VALÈNCIA. El informe de Abogacía del Estado en el que pone de manifiesto que los edificios de La Marina de València -cedidos en su día por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) al Ayuntamiento exclusivamente para fines "de utilidad pública o interés social"- no pueden ser explotados por la corporación municipal "para la obtención de rendimientos" ha puesto en jaque al ejecutivo local.
En primer lugar, por el concurso que mantiene en marcha para que una empresa privada instale un centro de procesamiento electrónico de datos (data center) en el edificio de los Docks, a pesar de la advertencia por escrito del presidente de la APV, Aurelio Martínez, sobre la posible reversión del edificio al Puerto que esto supondría. Pero también por los usos previstos para el Tinglado 4 con la ampliación de La Marina de Empresas.
Un escenario incierto por el que el concejal y portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que las instalaciones para proyectos de innovación "pasen a la gestión del Puerto para que en el Tinglado 4 no pase lo mismo que con los Docks". "Nos preocupa enormemente la inseguridad jurídica que está provocando la gestión de (Joan) Ribó en La Marina, y por eso pensamos que es mejor dar un paso al lado si la presencia de la administración local lo único que hace es generar problemas", indica el edil.
"En proyectos tan clave como el del Tinglado 4, lo mejor que puede hacer el Ayuntamiento es dar un paso al lado, devolver la gestión al Puerto, y permitir que los proyectos puedan salir adelante sin dificultades", expone Giner. "La Marina tiene espacio para todo: para el disfrute de los valencianos y para convertirse en un referente del Mediterráneo en el desarrollo de la innovación y de las TIC", añade el portavoz.
Concurso de ideas para los Docks
El concejal de Ciudadanos, además, ha vuelto a insistir en la idea de que el alcalde paralice el concurso para que una empresa instale un centro de datos en los Docks. "Que se ponga en marcha un concurso de ideas para buscar un uso de interés público -lo que sí estaría permitido-, para que el Ayuntamiento se pueda quedar con la gestión si es que verdaderamente tiene voluntad de poner el edificio a servicio de los valencianos", explica Giner.
"Llegados a este punto, nadie entiende el empeño del alcalde por seguir adelante con ese proyecto. Por un lado, tenemos una declaración de Bien de Relevancia Local (BRL) que todavía no ha sido resuelta y que genera incertidumbre a las empresas interesadas. Y por el otro, el informe en contra de la Abogacía", concluye.
Fernando Giner y Joan Ribó. Foto: CS
