Los empleados de Divalterra contratados a dedo no tendrán los derechos del personal de la Diputación

VALÈNCIA. La situación en la que pasará a encontrarse la totalidad de los 700 trabajadores de Divalterra tras la disolución de la empresa conocida el pasado martes es, al margen del embrollo político, una de las incógnitas desde entonces. A la espera de que todo tenga que pasar por la Junta General de la empresa y por los trámites pertinentes, la propuesta del secretario y del interventor de la Diputación de Valencia a la que ésta habría de ajustarse pasa por que aquellos que no hayan superado un proceso de selección no tengan los mismos derechos del personal de la corporación provincial. 

Así consta en el informe firmado por ellos el mismo día que el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, anunciaba una decisión que, ha asegurado, ya estaba tomada desde hace tiempo pese a que en tres años no se había producido. De hecho, fue comunicada después de semanas de dimisiones, ceses y tensiones internas por los reiterados intentos de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos tras un recurso del aspirante que quedó en segundo lugar.

El documento dedica un capítulo a la integración del personal de Divalterra en la corporación provincial. Éste desempeñaría sus tareas como personal laboral indefinido o temporal (según los contratos) a extinguir. Aquellos trabajadores que hubieran accedido a la empresa mediante procedimientos de selección equiparables a los de los empleados públicos podrían continuar en la Diputación su carrera profesional. Los que no hayan superado un proceso selectivo y tengan contrato indefinido de plantilla, pasarán a tener contrato indefinido. "Pero el acceso de este personal a la condición de personal funcionario o laboral de la Diputación de Valencia, en su caso, sólo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo", indican el interventor y el secretario.

El informe muestra cómo las opciones en las que se trabajaba hasta hace algunos meses sobre el futuro de Divalterra estaban centradas en la transformación. Cambios justificados en los "errores cometidos en el pasado reciente" y antes en Imelsa –en referencia a las causas de corrupción–, además de en "la inadecuación de su naturaleza jurídica v su objeto social" a las actividades que realiza y a las exigencias y principios que la legislación está imponiendo para la racionalización del sector público.

   
La propuesta que más forma llegó a tomar fue la de la confluencia de Divalterra y del Patronato de Turismo, dos entes independientes, en uno único y público, fuera organismo autónomo o, preferiblemente, entidad pública empresarial local. Con ello se podía cambiar la identidad jurídica de la firma, pero mantener su identidad económica.

Sin embargo, señala el informe, "el carácter extraordinario para constituir ese tipo de entes exigía unos informes de rentabilidad económica y recuperación de la inversión previstos en la ley que no se podían cumplir". "No pudiéndose considerar medio propio en los términos de la Ley de Contratos del Sector Público y no financiándose con ingresos de mercando, Divalterra no podría transformarse en Entidad Pública Empresarial", comentan los autores del documento.

Una estructura innecesaria

En lo que se podría interpretar como el reconocimiento de una estructura que no era necesaria, remarcan que "la simplificación y racionalización del sector público provincial puede conseguirse separando de Divalterra los servicios que se pueden asumir y prestar directamente por la propia Administración de la Diputación e integrando en ésta al Patronato de Turismo". Todos los servicios y funciones que prestan ambos entes, prosiguen –excepto el de prevención de incendios forestales, que engloba a unos 500 brigadistas–, "se pueden recentralizar y gestionar directamente por la Administración provincial". "No se necesita un ente público instrumental dotado de personalidad jurídica y autonomía de funcionamiento (organismo autónomo o entidad pública empresarial local) para implementar su actuación", razonan.

Por todo ello, concluyen que "la solución más conveniente es la disolución y extinción" del Patronato de Turismo y de Divalterra. "La Diputación de Valencia debe recuperar las funciones y servicios que les tiene encomendados, excepto la de prevención de incendios forestales que, por su conexión con las competencias atribuidas al Consorcio Provincial de Incendios, consideramos que deben asignarse al mismo, dadas las sinergias y beneficios que la prestación conjunta reportará".

Como alternativa, mencionan la fusión de la empresa provincial con la empresa Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencia.