Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha retado a la alcaldesa, María José Catalá, a que "defienda los intereses de la ciudad" y exija a la Generalitat Valenciana, presidida por Carlos Mazón, "que asuma la deuda de los 10 millones de euros de las cargas urbanísticas que no se pueden repercutir a los propietarios por el fiasco del circuito de la Fórmula 1". "Si no lo paga la Generalitat, que es la que generó el problema, tendrá que asumir esa cantidad el Ayuntamiento y Catalá lo sabe", ha advertido Gómez en un comunicado. La síndica del PSPV ha subrayado que el equipo de gobierno del Rialto encontró un PAI "paralizado desde hace casi una década por la deuda que sobre él pesaba del circuito de F1".
El Pleno del Ayuntamiento de València debatirá este martes en su sesión ordinaria del mes de abril, entre otros asuntos, el cambio de gestión directa del PAI del sector del Grau después de que saliera adelante en la comisión municipal de Urbanismo. El PAI supondrá una inversión de 120 millones de euros por parte de los propietarios del suelo, según datos del consistorio, así como la construcción de 2.550 el número de viviendas.
Además, se mantiene la edificabilidad total del sector en 380.000 metros cuadrados. Para el equipo de gobierno, según el concejal de Urbanismo, Juan Giner, "se impulsa la construcción de viviendas a la vez que se apuesta por la creación de grandes zonas verdes en una constante y necesaria colaboración público-privada que permitirá el diseño de una ciudad del futuro".
Por su parte, sobre las cargas urbanísticas, Gómez ha precisado que se trata "de 42 millones de euros que se debían repercutir a los propietarios de los terrenos por unas obras anticipadas que se camuflaron bajo el nombre de Proyecto de conexión de la Alameda - Avenida de Francia - Puerto de València. Acondicionamiento de la Marina Real Juan Carlos I, pero cuyo objeto real fue construir un circuito de F1, sin conectar nada".
Además, ha resaltado que la redacción del proyecto de urbanización estaba "atascada" porque la empresa adjudicataria del contrato "había demandado a AUMSA por incumplimiento del contrato". Frente a esta situación, ha explicado que los socialistas "nos pusimos manos a la obra para reactivar el PAI, tan necesario para la ciudad, y acordamos con la empresa retirar la demanda y retomar los trabajos de redacción del proyecto de urbanización".
Igualmente, se llegó "a un acuerdo con los propietarios para establecer las cargas repercutibles (32 millones) y las que no (diez millones)". Gómez ha explicado que, dado que había pasado casi dos décadas desde que se realizó el concurso de ideas, cuyo diseño giraba en torno a un circuito que ya no existía, y que las necesidades de la ciudad habían cambiado, "se inició una modificación de planeamiento para adaptarlo a la Agenda 2030, a la perspectiva de género, a la necesidad de vivienda pública, de suelo terciario, entre otras cuestiones".
"Catalá decidió no continuar con el cambio de planeamiento, dejando caducar la evaluación ambiental, que debía haberse aprobado antes de finales de julio, a pesar de tenerla lista", ha lamentado y ha manifestado que "después de estar nueve meses sin avanzar con el PAI, ha decidido volver 19 años atrás para mantener el planeamiento anterior de Rita Barberá con el circuito fantasma".
En su opinion, esta decisión "responde a su incompetencia para tramitar el nuevo planeamiento bajo el falso argumento de agilizar el PAI, cuando lo que ha hecho es volver a empezar". "El Partido Popular ha presentado un dibujo en el que ha pintado todo de verde: colegios, edificios, piscinas y pistas de pádel para que parezca que existe un delta verde pero es falso", ha denunciado y ha aseverado que Catalá "ha elimiado el delta verde" porque "la prolongación de la Alameda y las torres destruyen cualquier atisbo de continuidad del Jardín del Turia con el PAI y la Marina".
Otras diferencias, según el PSPV, es que "se pierden más de 20.000 m2/techo de terciario extra que se añadían para que se instalen empresas para crear sinergias con la Marina"; se pierden 350 viviendas públicas dotacionales; no existe residencia de mayores con 100 plazas; desaparecen los comercios de proximidad al eliminarse los zócalos comerciales, que se cambian por piscinas y pistas de pádel y se pierden 35.000 m2 de zonas peatonales que se ganaban convirtiendo la zona de la F1 "en un circuito biosaludable integrado en el parque y que pasan a ser para el coche".
