VALÈNCIA. Técnicos del Gobierno y la Generalitat se sentarán por fin a tratar el tema de la deuda del Consorcio Valencia 2007. Una deuda que ahoga a la Marina de València y que no le permite obtener recursos de proyectos y ayudas europeas por los más de 450 millones que debe al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El 11 de abril se ha convocado la reunión de la comisión técnica que prepara el consejo rector. En ésta se tratará como tema principal el tema de la deuda, que debatirán a partir de la propuesta que está preparando el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
La comisión técnica está compuesta por dos miembros de cada administración presente en el consejo rector del Consorcio- Ayuntamiento, Estado y Generalitat-. Este grupo se constituyó para aportar soluciones sobre la viabilidad del Consorcio y de cómo acabar con una deuda que el ente no puede asumir en su totalidad. Fue la única respuesta del Estado a la petición de una condonación de la deuda.
Sería una fórmula para salir del paso, a la espera de que el Gobierno de España decida, si es que lo hace, condonar la deuda por las instalaciones de la America's Cup. Como ya explicó Valencia Plaza, el IVF contempla una fórmula financiera que permitiría que la Marina de València redujera su morosidad.
Ésta consiste en reducir la deuda del organismo que gestiona la Marina de València hasta una cantidad asumible con un plan de pago a largo plazo ajustado a su plan de negocio. Hasta el momento tienen claro que, según el plan estratégico, es posible que en los 30 años de vigencia que le quedan al Consorcio éste pueda pagar con la explotación de las instalaciones poco más del 10% de la deuda total, lo que supondría la devolución de unos 50 millones de euros.
Aunque tienen claro que es necesario darle una solución política a esa deuda, también son conscientes de que la palabra "quita" está proscrita en el vocabulario del Ministerio de Hacienda, como se ha visto estos días a propósito de la deuda de las Comunidades Autónomas. Por ello, el IVF está diseñando otra propuesta que libere al Consorcio de esa pesada carga sin que el Estado haga una quita en el sentido estricto del término.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que se trata de una fórmula que se suele utilizar mucho en el mundo empresarial, sobre todo en grandes corporaciones, aunque no especifican cómo se ejecutará aunque sí hablan de una reestructuración de la deuda. La clave es que el Consorcio deje de tener el lastre de la deuda que, por ejemplo, le impide acceder a programas europeos que encajen con las líneas del espacio y que les permitiría acceder a fondos para realizar más actuaciones.
