El Síndic de Greuges indaga la polémica contratación de la Cabalgata de Reyes de València

VALÈNCIA. La concejalía de Cultura Festiva de València, que dirige Carlos Galiana, deberá responder hasta once preguntas diferentes sobre el proceso de contratación para la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos el pasado mes de enero en el Cap i Casal. El Síndic de Greuges ha instado al gobierno municipal a que conteste "de forma clara y congruente" el cuestionario planteado por el PP en febrero y que sigue a día de hoy sin obtener respuesta.

Se trata de un contrato menor del departamento de Galiana sobre el que se ha cernido la sombra de la duda debido a las múltiples coincidencias y errores que rodearon su tramitación. Tres fueron las empresas invitadas a presentar presupuestos para esta contratación -Produccions Metrònom SL, VFV SL y Spain Seven Degrees-, y las tres guardarían algún tipo de vínculo entre ellas al estar relacionadas con la empresa Sagarmanta SL, para la que trabajaron el edil y su actual asesora antes de entrar en política.

Los populares buscan indagar en sus preguntas, por ejemplo, quién, cómo y por qué se solicitaron los presupuestos a estas mercantiles, o cuál es la relación entre los responsables municipales y los empresarios, y buscan aclarar otro tipo de incorrecciones e incumplimientos registrados en los expedientes en cuestión. Cultura Festiva respondió que todo se hizo con poco margen de tiempo por las restricciones de Sanidad, que se desconocía la situación mercantil de la empresa que ganó y que "sobre el ámbito personal del concejal de Cultura Festiva" se estaría intentando vulnerar su derecho a la intimidad.

La respuesta consistorial al PP no convenció al Síndic de Greuges, que consideró que no se estaba contestando concisamente a las preguntas planteadas por la oposición. "No hemos encontrado las respuestas específicas emitidas en contestación [...], ni tampoco la motivación o explicación que justifique la ausencia de alguna respuesta", asegura el Síndic, Ángel Luna, en su escrito remitido al Ayuntamiento esta semana.

A su juicio, se habría dado "una contestación genérica que evita pronunciarse sobre todas y cada una de las concretas cuestiones planteadas o que aborda otras distintas". Y esto "no es una auténtica respuesta y no puede ser aceptada como tal, ya que es incongruente e imposibilita el control de los asuntos públicos". De ahí que haya insistido para que el departamento de Galiana de respuesta a todas y cada una de las preguntas.

El concejal del PP que suscribe las preguntas, Santiago Ballester, valoró el escrito del organismo por avalar su queja por "falta de transparencia y opacidad del gobierno de Ribó y del PSPV que impiden realizar nuestro trabajo de fiscalización de la gestión municipal". Por ello, Ballester se manifestó optimista para que el ejecutivo "de respuesta a nuestras preguntas para conocer el proceso de adjudicación de la cabalgata a una empresa vinculada a un dirigente de Compromís, partido que gobierna en la ciudad".

Huelga recordar que los populares llevaron la cuestión también a la Agencia Valenciana Antifraude al considerar que habría irregularidades en el proceso de adjudicación de la Cabalgata. El organismo que dirige Joan Llinares abrió expediente de investigación tras la denuncia del PP.

El contrato menor

El Ayuntamiento se hizo con los servicios de los autobuses de la Cabalgata mediante un contrato menor, un procedimiento contemplado en la normativa y que evita el concurso público para agilizar los trámites en casos donde se requiere mayor celeridad -como se presupone este debido a la incertidumbre de la pandemia-. Desde el año pasado, el Ayuntamiento fijó la obligatoriedad de pedir al menos tres presupuestos para garantizar cierta concurrencia y poder elegir el más adecuado con los intereses municipales -habitualmente el más barato-. 

En este caso, el más barato era también el único que podía suscribirse, Produccions Metrònom, ya que las otras dos mencionadas compañías enviaron presupuestos imposibles de resultar elegidos porque superaban el límite legal máximo contemplado por la normativa para los contratos menores -15,000 euros sin IVA-. Así pues, solo una de las tres ofertas podía ser la escogida, como acabó sucediendo. Fue el 4 de enero -un día antes del acto- cuando Galiana y el secretario firmaron la adjudicación. En el Ayuntamiento cargan la responsabilidad de todo ello a las propias empresas.

Asimismo, el administrador de la empresa victoriosa es Luis Óscar Soriano y pertenece en Castellón a una de las patas que conforman la coalición Compromís, el Bloc Nacionalista Valencià, hasta el punto de encabezar la lista electoral en dos ocasiones en la Vall d'Uixó. Además, se inscribe en la corriente interna del Bloc conocida como Bloc i País, en cuya página web aparece como miembro del secretariado nacional.