Hoy es 14 de agosto
Madrid solicitó instruir los expedientes porque había una aforada, la exalcaldesa Rita Baberá, pero tras su fallecimiento no ha devuelto las causas a Valencia
VALÈNCIA. La dirección nacional del PP, de la mano del Comité de Derechos y Garantías, no solo tiene paralizado el expediente disciplinario abierto a los concejales del PP investigados en el caso Taula, sino que no permite que el PP valenciano asuma la tarea de depurar responsabilidades.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, desde Génova se exigió el traslado de todos los expedientes disciplinarios de los acusados de pitufeo, -concejales y asesores imputados por blanqueo de capitales- por un motivo: había "una aforada entre ellos", la exalcaldesa Rita Barberá.
Sin embargo, tras el fallecimiento de Barberá el pasado 23 de noviembre, el Comité De Derechos y Garantías no ha devuelto los expedientes disciplinarios, tal y como debería haber hecho, pues ya no es el órgano competente para instruirlos.
A esa actitud hay que sumar que desde Madrid no se ha atendido las preguntas efectuadas desde Valencia al respecto, la mayoría de ellas realizadas de manera informal. Este periódico ha podido saber que Génova prefiere que "los expedientes disciplinarios duerman el sueño de los justos" mientras se termina la instrucción de la pieza por el pitufeo, ya que sospechan cuál sería la decisión del PP de Regional, una expulsión inmediata, tal y como desde el partido ha dicho en diversas ocasiones.
Pero la actitud mantenida desde Madrid, lejos de ayudar a la cúpula del partido, lo único que ha conseguido es apuntalar la imputación del PP nacional dentro de la pieza del blanqueo. Desde que se empezó a instruir la pieza y el partido fue encausado, el PP nacional solo ha enviado aquello que el magistrado le ha solicitado vía providencia, pero en ningún caso se ha mostrado colaborativo, y mucho menos en aquellas partes que afectan a los presuntos autores del pitufeo. Es más, Génova envió un compliance del partido (documentación para el cumplimiento de la legalidad).
Tal y como en su día explicó Valencia Plaza, según explica el despacho Zapata, Bermúdez, Pont y Asociados, la traducción que el Código Penal hace del término anglosajón corporate compliance es "debido control". Se trata de establecer en el seno de la empresa, un conjunto de mecanismos para el cumplimiento de la legalidad penal vigente, que se transformen en auténticos modelos de prevención de delitos.
Por ello, abogados especializados en la materia explicaron a este periódico que es imposible que el PP haya entregado un compliance como debe, ya que la Ley entró en vigor en julio de 2015 y, si se hubiera hecho como se debe hacer, se habrían detectado irregularidades, algo que no aparece en la documentación aportada por el partido al juzgado.
Pero en cuanto al expediente disciplinario en marcha, las fuentes consultadas aseguran que "ha habido contacto con Génova, pero no comparten demasiada información. La excusa fue una y ahora que la excusa no existe no lo piensan soltar de buenas a primera".
Añaden que "Génova ha entendido el mensaje con las últimas requisitorias" y, por tanto, "se esperan movimientos en breve".
Y las mismas fuentes apostillan que "el expediente se empezó aquí, se llevó allí, y ahora no se conoce desde aquí el estado de tramitación que tiene y el motivo por el que se llevó ha cesado. Pero de lo que hagan dependerá que el juez y el fiscal considere que el partido ha cumplido y los dejen fuera del procedimiento o no".