VALÈNCIA. El PAI del Grao avanza en su tramitación para culminar este sector que un día albergó el antiguo circuito de Fórmula 1 en València. El Ayuntamiento ratificaba este martes, en el pleno ordinario de abril, el cambio de gestión de directa a indirecta, lo que supone devolver el desarrollo a los propietarios del suelo. Y, en este caso, es la sociedad Valere Reoco SL, formada por el grupo empresarial Atitlan junto a sus socios del fondo británico Hayfin Capital, los que poseen más del 51% de los terrenos del sector, por lo que pueden constituirse como agentes urbanizadores del PAI. Eso sí, tienen un plazo de tres meses para solicitarlo formalmente al consistorio y presentar la documentación requerida.
Un movimiento que la firma, propiedad de Roberto Centeno y Aritza Rodero, está dispuesta a ejecutar. De hecho, la sociedad, participada al 50% por cada empresa, ya ha solicitado al gobierno local la gestión urbanística del sector. Ello implica, según la resolución municipal de este martes, asumir el coste de elaboración del nuevo planeamiento y "subrogarse los contratos suscritos" por Aumsa, empresa a la que deberá reintegrar las cantidades previamente satisfechas por los trabajos realizados. El coste de la urbanización se ha cifrado en cerca de unos 120 millones de euros, según el Ayuntamiento de València.
La mercantil Valere Reoco SL está legitimada para formar una Agrupación de Interés Urbanística (AIU), es decir, ser agente urbanizador, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Y es que cumple con los requisitos previstos en la norma al disponer de más del 50% de la superficie del ámbito a desarrollar y contar con la aceptación de los titulares de más del 40% de las parcelas registrales privadas de esta actuación. El resto de suelo está en manos de Adif, cerca de un 20%, y de pequeños propietarios.
En cualquier caso, para admitir a trámite su solicitud es condición necesaria presentar la documentación exigida, que deberá entregar "en el plazo de tres meses a contar desde la notificación del presente acuerdo". Así, tendrá que presentar un borrador de programa para el desarrollo del sector del Grao, basado en el Plan Parcial Medio Ambiental de julio de 2010, ya que al pasar a una gestión indirecta de los propietarios se retrotrae el programa al proyecto que se planteó en tiempos de Rita Barberá, en lugar del que proponía el gobierno de Compromís y PSPV.
Lo cierto es que hace unos años que ambas compañías solicitaron formalmente a la anterior corporación municipal, formada por Compromís y PSPV, la constitución en Agrupación de Interés Urbanístico. De hecho, estuvo realizando varias compras para aglutinar la mayoría del suelo, condición necesaria para poder urbanizar la zona. Su última adquisición fue hace unos años con la compra de una pastilla a la Sareb en este ámbito urbanístico, que albergó hace años el circuito de Fórmula 1.
No obstante, la concejalía de Urbanismo, dirigida entonces por la socialista Sandra Gómez, rechazó esta petición y encargó a la empresa pública Aumsa la urbanización de este ámbito. De ahí que en ese momento la gestión del PAI fuese directa por parte de la corporación municipal, un hecho que ahora ha cambiado el equipo de María José Catalá con el objetivo de reactivar el proyecto.
Desde el gobierno municipal, justifican el cambio en la necesidad de agilizar el proyecto en un momento en el que, además, hace falta nueva vivienda en la ciudad. "Cambiamos la gestión directa porque ha fracasado y porque los sectores que han funcionado no se han desarrollado por gestión indirecta", subrayó Juan Giner, edil responsable del área de Urbanismo, en el pleno de este martes. "Hoy le damos un impulso al PAI del Grao", incidió.
Pero, además, el equipo de Catalá entiende que la modificación de planeamiento que planteaba el anterior gobierno "llevaría años de tramitación, que lastrarían el desarrollo sin implicar una mejora palpable". "El planeamiento actualmente vigente, a pesar de ser del año 2010, fue fruto de un concurso de ideas al que concurrieron los mejores urbanistas de Europa y el resultado es una ordenación que no ha quedado obsoleta", señala la resolución municipal.
Por tanto, considera que "bastaría con aplicar nuevos criterios de urbanización sostenible en su ejecución para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y facilitar que se pudiera desarrollar de forma inmediata", defiende el consistorio. Así, se mantiene el diseño del despacho que redactó el primer proyecto en 2011, el del conocido arquitecto José María Tomás Llavador.
A falta de concretarse los detalles del futuro puzzle urbanístico, este desarrollo supone la transformación de una antigua zona industrial degradada de 380.000 metros cuadrados, que conectará el mar con la ciudad a través del paseo de la Alameda, cuya prolongación se mantiene, y contemplando por tanto el soterramiento de las vías ferroviarias de Serrería, que actualmente están en superficie. El gobierno local entiende que soterrarlas es "una reivindicación histórica" que no puede decaer.
Además, contempla un gran delta verde de 160.000 metros cuadrados, que se unirán a los 200.000 metros cuadrados del parque de desembocadura, cuyo proyecto está en trámite para culminar el gran pulmón verde de Valencia, que es el jardín del Turia, y que llegará con estas ampliaciones a una longitud superior a los 12 km.
En cuanto a la edificabilidad, destaca la previsión de 2.550 viviendas, de las cuales 450 serán de protección pública. Además, el Ayuntamiento dedicará el suelo residencial que le corresponda a la construcción de viviendas de carácter social y de alquiler asequible. Asimismo, el proyecto seguirá contemplando una mezcla de usos, estableciendo junto al residencial, 95.000 metros cuadrados de techo para el uso terciario: oficinas, comercial, hostelería y otros servicios. El plan también incluye la construcción de dos tanques de tormentas que contribuirán a la mejora de la gestión del ciclo del agua.
