VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantienen este miércoles su primer encuentro oficial en La Moncloa desde que el líder del PSOE lograra el poder merced a la moción de censura sobre Mariano Rajoy.
Un encuentro que debe servir para que las reivindicaciones valencianas que el responsable autonómico porta bajo el brazo adquieran visibilidad en Madrid. Pero, ¿qué opciones tiene Puig de salir con alguna realidad palpable de la cita con el presidente del Gobierno?
Conviene recordar que varios jefes de ejecutivos autonómicos ya han pasado por los sillones de La Moncloa y, hasta el momento, los compromisos adquiridos no puede decirse que hayan sido todo lo concretos e inmediatos que sus impulsores hubieran deseado. Así, más allá de que Cataluña anunciara recientemente un acuerdo bilateral con el Gobierno de España para que el Estado pague a la Generalitat 1.459 millones de euros en los próximos cuatro años para inversiones e infraestructuras (759 millones) y para los Mossos d'Esquadra (700 millones), las visitas de los distintos presidentes autonómicos no han arrojado anuncios de peso en materia económica. Un anuncio que, por otro lado, no estuvo vinculado a una visita a La Moncloa sino a negociaciones con el Ministerio de Hacienda.
Así pues, Puig será el noveno jefe de gobierno autonómico que pasa por La Moncloa desde el pasado mes de junio cuando se inició la ronda de contactos. Los presidentes de País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia, por orden de aprobación de estatuto de autonomía, han pasado por el despacho de Sánchez entre el 25 de junio que fue la primera visita hasta el 18 de septiembre que fue la última.
El escenario, por tanto, no invita al optimismo desenfrenado en cuanto a lo que el presidente valenciano puede obtener del encuentro pese a que Sánchez sea su compañero de partido. Sobre esto, existe el temor en las filas socialistas de que Puig no pueda sacar en claro más que vagas -o falsas- promesas tal y como ocurrió en su día con el popular Mariano Rajoy, con mención especial a la todavía pendiente de la reforma del sistema de financiación.
El propio jefe del Consell avanzaba este miércoles cuáles serán algunas de las cuestiones que pondrá sobre la mesa en La Moncloa, varias de las cuales sobre las que también ha incidido su socio de gobierno -Compromís- en los últimos días.
De esta manera, Puig aseguró este miércoles que pedirá a Pedro Sánchez que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 destinen entre el 10% y el 11% de las inversiones a la Comunitat, una reivindicación recurrente del Consell -en los últimos años no han pasado del 7%- que se corresponde con el peso poblacional.
Indudablemente, otro de los asuntos principales que el presidente abordará es la situación de infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y "el problema de deuda pública adosado a esta situación" con el objetivo de "abrir el espacio de soluciones en todos los ámbitos". En este punto, tanto desde la oposición -PP y Ciudadanos- como incluso desde el propio socio de gobierno -Compromís- se le ha exigido a Puig que mantenga su nivel reivindicativo sobre la reforma del sistema. Los socialistas insisten en que su intensidad no ha variado pero es cierto que Sánchez se mostró inicialmente muy reticente a afrontar el problema. Ahora, se ha activado la negociación en la comisión política y el presidente valenciano aspira a una hoja de ruta que culmine en una remodelación antes de que concluya la legislatura.
En este sentido, una de las cuestiones interesantes que también mencionó Puig es la de negociar con Sánchez sobre las medidas transitorias precisamente hasta que se produzca la aprobación del nuevo sistema. Una vía para "garantizar la viabilidad del autogobierno valenciano" y, por otro lado, evidenciar que existe una "voluntad" de que "más pronto que tarde haya un nuevo sistema de financiación".
Por otro lado, el jefe del Consell también pondrá sobre la mesa otros asuntos de "carácter más coyuntural" como la necesidad de que se pueda concertar en Europa "un apoyo decisivo a la innovación", además de enfatizar que deban generarse "más incentivos" para que la transformación del modelo económico no quede "atascado".
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal