Grau se acoge a su derecho a no declarar por la financiación ilegal en las campañas del PP 

VALÈNCIA. (EP). El exvicealcalde de València Alfonso Grau se ha acogido a su derecho a no declarar en el juzgado por las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas del PP de la capital valenciana de 2007 y 2011, dentro del caso Taula derivado del caso Imelsa, según ha podido saber Europa Press.

Grau estaba citado este viernes a las 12 horas para prestar declaración en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 18 de València. Ha llegado a la Ciudad de la Justicia sobre las 11.50 horas, acompañado de su abogado, y a los periodistas que le esperaban en la puerta les ha asegurado que no pensaba hacer declaraciones ni antes ni después de su comparecencia.

Más tarde, ante el juez, también se ha acogido a su derecho a no declarar. Estaba citado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC).

Previamente a Grau ha comparecido el exconcejal del PP Juan Eduardo Santón, quien ha manifestado ante el juez que no recordaba prácticamente ningún trabajo por el que se le ha preguntado ni ha dado ninguna explicación sobre fraccionamiento de contratos. Ha aseverado que no había visto nada irregular, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración.

 Estas citaciones --Grau y Santón-- se producen después de que el juez recibiera un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de Laterne Vicente Sáez, ya fallecido, y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros".

Esta operativa se llevaba a cabo "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

En el epígrafe 'Coste Total Campaña' aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como 'Aportaciones' por un total de 2.683.750 euros. Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.

El informe recoge también una operativa por la que se habría satisfecho, ya en 2008, el importe de gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban a LPC. "Esta operativa implica directamente a Alfonso Grau", según consta en uno de los últimos autos judiciales.

Jesús Gordillo, exasesor de Grau y que trabajó para Laterne, manifestó en su declaración que el exvicealcalde le entregó 350.000 euros en billetes de 500 y le dio instrucciones para recoger en una empresa un cheque de 150.000. Estas cantidades, finalmente, sirvieron presuntamente para llevar a cabo el pago de las cantidades adeudadas a las distintas mercantiles que habrían colaborado en la campaña.