José Cholbi, Síndic de Greuges VALÈNCIA. (EUROPA PRESS). El Síndic de Greuges estima en 7.100 los hogares que se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda en la Comunitat, lo que supone que en cualquier momento y ante cualquier cambio negativo en sus condiciones económicas podrían requerir de apoyo público inmediato, según consta en el informe sobre la situación de la vivienda pública valenciana que insta al Consell a poner en marcha el sistema de ayudas que contempla la Ley de Función Social de la Vivienda.
El síndic, José Cholbi, ha entregado el informe al presidente de Les Corts, Enric Morera, el que se analiza el panorama actual de la vivienda gestionada por las administraciones públicas y se evalúa la problemática de la pobreza asociada a la vivienda en los hogares valencianos.
El documento concluye que el parque público de vivienda es "insuficiente" para atender a la demanda de los colectivos más desfavorecidos, especialmente en una etapa de crisis, y remarca que el acceso a un inmueble digno "continúa siendo en la actualidad una de las principales preocupaciones de la sociedad valenciana".
En este sentido, el informe cuantifica el parque público de vivienda en la Comunitat en unas 65.000 unidades, el 94% están ocupadas y hay un remanente que oscila entre el 4 y el 5% entre viviendas vacías, por rehabilitar y/o recuperar, lo que supone unos 3.500 inmuebles para toda la Comunitat que podrían ser utilizadas para cubrir las necesidades, cifra que el síndic ve "insuficiente".
Dado que existen 3.500 viviendas disponibles y son unos 7.100 los hogares en el límite de pobreza en vivienda, el déficit de vivienda pública para atender nuevas demandas de urgencia estaría en aproximadamente 3.700 inmuebles, que se concentrarían principalmente en la provincia de Alicante y en la de Valencia, básicamente en las capitales.
No obstante, si se amplía el cómputo de necesidades a los hogares en riesgo, es decir, a aquellos que asumen unos pagos por vivienda excesivos en relación con su renta, una eventual nueva crisis económica podría provocar que estos hogares se quedaran sin casa y las necesidades de vivienda pública aumentarían a más de 20.000.
De las 65.000 viviendas del parque público, el 54% se encuentra bajo la gestión de la nueva Entitat Valenciana d'Habitatge (antiguo Eige), mientras que el resto se encontrarían bajo la gestión de institutos de vivienda de los diferentes ayuntamientos.
El síndic lamenta que no existe un censo oficial en el que se contabilice el número real de vivienda social e insta a poner en marcha un registro "dinámico, público y accesible" porque "ayudaría a tomar decisiones de construcción y asignación con mayor precisión y equidad".
Por otro lado, el documento revela que el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido "más severo" en toda la Comunitat que en el resto de España, asociada a una pérdida de ingresos. Así, el número de hogares sin ingresos alcanzó en 2013 los 44.028. Además, surante el periodo 2005-2015, la proporción de hogares pobres en Alicante fue superior a la media de la Comunitat (el 22%); en Valencia fue del 16,5%, mientras que en Castellón se dispara y pasa de suponer el 17% a casi el 30% en 2013.
De este modo, la crisis redujo la vivienda en propiedad y aumentó el número de propietarios que pagan por su vivienda y los que se encuentran en alquiler a precio de mercado. Asimismo, la situación generó un incremento de la demanda de vivienda social con un parque público que "no pudo dar abasto a tanta demanda".
Ante esta situación, el Síndic recomienda incrementar el parque público de vivienda en alquiler, así como las dotaciones presupuestarias para hacer efectivo el derecho a la vivienda "asequible, digna y adecuada". También ve "imprescindible" contar con recursos de emergencia que "permitan la actuación inmediata en los casos de pérdida de vivienda".
"El gasto público seguramente será la clave de la salida de esta situación", ha remarcado el adjunto primero al Síndic de Greuges, Ángel Luna, quien ha detallado que en materia de vivienda este ha sido entre 2010 y 1015 del 13% por parte de los entes locales y de entre el 1,4 y 2% del gasto total de la Generalitat, lo que supone aproximadamente el 0,4% del PIB de la Comunitat, cifra "muy escasa" y que deja "deberes por hacer", ha puntualizado.
Asimismo, el Síndic insta a poner en funcionamiento " de manera contundente e inmediata" el sistema de ayudas al alquiler que contempla la Ley de Función Social de la Vivienda que aprobó el actual Consell y cuya suspensión por parte del Constitucional ha sido levantada en la mayor parte de su articulado --excepto el 12 y 13, relacionados con los deudores y con las expropiaciones-- y, por tanto, "ya se puede y debe aplicar".
De igual modo, la institución también subraya la "estrecha relación que debe existir entre la política de vivienda y las políticas sociales" y pide "programas de acompañamiento social a los adjudicatarios de vivienda pública para abordar la situación de pobreza que padece el hogar demandante de vivienda de una manera integral".
