La sala hace una votación a la búlgara sin dejar razonar a las partes y luego esgrime la falta de dichos razonamientos como excusa para no aplazar
VALÈNCIA. El juicio por el presunto saqueo de la depuradora de Pinedo, el conocido como juicio de Emarsa, se celebrará a partir de este miércoles en contra del criterio de la Fiscalía y de la mayoría de las defensas.
El problema es que este juicio parte con una espada de Damocles en forma de nulidad ante el Tribunal Supremo sobre la futura sentencia, ya sea ésta de absolución o de culpabilidad. Una nulidad que podría acabar con una nueva celebración del juicio, algo que hasta la Fiscalía tuvo en cuenta a la hora de apoyar una nueva suspensión, pues hubiera sido la tercera.
La primera sesión comenzó con visos de suspensión, tal y como informó Valencia Plaza, a que uno de los letrados no acudió por "enfermedad" pero al mismo tiempo había sido recusado por su cliente. Un letrado que no solo salió recusado por su cliente sino con una deducción de testimonio por parte de la sala, un hecho que podría acarrearle incluso una inhabilitación para el ejercicio de la abogacía.
En las cuestiones previas previstas para la primera jornada solo hubo un tema de debate, la suspensión o no del juicio. Los magistrados solicitaron que cada parte informara sobre la necesidad de suspender mientras se nombraba otro abogado del turno grave para defender al acusado o bien la posibilidad de juzgar por separado a este investigado.
Pero, para sorpresa de los presentes, el presidente de la sala, en lugar de dejar razonar a las partes, únicamente concedió una votación a la búlgara donde solo eran válidos los síes y los noes, exceptuando para aquellos letrados más avispados que se las vieron venir y, obviamente, pudieron 'colar' algo más que "estoy o no estoy de acuerdo".
La dos fiscales del caso optaron por la primera de las opciones, al igual que la mayoría de las defensas y que todas las acusaciones particulares menos la ejercida por el PSPV. Mientras preguntaban, fue llamativo que el presidente de la sala cortaba a todo aquel que trataba de explicarse más allá del "estoy de acuerdo o no".
Un momento que incluso despertó la risa maliciosa de alguna de las partes que, bajando la cabeza para no ser captada por la cámara del juicio ni vista por los magistrados de la sala, negaba sistemáticamente mientras esbozaba una risa capciosa por los cortes, a su juicio inexplicables, de su señoría.
Es más, solo dos de los letrados tuvieron la suficiente cintura como para evitar que el presidente les cercenara en sus disertaciones. El primero fue el abogado de Enrique Crespo, José Antonio Choclán, quien en lugar de comenzar apostando por una de las opciones, lo hizo mencionando sentencias del Tribunal Supremo que apoyaban realizar un solo juicio. El segundo fue un letrado que citó el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que explica cuáles son las causas para poder juzgar por separado a varios acusados en una misma causa.
Todo fue en balde. Una vez elegido el sí o no por las partes, los magistrados realizaron un receso para valorar las opciones. Todos los presentes se fueron a tomar café pensando en una suspensión, desde las representantes del Ministerio Público, pasando por imputados y letrados hasta los miembros de la prensa. Pero la sorpresa del día saltó al volver del citado receso.
Los tres jueces decidieron que al encausado que no tiene abogado se le juzgará por separado en contra del criterio de la mayoría de los presentes, incluyendo las que llevan puñetas como ellos. Una decisión que creó estupor entre los implicados ante la posibilidad, más que evidente, de celebrar ocho meses de juicio, más otros tanto para el otro imputado, y que después llegue el Tribunal Supremo y declare nulo el procedimiento.
Uno de los motivos que esgrimió el presidente del tribunal para celebrar el juicio fue que las partes no habían enarbolado argumentos para lo contrario. Fue en ese momento, mientras el juez espetaba esa frase, cuando un murmullo de enfado recorrió la sala, pues había sido el propio presidente quien había impedido a los letrado explicarse más allá de un "estoy de acuerdo o no".
Las causas de nulidad, más que evidentes según la fuentes consultadas por Valencia Plaza, son dos. La primera, la conexión. Difícilmente se puede juzgar por separado, con todos los presuntos autores presentes, un juicio en el que uno de los imputados ha de declarar como ¿imputado? ¿testigo? Qué hará la persona a la que hoy le ha dicho la sala que se la juzgue por separado si tiene que declarar.
Esa pregunta no es baladí, ya que aunque tenga letrado no se habrá podido leer el sumario y, difícilmente, su defensa podrá aconsejarle sobre cuál es la mejor de las opciones a la hora de prestar declaración. U otra opción, que no se le cite, con lo que podría generar esa misma indefensión a quienes sí están sentados en el banquillo.
Pero si hay una razón evidente, es la esgrimida por Choclán y la Fiscalía. Las sentencias del Supremo a las que el presidente de la sala hizo referencia tenían una cosa en común, todas hablan de recusaciones de imputados a sus defensas estando éstas presentes. Sin embargo, en la primera jornada, se le preguntó a todo el mundo menos al implicado, pues no tenía abogado defensor y, por tanto, según las fuentes consultadas por este periódico, "la indefensión es más que evidente porque el imputado no solo no tenía con quién consultar, sino que no tenía a nadie que defendiera sus intereses".
Lo único que queda claro es una cosa bien sencilla, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo.