Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La falta de respuestas a la oposición por parte del gobierno municipal de València acerca de los sobresueldos irregulares aprobados para ocho concejales del ejecutivo local el pasado mandato ha sido motivo de reproche, ahora por parte del Síndic de Greuges. El PP realizó varias preguntas dirigidas a la concejalía de Personal, pero las evasivas han provocado que el Síndic inste al gobierno local a responder claramente sobre esta cuestión.
La controversia gira en torno a la vulneración de la llamada 'ley Montoro', que aprobada en 2013 para limitar los gastos de las entidades locales, fija que ocho de los 33 ediles de València deben tener dedicación parcial y, por ende, un sueldo sensiblemente menor. Así pues, el nuevo gobierno de izquierdas en 2015, dirigido por Joan Ribó, pactó con la oposición que las dedicaciones parciales recaerían sobre ocho ediles del gobierno, miembros de la Junta de Gobierno Local, a los que se les adjudicaría el 75% del sueldo completo.
Sin embargo, por otro lado, a esos mismos miembros se les aprobó un "complemento de especial responsabilidad" no contemplado en la normativa, que se cobró hasta 2019, cuando el gobierno municipal decidió adjudicar todas las dedicaciones parciales -sin complemento- a la oposición.
La Agencia Valenciana Antifraude ya ha considerado como irregular la práctica de los sobresueldos por eludir los principios de la normativa de estabilidad. Y la falta de respuestas claras al PP sobre algunas cuestiones ha motivado la resolución del Síndic de Greuges.
"No hemos encontrado las respuestas específicas emitidas en contestación a las preguntas", explica ante la denuncia de los populares el Síndic, quien tampoco ha hallado "la motivación o explicación que justifique la ausencia de alguna respuesta". En ese sentido, el defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, señala que una "contestación genérica" como las que ofrece el gobierno municipal, que "evita pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones planteadas [...], no es un auténtica respuesta y no puede ser aceptada como tal".
Entre otras cosas, la delegación de Personal que dirige Luisa Notario no contestó acerca del supuesto informe jurídico que, en 2019, hizo que se dejara de cobrar el mencionado sobresueldo. según informó a los portavoces y a los medios el alcalde y el entoncer potavoz de Compromís, Pere Fuset. La concejalía dice que "no hay constancia" de que se informara de eso y que no puede responder por las palabras del portavoz del grupo municipal.
También queda por explicar por qué la concejalía hizo un informe este mandato, cuando ya no se aplicaban estos sobresueldos, al considerarlo "necesario", pero no durante el mandato pasado, entre 2015 y 2019. Y lo mismo ocurre con el esclarecimiento de quién o de qué departamento partió la iniciativa de incluir estos complementos salariales.
La pasada semana, el alcalde de la ciudad desded 2015, Joan Ribó, admitió durante el pleno municipal lo que ha constatado la Agencia Valenciana Antifraude: el Ayuntamiento se saltó la normativa de racionalización de Cristóbal Montoro para aprobar los sobresueldos, por los que se pagaron en total más de 770.000 euros. "Quisimos sortear la Ley del señor Montoro, que impedía poner todas las dedicaciones exclusivas, efectivamente", sentenció el primer edil durante una de sus intervenciones en el hemiciclo municipal.
El primer edil asumió la vulneración de la normativa en otra ocasión, al aseverar que si tuviera que dimitir, lo haría "por ingenuo, por favorecer a la oposición de una forma que de alguna manera impedía la ley". Ribó justificó la irregularidad, así pues, insistiendo en que lo hizo por hacer un favor a los miembros de la oposición.
