", en palabras del fiscal.
En parecida situación está el también expresidente de diputación, en este caso de la de Castellón, Carlos Fabra. Después de la apertura de juicio oral se está pendiente de que la Audiencia de esta provincia señale la fecha para empezar a juzgar si el que fuera barón popular montó un entramado para ocular su patrimonio y fuentes de ingresos opacos para dificultar la ejecución de la sentencia a la que fue condenado en 2013. Junto a él, se sentarán en el banquillo suex mujer, María Amparo Fernández, sus hijos Borja y Claudia y su yerno. También, su supuesto testaferro, Alejandro Lorca, y diversos empresarios: el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig; su hijo Fernando Roig Negueroles; el dueño de Facsa, Enrique Gimeno; y Miguel Pérez, el administrador de una de las mercantiles de las que se habría servido el entramado.
El concejal de València, Pere Fuset, tiene reservados el 12, 13 y 14 de diciembre del año que viene, pues serán las fechas del juicio que tendrá que afrontar por la muerte de un trabajador mientras montaba las gradas de los conciertos de la Feria de Julio en Viveros en 2017. El regidor de Compromís se enfrenta como responsable de esa área a un delito de homicidio por imprudencia grave y a otro contra la seguridad de los trabajadores.
Además de la petición de archivo que hizo la Fiscalía (la familia del fallecido pide cinco años de prisión), Fuset afrontará este proceso después de haber quedado exonerado de una supuesta prevaricación en la concesión de las barras de los conciertos a cambio del montaje de las gradas y también de unas posibles irregularidades en el montaje de las citadas gradas sin un expediente específico, algo que podría facilitar su defensa.
Para este año también está previsto que se levante el secreto de sumario del ‘caso Azud’ que en 2021 vio cómo explotaba una segunda rama. Si la primera investigó el supuesto cobro de cerca de cuatro millones de euros en comisiones por la familia de la exalcaldesa Rita Barberá (con su cuñado José María Corbín en el centro de la trama), la segunda se ha centrado en otro posible foco de mordidas en cuyo núcleo estarían el exvicealcalde popular Alfonso Grau y el entonces líder del PSPV en el consistorio Rafael Rubio. 
Junto a ellos fueron también detenidos empresarios (con Jaime Febrer a la cabeza) y otras personas vinculadas al partido socialista como José Luis Vera. También se investigó al que fuera responsable financiero del partido Pepe Cataluña.
El año comenzará con los últimos días de la prórroga que concedió el juzgado que investiga un presunto fraude de subvenciones por parte de las empresas de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat Ximo Puig, y sus socios. La petición de Anticorrupción de declarar compleja la causa ha retrasado su cierre hasta el 29 de enero, al menos en principio, y la Guardia Civil ha aprovechado estos meses para ampliar sus investigaciones (que iban de 2015 a 2018) también a 2014.
Los últimos días de 2021 trajeron un vuelco en el caso que investiga la actuación de tres personas de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el caso de la menor abusada por el exmarido de Mónica Oltra, titular del departamento, así como contra la directora del centro de acogida donde vivía y donde se produjeron los hechos. La Audiencia Provincial rechazó el sobreseimiento provisional que había decretado Instrucción 15 y que apoyaba la Fiscalía y ordenó seguir con la investigación contra la directora territorial de Valencía, una psicóloga y una funcionaria. La denuncia les acusaba de omisión en el deber de perseguir ciertos delitos y de omisión de auxilio, de un delito contra la integridad moral, de otro de abandono de menor necesitada de protección por incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la tutela, de prevaricación y de encubrimiento.
Además, durante este año se retomará la instrucción del caso que investigó una posible desprotección a los sanitarios en las primeras olas del covid-19 en la que varios altos cargos de la conselleria que dirige Ana Barceló están en el punto de mira. La Audiencia Provincial ya sobreseyó otra querella similar hace unos meses pero ahora Instrucción 1 ha decidido seguir adelante con esta nueva querella
