VALÈNCIA. La multa de 43.000 euros impuesta por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a tres mercantiles vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios por pactar precios se realizó en base a la última facturación de las empresas: la de 2019. Comunicacions dels Ports, la firma de Francis Puig –sancionada con 16.801 euros–, tuvo ese año un volumen de negocios de 353.720 euros, de acuerdo con la información presentada. Cifra notablemente inferior a la de 2018, cuando llegó a superar el medio millón de euros, lo que supone que los ingresos cayeran en un 35,7% entre un ejercicio y otro. 2019 fue, precisamente, el año en el que arrancaron las investigaciones a las mercantiles, tanto la judicial como la de Competencia, ahora concluida.
La resolución del órgano –adscrito a la Conselleria de Economía (Compromís)– explica que la conducta del llamado cártel de productoras –ganar varios lotes de corresponsalías de À Punt con un acuerdo en las ofertas para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso– constituye una infracción muy grave de la ley de Contratos.
En estos casos, la multa de Competencia puede ser de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la sanción. Es decir, 2019. La caída en la facturación ese año no se produjo únicamente en Comunicacions dels Ports, sino también en las empresas de los Adell Bover, socios de Francis Puig. Kriol Produccions y Canal Maestrat –sancionadas con 26.103 euros– tuvieron unos ingresos de 215.079 y 334.870 euros respectivamente. En el caso de Kriol, la mitad que en 2018 (437.807 euros), mientras que Canal facturó 390.513 euros ese año.
Para la multa, incide la resolución, deben tomarse en consideración también otros criterios como la dimensión y características del mercado afectado por la infracción. En este caso, se trata de la prestación de servicios en el sector audiovisual en el marco de una licitación pública. Y, destaca Competencia, las firmas sancionadas tienen una cuota conjunta próxima al 10% en la provincia de Castellón –donde centran su actividad–. Cuota que es "relativamente relevante si se tiene en cuenta la atomización de las empresas del sector en la Comunitat Valenciana".
Las conclusiones tienen en cuenta, igualmente, el peso con el que cuentan las actividades desarrolladas en el sector audiovisual dentro del volumen de negocio total de cada empresa. Esta información se solicitó a las firmas durante la investigación y todas ellas señalaron porcentajes iguales o superiores al 80%, que luego trataron de corregir en el plazo de alegaciones pero Competencia no aceptó.
El porcentaje más alto a este respecto se acredita respecto a Comunicacions dels Ports, creada en 1988 en Morella, con 117 accionistas y cuyo consejero delegado es Francis Puig. A su vez, es la única accionista de las mercantiles Mas Mut Produccions y Lamp Telecom.
Entre sus actividades se encuentra la difusión sonora y comunicación social, gestión indirecta del servicio de televisión local analógico o digital por ondas terrestres, producción audiovisual, servicios de publicidad y artes gráficas. También la comunicación audiovisual, medios de comunicación, publicaciones informativas digitales, obras audiovisuales, intermediación en propiedad intelectual e industrial, publicidad, marketing y merchandising. Todo ello supone un 94,85% de su facturación.
A lo que se añaden sus negocios en prensa, radio y televisión (licencias TDT en Morella, edición de semanario de información local semanal Notícies, y emisora Els Ports ràdio).
Las tres mercantiles sancionadas han perseguido, según la resolución, "un beneficio ilícito consistente en tratar de asegurarse la adjudicación de los contratos simulando una inexistente intención de concurrir en competencia a los mismos". Conducta que provocó que el mercado quedara cerrado a otras.
Toda esta investigación, abierta después de que lo advirtiera la propia radiotelevisión valenciana, comenzó con una orden en mayo de 2019 de la subsecretaría de la Conselleria de Economía –dirigida en ese momento por Conxa del Ruste, de Compromís–. Se trataba, tal como consta en la web de Competencia, de una "fase de información reservada".
En octubre de este año, ya con Natxo Costa, también de la coalición, al frente de la misma subsecretaría, se incoó el expediente sancionador al apreciar indicios de conductas prohibidas en la ley de Contratos. Para seguir indagando fue entonces necesaria la autorización de entrada y registro a las sedes de Canal y Kriol. Así lo hizo el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castellón, que emitió un auto en mayo de 2019 que permitió personarse a inspectores en las instalaciones. Allí recabaron el material necesario, como por ejemplo los whatsapps que son considerados como prueba del pacto de precios.
Estos hechos no tiene todavía derivada en la vía penal, aunque la número dos del PP valenciano, Eva Ortiz, ya ha anunciado que ampliarán la denuncia por la que se investigan en un juzgado las posibles irregularidades en las subvenciones a empresas de Francis Puig y los Adell Bover.