Enrique Ortiz apuntilla al PP por financiación irregular para evitar la prisión

VALENCIA. Enrique Ortiz, el empresario amigo de varios dirigentes populares alicantinos, e imputado dentro de la rama valenciana del caso Gürtel, además de también procesado por ser el presunto cerebro de la 'trama Brugal', no ha dudado en pactar con la Fiscalía Anticorrupción para evitar su ingreso en la prisión según han informado a Valencia Plaza fuentes de toda solvencia. Para ello, Ortiz ha admitido que financió irregularmente al PP valenciano durante dos años. 

Así, el empresario ha aceptado y se ha declarado conforme a las acusaciones y, su defensa, ha solicitado una pena de dos años y dos meses para él. Aunque según ha podido saber este periódico, la Fiscalía pretende modificar sus conclusiones y pedir dos años, lo que reduciría en un 50 por ciento la pena de cárcel. Esto es lo que se conoce como una “conformidad encubierta”, ya que no puede haber conformidad en instrucción si todas las partes no aceptan la pena que solicita el Ministerio Público.

Conformidad por otros casos

Ortiz no ha dudado en menguar la pena a la que se enfrenta después de conocer que Anticorrupción solicitaba para él nada más y nada menos que 17 años de prisión por una de las piezas de Brugal, concretamente la referida a las basuras de Orihuela. Por tanto, de ser condenado a dos año por este caso podría no entrar en prisión si la pena es inferior a dos años, aunque después tuviera que cumplir consecutivas las dos si es condenado por Brugal.

Para obtener los beneficios que supone una conformidad, Ortiz ha abonado una multa de más de 40.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional De la Mata le solicitaba. Según las acusaciones, entre ellas la de la Fiscalía Anticorrupción, el empresario alicantino pagó una parte considerable de la campaña de las elecciones generales del PP de la Comunitat. 

En concreto, tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones le acusan de haber cometido un delito electoral y otro de falsedad en documento mercantil por, presuntamente, haber abonado más de 348.000 euros al Partido Popular. 

Para ello, el empresario alicantino supuestamente presentó varias facturas a nombre de su empresa. Según la Ley Electoral es ilegal que cualquier empresa que ha tenido contratos con la administración pública financie campañas electorales pero, en todo caso, incluso las personas físicas o jurídicas tienen una aportación máxima de  6.012 euros.

Más asuntos para Ortiz

Entre los asuntos jurídicos que Ortiz tiene ante la Justicia, se encuentra una pieza separada por la que fue juzgado. En ese caso fue por tenencia ilícita de armas, todo ello dentro de las piezas del caso Brugal. En ese caso fue absuelto. Pero al margen de Brugal, tiene otra causa pendiente por fraude fiscal en relación a una operación que cerró con Hansa Urbana, una inmobiliaria alicantina.

Es por todo ello que, el empresario, no ha dudado en aceptar que el PP de la Comunitat Valenciana se financió irregularmente entre los años 2007 y 2008. 

La financiación

Este es el primer proceso por financiación irregular del PP valenciano, pero no el último. Además de este caso, el PP de la Comunitat se enfrenta a otro caso judicial…la ‘Operación Taula’, en la que los investigadores tratan de demostrar si el partido tenía una financiación irregular repartida en tres segmentos diferentes: el local, el provincial y el regional.

El problema para el partido es que, el tener un único CIF, computan como una personalidad jurídica única y todas las sentencias de financiación irregular son para Génova y no para cada ente local, regional o provincial.