Natxo Costa, director general de Comercio. Foto: MARGA FERRERVALENCIA. La dirección general de Comercio que lidera Natxo Costa tenía previsto remitir este viernes al Consell Juridic Consultiu (CJC) -lo hará el lunes a más tardar- su informe definitivo para anular la libertad horaria que decretó el PP en las ciudades de Valencia y Alicante. Esta medida requiere un informe favorable por parte del organismo, una decisión que será tomada por los consejeros en funciones elegidos en la anterior legislatura con mayoría del Partido Popular.
El mandato de los seis consejeros electivos del CJC -tres por designación de Les Corts y otros tres por el Gobierno Valenciano- expiró este mes de septiembre -entre ellos el del presidente, Vicente Garrido- y su renovación no se ha producido todavía.
En medio de este proceso de relevo llega al organismo el que es el segundo intento de Economía de recortar la apertura en domingo al gran comercio de las ciudades de Valencia y Alicante -el primero resultó fallido y generó un profundo desencuentro en el seno de la Conselleria que lidera Rafael Climent-. El CJC tiene 20 días para resolver a favor o en contra.
Pese a las circunstancias, Costa considera que en esta ocasión los argumentos son claros y que, "independientemente de quién tenga que firmar el informe", caerá de su lado la tostada. La estrategia en esta ocasión es suministrar al gran comercio su propia medicina: anular las zonas liberalizadas con el argumento de que, en tiempos del PP, no se dio audiencia pública a las partes afectadas -precisamente el mismo argumento esgrimido por El Corte Inglés en Alicante para tumbar el recorte que firmó Costa-.
En el escrito presentado por Costa al CJC se concreta que el PP, al margen de no dar audiencia a las partes en el Observatorio del Comercio de la Comunitat y el organismo homólogo en la ciudad, ignoró las alegaciones de entidades integrantes del observatorio, a las que ni siquiera respondió de forma oficial, según Costa.
Como informó este diario, la hoja de ruta pasa en Valencia por que se anulen las cuatro zonas liberalizadas iniciales y que, de forma temporal, se produzca la peculiar circunstancia de que en la ciudad sólo puedan abrir en domingo las grandes superficies de Cortes Valencianas, el área que logró su liberalización por la vía judicial tras una denuncia de MediaMarkt.
