Financiación autonómica en tiempo de pandemia

El principal objetivo del gobierno valenciano en una situación "normal" era poder prestar los servicios públicos al mismo nivel que el resto de territorios del Estado.

Ahora en una situación de crisis sanitaria esa equidad es más exigible.

Es inexplicable que siendo la comunidad autónoma peor financiada la Comunitat Valenciana aporte durante el año 2020, año de crisis sanitaria con fortísimas consecuencias económicas, 1.528 millones de euros al resto de comunidades mediante el Fondo de Suficiencia Global (statu quo), la que más.

Mientras no se reforma el sistema de financiación autonómica vigente (2009), es posible regular medidas paliativas que reduzcan el maltrato sufrido por la Generalitat Valenciana. Esta idea orienta la propuesta de Fedea, que acaba de hacer pública en un estudio sobre: «Una mini-reforma de urgencia de la financiación autonómica para una mejor respuesta a la crisis», de Ángel de la Fuente.

Ante esta crisis sanitaria la actuación más equitativa es la nivelación total de los recursos de las diferentes comunidades autónomas (al menos a la media). De forma inmediata, mediante transferencias discrecionales y una vez superada la crisis sanitaria mediante transferencias de nivelación en el marco del nuevo modelo de financiación.

En el siguiente cuadro se muestra la viabilidad de la propuesta, tanto en cuanto al importe de la reforma, como por el hecho de centrarse solo en aquellas comunidades autónomas que reciben unos recursos del sistema de financiación por debajo de la media.

Aunque soy más partidario de la distribución de recursos en función de la población de derecho, si la reforma puede ser más rápida sin cambiar ningún aspecto del modelo de financiación vigente, aceptaría el planteamiento técnico.

Sin haber obtenido una respuesta del gobierno central sobre la propuesta de las transferencias de nivelación, aquello urgente se ha impuesto sobre aquello necesario y equitativo. Sin ningún debate ni consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el gobierno central ha decidido la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, para transferir recursos a las comunidades autónomas con el fin de afrontar los gastos generados por la pandemia de la Covid-19.

Valoro positivamente la creación del fondo, puesto que es la primera vez desde el año 2009 que el gobierno central facilita recursos a las comunidades autónomas en lugar de deuda. Otra cosa son los criterios de reparto del fondo, que han sido decididos unilateralmente por el gobierno central.

Esta actitud de decidir y después comunicar, viene siendo habitual en el gobierno central, que olvida sistemáticamente que el Estado somos todos, gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales. "El adecuado funcionamiento del Estado autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el estado y las Comunidades Autónomas y de estas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de relaciones presididas por la lealtad federal, principios todos ellos que tienen que hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución competencial". Lo sentenciaba así el Tribunal Constitucional español en 1982, y parece que el tiempo la ha sepultado en el olvido.

Volvamos a los criterios de distribución del fondo. La comisión de expertos sobre financiación autonómica de las Cortes Valencianas siempre ha defendido que se utilice la población de derecho como criterio de distribución de los recursos entre las comunidades autónomas.

La población ajustada, que es el criterio de distribución del vigente sistema de financiación autonómica, muestra una dispersión excesiva (15%) entre las comunidades autónomas. La determinación de la población protegida equivaliendo es oscura. Cómo se puede observar en el siguiente cuadro, la población protegida equivalente muestra una fuerte reducción a partir del año 2010, lo cual afecta el peso de la población ajustada. Entre los años 2012 y 2013 se produce, sin ninguna justificación lógica, una reducción de 874.814 personas en la población protegida equivalente del conjunto de las comunidades autónomas, de las cuales 404.851 personas son valencianas, es decir el 46% de la reducción.

Por otro lado, no existe ninguna evidencia cierta sobre que los factores no demográficos (superficie y dispersión) condicionen la accesibilidad a los servicios públicos y generen costes diferenciales. El resultado de todo ello es que el peso de la población de derecho valenciana (11,34) y de la población mayor de 65 años (11,38), son superiores tanto a la población ajustada (11,04) como a la población protegida (11,10), y en consecuencia la distribución de recursos que no se realice en base en la población de derecho nos perjudica.

Para el reparto de la mayor parte del fondo (10.000 millones de euros) se utilizan aspectos más vinculados con la crisis sanitaria (ingresos a las UCIs, hospitalizaciones, positivos confirmados por PCR), pero estas medidas olvidan dos aspectos fundamentales. El primero es que la dotación de camas hospitalarias en funcionamiento y la dotación de personal médico en atención primaria antes de la crisis sanitaria era inferior en las comunidades autónomas más infra financiadas (País Valencià, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha), por lo cual su esfuerzo para una mejor gestión de esa crisis ha sido superior, y no se considera para su compensación mediante el fondo no reembolsable. Y por otra la distribución previsible del fondo va a beneficiar en aquellas comunidades autónomas donde el gasto en sanidad pública antes de la crisis de la Covid-19 ha sido inferior, tanto en porcentaje sobre el PIB como en euros por habitante, conforme se observa en el cuadro siguiente, obtenido directamente de la página web del Ministerio de Sanidad.

Por todo esto la posición valenciana más efectiva, y también más equitativa, seria exigir que la distribución del Fondo no reembolsable por la Covid-19 se realice en función de la población de derecho; o la población mayor de 65 años, principal grupo de riesgo para la pandemia; o por el esfuerzo económico realizado en la adquisición de material o realización de inversiones para ampliar la capacidad de camas hospitalarias y UCIs.

Rafael Beneyto Cabanes es miembro del Alto Comisionado para la Financiación de la Comunidad Valenciana