El síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, y el portavoz adjunto, Alfred Boix. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. El pasado mes de junio se formalizó la baja del miembro del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) propuesto por el PSPV, Vicente Vergara. Desde entonces, los socialistas han estado tanteando a personas que pudieran encajar en el perfil del puesto vacante sin que la búsqueda haya dado frutos. El régimen de incompatibilidades que establece la ley de À Punt a estos consejeros es un peaje que de momento nadie quiere pagar, por lo que, de momento, todos los invitados han declinado la oferta.
Precisamente este régimen de incompatibilidades fue el que empujó al propietario de la Cartelera Turia a presentar su dimisión. La salida de Vergara del Consejo Rector se produjo después de conocerse que su hijo trabajó durante ocho meses en la serie de ficción Parany, contratada por la nueva radiotelevisión valenciana. Aunque en el momento cuestionó que existiera incompatibilidad por este motivo, prefirió abandonar el órgano directivo de la CVMC al considerar que su paso por el Consejo era una misión cumplida.
Vergara no estaba dispuesto a inmiscuirse en otra polémica, pues hacía unos meses ya se le había acusado de caer en otra incompatibilidad: figuraba como apoderado de Publicaciones Turia SL mientras su esposa era, además, la administradora única de la sociedad. Una situación que la ley de creación de la Corporació impide a los consejeros, pero tras la cual no se tomó ninguna decisión en el Consejo Rector porque consideraron "desmedida" su destitución. Sí le obligaron, no obstante, a que dejara sus cargos y así lo comunicara al Registro Mercantil.
Ahora, la vacante en el órgano directivo podría mantenerse unas semanas aunque el PSPV hallara un candidato adecuado en breve. Esto es porque la presidencia de la comisión de RTVV en el parlamento valenciano deberá convocar una sesión para que el elegido o elegida comparezca; después debe votarse y recibir el visto bueno de la comisión y, una vez validado, pasar a un pleno de Les Corts para ser ratificado. Toda una serie de trámites que podrían alargarse varias semanas.
Según la ley que Les Corts Valencianes aprobaron en junio de 2017, un miembro del Consejo Rector no puede tener vínculo directo o indirecto -a través de sus hijos o de su matrimonio- con empresas "audiovisuales, publicitarias, de grabación de programas filmados, grabados con magnetoscopio o radiofónico, casas discográficas, de servicios de la sociedad de la información o a cualquier tipo de entidades relacionadas con el suministro o dotación de material o programas a la Corporación y sus respectivas sociedades".
En este sentido, tampoco se les permite formar parte del consejo de administración o de gestión empresarial "de otros medios privados o públicos de comunicación social, así como del Consejo del Audiovisual, del Consejo de la Ciudadanía y del Consejo de Informativos".
Así, en caso de que alguno de los miembros nombrados se encontrara en uno de esos supuestos, debe comunicado durante los tres primeros meses para "adecuar su situación".
