Ferraz designa una abogada para la declaración de Rita Barberá sin consultar al PSPV

VALENCIA. El PSOE ha designado a Verónica Gutiérrez, una letrada del servicio jurídico de Ferraz, sin ninguna vinculación o conocimiento sobre Valencia como la abogada que representará al partido en la declaración ante el Tribunal Supremo de la exalcaldesa de Valencia, y actual senadora del PP, Rita Barberá. Ferraz ha designado a Gutiérrez sin consultar a los socialistas valencianos. Este hecho ha llamado la atención entre los miembros del PSPV que, como es de sobra conocido, tienen varios abogados penalistas especializados en corrupción que conocen los temas valencianos, uno de ellos incluso personado en el Caso Taula.

Según fuentes del PSPV consultadas por Valencia Plaza, a 15 días de la declaración, la letrada asignada al caso no se ha puesto en contacto con nadie ni de blanquerías ni del Grupo Municipal Socialista para saber más allá del sumario, de qué va el tema o qué hay en las declaraciones que puedan servirle para realizar sus preguntas a Barberá. Es más, les llama poderosamente la atención que nadie haya preguntado por las incongruencias o “falsedades” que había en el escrito de la senadora al juez de la Operación Taula.

El escrito

El letrado de Barberá, José Antonio Choclán, informó a este periódico que, “obviamente la declaración de la senadora versaría sobre el escrito que en su día presentó al Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia”. 

Sin embargo, tal y como ya informó Valencia plaza, dicho escrito contiene varias inexactitudes o falsedades susceptibles de ser rebatidas como, por ejemplo, exponer que las cuatro personas, asesores, que se negaron a pagar los 1.000 euros que presuntamente después les fueron devueltos en dos billetes de 500 euros eran asesores del vicealcalde Alfonso Grau.

Este hecho no se ajusta a la realidad. De los cuatro asesores, dos sí que lo eran directos de Grau: Jesús Gordillo y Arantxa Martín. Otra, Patricia Iserte, jerárquicamente y según lo aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Valencia, dependía de Alcaldía, es decir, de Barberá. En el día a día despachaba con Grau, pues Relaciones Internacionales tenía la firma partida, aunque las visitas siempre las atendía Barberá. 

Pero la cuarta en discordia, Nuria Diego, sí que era asesora de Alcaldía y trabajaba directamente para la exalcaldesa y no para su número dos. De hecho, Diego jamás trabajó ni despachó con Grau en los años que estuvo en el consistorio, excepto cuando Grau sustituía a Barberá en las ruedas de prensa de los viernes de la Junta de Gobierno. Sin embargo, la senadora aseguraba que “todos ellos se encuadran en el equipo de vicealcaldía”, un hecho totalmente falso.

Judicialización de la política

La actitud del PSOE con la designación de una abogada que ni siquiera se ha puesto en contacto con la rama valenciana de su partido, lleva a la obligatoriedad de retrotraerse al auto en el que, el magistrado instructor del Supremo Cándido Conde-Pumpido impuso una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder personarse como acusación popular.

En dicho auto, Conde-Pumpido alertaba del "serio riesgo de judicialización de la política" que supone la práctica, que no existe en los países de nuestro entorno, de que un partido político pueda ejercer la acusación en una causa penal contra una persona relevante de un partido de signo contrario. Y añadía que ese riesgo existe en la medida en que esa práctica "transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política".