El presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: JORGE GIL/EP VALÈNCIA. La propuesta de Compromís de que la Generalitat entre en el accionariado de grandes empresas subvencionadas no ha sido recibida con entusiasmo por el PSPV. Como se podía esperar. Los socialistas, directamente, prefieren ignorarla y ni siquiera entrar a valorarla. Ese es el nivel de agrado. Un rechazo frontal de una cuestión que, sin embargo, sí tendrán que abordar en la negociación de los Presupuestos de 2023.
Desde la vicepresidencia segunda de Unides Podem que ostenta Héctor Illueca, por su parte, se limitan a señalar que esperan que en los próximos días los socios de Gobierno "concreten los extremos de la misma".
Como ha informado Valencia Plaza, la idea de la coalición no es nueva puesto que se ha hablado en diversas ocasiones, pero normalmente en situaciones informales. Esta vez, sin embargo, quieren llevarla a las conversaciones de la confección de las cuentas. Hasta dónde llegarán es la cuestión, puesto que existen multitud de ejemplos de banderas de Compromís que han acabado desterradas desde el primer minuto o empujadas a la tramitación en el Parlamento autonómico y, finalmente, desechadas igualmente.
El debate sobre este asunto viene dado por las ayudas directas que otorga la Generalitat a grandes empresas. En Compromís mencionan sobre todo las dadas a Ford, Air Nostrum o Marie Claire. Incluso meten en el pack a la compañía ilicitana PLD Space. Se trata de subvenciones con cargo al Presupuesto y a través de convenios de apoyo. Normalmente se firman por un año, pero existe posibilidad de renovarlos.
Este tipo de ayudas no convence a la coalición, aunque ningún año ha llevado su planteamiento hasta el final. La reflexión es que el Ejecutivo autonómico concede las subvenciones sin esperar nada a cambio "cuando se trata de dinero público". Motivo por el que, en su día, se plantearon que quedaran restringidas a asociaciones sin ánimo de lucro, algo que tampoco ocurrió. Así, piensan que cuando la Generalitat da ayudas públicas a empresas privadas realiza una inversión sin contrapartida y a fondo perdido, por lo que si a éstas les va bien el Gobierno valenciano no se beneficia. De ahí que sostengan que pueda participar en los Consejos de Administración.
La articulación de la propuesta consistiría en que las empresas realizaran una ampliación de capital para que la Generalitat entrara. Suscribiría, de este modo, acciones y, en el caso de que a la compañía le vaya bien, la Administración puede vender las citadas acciones para recuperar la inversión. Cargos públicos del Ejecutivo autonómico asumirían el rol de consejeros de las empresas en función del porcentaje de participación. Mientras, las subvenciones pasarían de formar parte del capítulo 4 de los Presupuestos –transferencias corrientes– a encasillarse en el capítulo 7 –activos financieros–.
