Mantiene que los cabecillas abrieron cajas de seguridad en bancos y hacían ingresos en efectivo sin justificación
VALÈNCIA. (EP). La Fiscalía de Valencia ha comenzado este martes a exponer su informe de conclusiones en la pieza principal del caso Emarsa y ha sido contundente: el exvicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, urdieron el fraude que provocó un desfalco en la depuradora de Pinedo de 23,6 millones de euros. Y para ejecutar el plan, Crespo eligió a un "enfermero sin formación empresarial", el exgerente Esteban Cuesta.
"El fraude no habría sido posible sin Morenilla y Crespo", ha insistido la fiscal, quien reclama para ellos una pena de 10 y 20 años de prisión respectivamente, tal y como consta en su escrito de calificación que se dirige contra un total de 24 acusados.
La fiscal ha desgranado cómo Crespo y Morenilla idearon un plan en 2005 para que Emarsa se hiciera cargo de la ampliación de Pinedo II y pensaron en empresas del empresario Jorge Ignacio Roca para la facturación y el desvío de fondos. Una vez tuvieron claro estos extremos, buscaron la "coartada perfecta" para ejecutar el "fraude".
Así, Crespo buscó a un gerente para que se encargara de recibir las facturas de los lodos, pagarlas y obtener la diferencia entre el coste real y el financiado por la Epsar para repartirla. "La decisión de colocar al frente de Emarsa a un enfermero sin formación empresarial alguna fue de Crespo. De manera unilateral. Así como atribuir a esta persona sin formación empresarial la gestión y representación de Emarsa", ha agregado.
El minsiterio público ha desgranado cómo Crespo ocupaba el cargo de consejero delegado de Emarsa desde el año 2002, y en ese periodo había un gerente que estaba enfermo y casi no aparecía por las instalaciones. "Durante dos años consiguió una gerencia invisible", ha dicho, para agregar que en un momento determinado "decidió cambiar la gerencia de la noche a la mañana y para evitar que los consejeros de la empresa pudieran aceptar otro candidato" que fuera distinto al suyo.
Cuando Crespo propuso a Cuesta, "ningún consejero tenía conocimiento de que se iba a sustituir al gerente y menos aún quién iba a ser el candidato". "No entendemos por qué no comunicó a los consejeros, al menos a los del PP, que había un candidato avalado por el Ayuntamiento de València, según mantuvo en el juicio", ha afirmado la fiscal, y ha respondido: "Era porque solo estaba avalado por Crespo".
Así mismo, atribuye a Crespo la decisión de dar a Cuesta "poderes ilimitados" en la depuradora excepto en la contratación y el despido de personal, que la firma era mancomunada. "Crespo afirmó que no le había pedido el currículum a Cuesta pero esto no fue impedimento para atribuirle poderes ilimitados de gestión", ha ironizado.
Tras este nombramiento, la fiscal ha recordado que hubo "frecuentes citas" entre Crespo, Morenilla, Cuesta y el exjefe de Explotaciones de la Epsar, Ignacio Bernácer. "Según las agendas de Cuesta había más reuniones entre él y Crespo que con el consejo de administración". "También había muchas citas con Morenilla", ha apostillado.
Dentro de este plan, además, la fiscal ha mantenido que tanto Crespo como Cuesta, Morenilla y Bernácer "intentaban incrementar la financiación para Pinedo durante las comisiones de seguimiento con el objeto de poder detraer fondos públicos".
La Fiscalía también atribuye a Crespo, Morenilla y Cuesta la decisión de incrementar los costes de Pinedo. En concreto, pasar de pagar 5 euros a 42 la gestión de los lodos "sin ningún tipo de informe técnico que avalase esta decisión".
Al respecto, ha recordado que Bernácer confesó que fue en una reunión a la que asistió Crespo, Morenilla y el exconseller José Ramón García Antón, --ya fallecido-- y que él presenció, en la que se decidió este aumento. "Morenilla, Crespo y Cuesta decidieron así aumentar los costes y esto se estudió por Bernácer y se decidió llegar a los 42 euros sin tener conocimiento las asistencias técnicas", ha aseverado.
Por otro lado, la fiscal se ha referido a diferentes cajas de seguridad adquiridas por los "principales" acusados de Emarsa y a entregas en efectivo en cuentas bancarias. Así, ha expuesto que tanto Morenilla como Bernácer y Cuesta se abrieron cajas de seguridad en bancos, mientras que Crespo figuraba como autorizado en una caja de seguridad de su hermano. Algunas de ellas se cancelaron tras la querella que se interpuso contra ellos en 2010.
El ministerio público ha aludido así mismo a entregas en efectivo de los acusados, en alguna ocasión por un valor superior a los 360.000 euros; y ha destacado que de las cuentas de los "cabecillas" se desprende que no hay movimientos: "No hay gastos ordinarios de calzado, farmacia, colegios, vestidos o alimentación. Ningún gasto de personas que viven, que tienen coche y que tienen que poner gasolina", ha puesto como ejemplos. "Y ninguno de ellos ha explicado esta ausencia de movimientos bancarios durante el juicio", ha subrayado la fiscal, lo que a su juicio demostraría que participaron en el fraude.
Por otra parte, la fiscal se ha referido al funcionamiento de las empresas del empresario Jorge Ignacio Roca y al traspaso de dinero entre cuentas para desviar fondos públicos. "A Roca le llamaban y le decían cuánto tenía que facturar", ha expuesto la acusación, y ha agregado que desde una de las mercantiles se comprobaba que la cifra correspondía con las toneladas que salían de la planta. "Roca dividía luego la facturación entre sus empresas, se lo permitían", ha dicho. Así, "se canalizaba la sobrefacturación".