VALÈNCIA. Llegó "de carambola" y con la idea de convocar elecciones en el plazo mínimo, pero cuando vio que Feria Valencia "estaba muerta" optó por quedarse para intentar resucitarla porque la Comunitat "no podía permitirse perder más cosas". Seis años después de acceder a la presidencia del recinto ferial, José Vicente González cede el paso y da por finalizada su etapa en Feria Valencia, lo que supone su retirada definitiva de toda la actividad pública.
Se va con la satisfacción de haber saneado la institución de la mano de un equipo dirigido por Enrique Soto y la única espina de no ver definitivamente resuelto el "marrón" de su deuda: "Hoy Feria Valencia ha dejado de ser un problema". En un encuentro con periodistas para explicar sus motivos esquivó cualquier referencia a Vicente Lafuente, el candidato de consenso pactado por la Generalitat y los empresarios. No quiere que se le pueda reprochar cualquier tutela en la sucesión: "Yo ni voto ni me preguntan. No es mi problema".
En su despedida, el expresidente de Cierval y de la CEV, lamentó las penalidades que han condicionado su mandato y el trabajo de sus equipos, desde los dos años de investigación por parte de la Fiscalía sobre la legalidad de la ampliación del recinto ejecutada por sus predecesores hasta la comisión de Les Corts para indagar responsabilidades políticas durante la etapa del PP. Todo acabó "en nada", pero detrayó recursos humanos que se podían haber dedicado a la actividad ordinaria de la institución. "Tiene tela: dos años de investigación de la intervención y de la Fiscalía para nada. No creo que haya una institución que haya estado más vigilada que Feria Valencia", se lamentó.
González: "Hay gente que es genial, pero yo no; yo soy trabajador"
Con todo, el histórico dirigente empresarial se confesó "orgulloso" de haber presidido la Feria y de haber contado con un equipo humano al que atribuyó todo el mérito del saneamiento: "Hay gente que es genial, pero yo no; yo soy trabajador". Más escueto fue el agradecimiento a la colaboración de las instituciones –Ayuntamiento, Conselleria de Economía y Conselleria de Hacienda– de las que depende un problema encaminado pero no resuelto, el de la asunción por parte de la Generalitat de la millonaria deuda de Feria Valencia. "Me hubiera gustado arreglarlo en estos años, pero ese marrón le toca al siguiente", admitió.
La Generalitat, como avalista de las operaciones de deuda con las que se pagó la ampliación, abona desde 2009 cerca de 30 millones de euros cada año ante la imposibilidad de Feria Valencia de devolverla con sus propios recursos. En mayo de 2016, la Generalitat, el Ayuntamiento de València y la propia Feria Valencia pactaron una hoja de ruta para rescatar el recinto cuyo primer paso era la asunción formal de la deuda por parte de la Generalitat.
El atasco en la subrogación de la deuda, aprobada mediante un decreto ratificado en Les Corts, está en la aceptación de las condiciones por parte de los bonistas que financiaron parte de la ampliación y que hoy en día reciben elevados intereses por la operación, avalada en su momento por la Generalitat. El grueso de la deuda, más de 300 millones de obligacionistas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ya se la ha subrogado la Generalitat.
"Creo que que el tema de los bonistas se arreglará", explicó González. Un punto a favor de ello es la tranquilidad con la que podrá trabajar el siguiente comité ejecutivo de Feria Valencia porque "ahora no hay prisa". "Feria Valencia crece razonablemente, no está en la situación de vida o muerte de hace cinco años", detalló el presidente.
También confió en que la Conselleria de Economía y la de Hacienda resuelvan sus discrepancias sobre cómo ha de ser el ente que gestione el recinto de ahora en adelante: si con el control público, como defiende Compromís desde Economía, o con mayoría privada, como sostene el PSPV desde Hacienda.
A ello se suma, además, un segundo bloqueo por diferencias entre el alcalde de Valencia y presidente del patronato de Feria Valencia, Joan Ribó, y el Consell sobre la compensación a la Generalitat por hacerse cargo de la deuda de unas obras que, cuando acabe la concesión actual, volverán a ser propiedad municipal.
¿Lafuente presidente?: "Yo ni voto ni me preguntan. No es mi problema"
La Conselleria de Hacienda planteó a principios de este mismo año quedarse la titularidad de esa concesión municipal que da derecho a explotar la actividad ferial en sus pabellones hasta 2051 como compensación por asumir la deuda, pero Ribó la rechazó sobre el argumento de la secretaría municipal, que apreciaba dudas legales. Desde entonces no ha existido movimiento al respecto.
Así las cosas, saneada la cuenta de resultados del recinto pero sin visos de que las cuestiones que ahora dependen de las administraciones puedan resolverse en breve, González consideró que era una hora "excelente" para un relevo que se formalizará en diciembre. "La feria está en buen momento económico y la administración tiene una hoja de ruta. Es el momento de que alguien coja la bandera y continúe. Igual que hay que saber llegar, hay que saber irse", manifestó.
González destacó que durante más de dos décadas ha compaginado su faceta empresarial con diferentes cargos de representación empresarial –Aido, Aimme, Femeval, CEV, Cierval, CEOE o la propia Feria– en los que nunca ha cobrado nada.
Sin embargo, cuando se le preguntó si la presidencia de Feria Valencia debería ser retribuida sostuvo "no tener opinión". "A mí me da igual porque nunca he pretendido cobrar. Para hacerlo tendría que haber cambiado los estatutos, pero consideré que no era el momento. Es más, renuncié al coche y al chófer porque no me parecía de recibo cuando estábamos pagando con dos meses de retraso a los proveedores", explicó.
La presidencia del recinto ferial era el último escaparate institucional que le quedaba a José Vicente González, ya jubilado de su empresa. En el pasado llegó a compaginar la presidencia de Cierval con la de Feria Valencia y la vicepresidencia de la nacional CEOE.
González llegó a la presidencia de Feria Valencia en octubre de 2013 en sustitución de Alberto Català. En diciembre de 2015, cuando se agotaba el mandato de su predecesor, fue elegido por un plazo de cuatro años que ahora acaba.