VALÈNCIA. El Tribunal Supremo ha zanjado la disputa por la responsabilidad contable por el fraude de cuatro millones de euros de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València. El alto tribunal ha inadmitido el recurso presentado por Celia Zafra, la exdirectiva de la firma pública, que es considerada tanto por la EMT como por el Tribunal de Cuentas como responsable contable de la estafa de 4,2 millones de euros.
Esta vertiente de lo sucedido se centra en la vía contable –la penal sigue su curso en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia–. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de Zafra contra la sentencia del Tribunal de Cuentas, emitida en 2023.
El Tribunal de Cuentas consideró a Zafra responsable contable por una negligencia grave del robo de más de cuatro millones de euros y le obligó a abonar este importe. Aunque no concluyó que hubiera dolo ni que la directiva pretendiera el resultado, sí entendió que hubo falta de diligencia y que eso facilitó el fraude.
Hubo dos sentencias, la segunda dictada tras un recurso de la exempleada de la EMT que fue desestimado. Esa última, sin embargo, contaba con un voto particular de una magistrada que resultaba relevante, puesto que consideró que Zafra no es merecedora de reproche contable en el fraude, que no se le pueden imputar daños, que fue engañada y que la actuación del banco no fue la correcta.
Este pronunciamiento facilitaba a la defensa de la exempleada de la EMT, que ejerce el abogado Rafael Guía, seguir adelante con el asunto en los tribunales. Motivo por el que lo llevó al Supremo. En el recurso, sostenía que el Tribunal de Cuentas incurrió en "abuso o exceso de la jurisdicción contable" por afirmar que alguien merecedor de reproche contable debe tener condición, sea o no funcionario, de gestor de fondos públicos y cuentadante de los mismos. Así, cree que incumplió diversas normas en la sentencia.
Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de Zafra dado que pretende revisar el fallo del Tribunal de Cuentas para "fijar jurisprudencia de cuáles son las responsabilidades que alcanzan a funcionarios y empleados públicos", algo que "cae extramuros del recurso de casación".