Ximo Puig, Josefina Bueno y Carolina Pascual. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. El Gobierno valenciano lleva meses trabajando en un proyecto ambicioso de reforma de la Administración al que dar salida a través de la Ley de Acompañamiento de 2023: la creación de la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad de la Generalitat Valenciana (ADiC). Una entidad de derecho público que, tal y como adelantó Valencia Plaza, estaba previsto que absorbiera cuatro direcciones generales situadas en tres consellerias distintas y sus funciones, pero que finalmente tan solo integrará a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC).
La enmienda que ha elaborado el PSPV para la Ley de Medidas Fiscales del año que viene y a la que ha tenido acceso este diario, incluye cambios respecto a cómo se había proyectado en un principio este organismo de nueva creación. Desde el inicio, la intención era que en ella se integraran la Dirección General de Eficiencia en las Tecnologías Sanitarias (Sanidad), la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Hacienda), la Dirección General de Brecha Digital y la Dirección General de Sociedad Digital (ambas en Innovación). Además, también se preveía integrar la sociedad mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec) y el servicio tecnológico de la Agencia Tributaria Valenciana.
Finalmente, no obstante, la Agencia tan solo integrará el departamento que ahora mismo recae en la Conselleria de Hacienda y asumirá las competencias de dirección de la sociedad mercantil que dirige Juan Alegre, Istec (si bien la intención es mantener su identidad). ¿El motivo? El diseño inicial levantó algunas ampollas en los departamentos del Gobierno valenciano que iban a ver disminuidas sus competencias, que se enteraron de tal maniobra por la prensa. Especialmente, la polvareda que levantó en la cartera de Innovación fue considerable, dado que si le restaban las dos direcciones generales, la Conselleria dirigida actualmente por Josefina Bueno se quedaría apenas sin autoridad en la citada materia y prácticamente tendría solo competencias en Universidades.
Esto, unido a que la dirección de la citada Agencia pudiera recaer en la nueva Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Digitalización y la Ciberseguridad, Carolina Pascual, antaño consellera del ramo, no agradó en exceso. Lo que ha motivado que los socialistas y Presidencia en particular hayan dado una vuelta al proyecto inicial para contentar a las partes y que el proyecto sea acogido de buen grado por propios y ajenos. De hecho, en Compromís ven con buenos ojos, a priori, la creación de este nuevo ente.
La Agencia, según la enmienda, tendrá un presidente, un vicepresidente, un Consejo Rector, un director y un secretario general técnico. Una vez aprobada su constitución, la presidencia la ocupará la persona titular de la Conselleria competente en materia de ciberseguridad, que ahora mismo sería Arcadi España. La vicepresidencia también recaería en la cartera de Hacienda, en concreto, en la Secretaria Autonómica competente en materia ciberseguridad y de tecnologías de la información, ahora mismo dibujada con otra nomenclatura pero cuyas funciones desempeña Francesc Gamero. Y la dirección del organismo será nombrada por el Consell a propuesta de quien ocupe la Presidencia.
El Consejo Rector de ADiC estaría conformado por sus máximos representantes y los subsecretarios de todas las consellerias, un representante asignado por el órgano competente en emergencias y otro por el Consell Audiovisual. Este será un órgano asesor y tendrá voz, pero no voto en cada una de las reuniones que mantenga la Agencia.
Respecto a las competencias, el presidente será el encargado de aprobar el anteproyecto de presupuestos y resolver recursos que interpongan contra las resoluciones de los órganos que estén bajo su dependencia, entre otros. La vicepresidencia fijará las estrategias de la Agencia y la dirección, iniciativa e inspección de todos sus servicios, mientras que la dirección aglutinará el grueso de las competencias para su funcionamiento diario.
Así, podrá determinar el modelo de relación de la entidad con las consellerias, organismos autónomos y demás entidades del sector público instrumental; será la encargada de la provisión, adjudicación y cese de los puestos de trabajo de libre designación de las áreas y unidades adscritas a la Agencia; elevará al Consejo Rector la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT); actuará como órgano de contratación y celebrará en su nombre los contratos, convenios y encargos de ejecución relativos a los asuntos propios de la misma; y podrá nombrar representantes de ADiC, entre otras muchas.
La enmienda a la Ley de Acompañamiento de 2023 contempla que la Agencia incorpore personal funcionario y laboral de la Administración de la Generalitat, personal docente, personal estatutario de sanidad y que, además, pueda contar con personal laboral propio. Su estructura orgánica y funcional, eso sí, vendrá determinada en los estatutos de la propia entidad y, a partir de la aprobación de los mismos, podrá ponerse en funcionamiento, según recoge la disposición transitoria.
La financiación que tendrá provendrá del propio Presupuesto de la Generalitat -se espera que los fondos con los que cuenten se correspondan, al menos, con los que tiene ahora mismo la DGTIC-, subvenciones que pudieran corresponderle, los rendimientos que le generen sus bienes y valores, y los ingresos devengados por la explotación de sus tecnologías. Asimismo, se contempla que cuente con patrimonio propio, por lo que tanto en PSPV como en Compromís dan por hecho que tendrá una sede propia.
Uno de los motivos por los que el Consell ideó esta Agencia era para conseguir agilizar la contratación, pues explicaban que la tecnología choca con la burocracia que envuelve la Administración, cuyos tiempos "a menudo son superiores a un año". "Entre que se redacta un pliego y se publica, ocurre muchas veces la paradoja de que la tecnología ya se ha quedado obsoleta", justificaban en su día a este diario.
Ahora, de hecho, fijan que la Agencia tiene como objeto el diseño y la ejecución de medidas para mejorar los niveles de transformación digital y "agilizar la contratación de servicios y suministros". Ejercerá también las funciones de planificación, coordinación, autorización y control de las tecnologías de la información en materia de ciberseguridad, las telecomunicaciones y comunicaciones corporativas y la teleadministración de la Generalitat.
