Grezzi abre la puerta a cambios sobre el convenio de la EMT: "La situación económica no es fácil"

VALÈNCIA. Una de las consecuencias indirectas de la pandemia de coronavirus en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha tenido lugar en lo referente al nuevo convenio laboral 2020-2022 sobre el que sindicatos y dirección alcanzaron un preacuerdo el pasado 13 de marzo, justo antes de que se declarara el estado de alarma en todo el país. Pasados ya tres meses desde entonces, hay dudas sobre si saldrá adelante el acuerdo, incluso tras la ratificación telemática por parte de los empleados la pasada semana.

Las restricciones de viajeros y un cambio de paradigma en las costumbres derivado de la pandemia ha provocado una merma sustancial de los pasajeros en el transporte público, lo que ha derivado en una crisis económica en la firma municipal, que se estima en hasta 27 millones de euros en la peor de las proyecciones. De ahí que haya surgido el temor de que no se ratifique en el Consejo de Administración el nuevo convenio, que contiene subidas salariales del 2% este año, como el resto de empleados públicos, además de complementos y compromisos para los próximos años, por el impacto financiero en unas cuentas que ya requerirán de recortes en inversiones no imprescindibles.

Ante ello, y preguntado por este diario, el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la mercantil pública, Giuseppe Grezzi, no fue contundente al asegurar que llevará el texto para que lo ratifique el Consejo que preside. Más bien, todo lo contrario. Dijo que en esta coyuntura "se puede hablar de todo", pese a que en los sindicatos exigen la pronta luz verde al documento que ya está cerrado y votado por los empleados. Abrió así de nuevo el melón pese a que parecía cerrado e incluso apeló "a la responsabilidad de todos: hay mucha gente ahí fuera que está perdiendo el empleo por los ERTE y la grave situación económica". 

Un mensaje velado hacia los trabajadores para poner sobre la mesa la complicada coyuntura a la que se enfrenta no sólo la empresa, sino la sociedad en su conjunto. Ya publicaba este diario las diversas dudas planteadas sobre la conveniencia de aprobar un incremento salarial en esta situación. Grezzi aclaró que se mantendrá a la plantilla y que no se recortarán "todos los beneficios que ha tenido en estos cinco años de recuperación salarial, pero también debemos ser conscientes de que la situación no es fácil y tenemos que estar a la altura".

En este sentido, el presidente abogó por esperar a tener todos los datos para poder tener una fotografía financiera de la empresa. Y es que el Ayuntamiento de València busca que el Gobierno central inyecte liquidez 'extra' para amortiguar el impacto de la crisis y reducir el agujero de hasta 27 millones. El Ministerio de Transportes que dirige el socialista José Luis Ábalos ya ha anunciado un fondo extraordinario para la ayuda de las empresas municipales de transportes tras aclarar que las ayudas al transporte autonómico no llegarían a estas mercantiles dependientes de los entes locales.

Otro de los 'extra' que puede recibir la EMT es parte del remanente de tesorería del Ayuntamiento de València. El consistorio ya ha reclamado, junto al resto de grandes ciudades, y recientemente lo hizo la Federación Española de Municipios, que el Gobierno permita a los entes locales el uso de los remanentes de tesorería, que en València alcanzan los 60 millones, para dedicar parte de ellos a la empresa municipal de transportes. Entre esta partida y los fondos estatales, se espera cubrir parte del agujero. Pero todavía queda saber cómo se sustanciarán estas exigencias.

"Seremos los primeros en abordar la situación cuando tengamos datos de con qué podemos contar", explicó Grezzi, al ser preguntado si condiciona la decisión sobre el convenio a la llegada de ayudas. "Estamos trabajando con los sindicatos y la gerencia para tener el cuadro completo para tomar las decisiones con la máxima responsabilidad", explicó, justo después de reclamar de nuevo las ayudas estatales: "No renunciamos a la aportación del Estado porque es un derecho, como en Barcelona y Madrid. No puede ser que nos sigan ninguneando. No podemos dar un servicio de calidad si no recibimos esas aportaciones en las mismas condiciones que el resto".