VALÈNCIA. Veinticuatro días han pasado desde el Consejo de Administración de la EMT de València celebrado el 30 de octubre. Allí, el concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la empresa municipal, Giuseppe Grezzi, se comprometió a convocar un Consejo extraordinario en un plazo máximo de medio mes -15 días- con el propósito de decidir si la empresa acudirá al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y al Banco de España para comunicar el fraude de cuatro millones sufrido en el mes de septiembre.
La propuesta de Grezzi, que fue sometida a votación y se aprobó con los votos a favor de sus socios de gobierno, el PSPV, no se ha cumplido. Una omisión que se suma a otros acontecimientos que han ido retrasando la decisión de llevar a los mencionados organismos el desfalco multimillonario. Hay que recordar que este debate debería haberse zanjado el pasado día 30 de octubre en el seno del Consejo de Administración.
Algo que no ocurrió debido a la recomendación del secretario de la EMT, Salvador Martínez Tarín, de no acudir a los mencionados organismos. Lo plasmó en un informe entregado ese día a los consejeros. En él desaconsejaba llevar el fraude al Tribunal de Cuentas porque "no consta ninguna prueba ni indicio que acredite" que un empleado "haya realizado una acción contraria a la Ley".
Además, tampoco informaba favorablemente sobre la posibilidad de comunicar el fraude a la Sindicatura de Comptes, dado que la EMT "es incompetente para promover la iniciativa fiscalizadora de la Sindicatura de Comptes"; y rechazaba pedir información al Banco de España sobre este tipo de fraudes dado que existe una investigación judicial en marcha. En definitiva, la propuesta, que había sido realizada por el PSPV, no se consumó.
Y no lo hizo por un supuesto malentendido, dicen los socialistas, dado que ésta se basaba en simplemente comunicar lo ocurrido para que los organismos lo tuviesen en cuenta a la hora de fiscalizar las cuentas de la EMT. El informe del secretario, por contra, informaba sobre la posibilidad de denunciar -no sólo informar- ante estas instituciones.
Huelga resaltar que el secretario de la empresa municipal ha dimitido esta semana tras conocerse sus vínculos laborales y empresariales con el cuñado del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, lo que había hecho saltar las alarmas. Martínez Tarín era el único secretario de una empresa pública municipal que era contratado 'a dedo' por la mercantil, ya que en el resto de sociedades municipales, el secretario es un funcionario habilitado nacional.
De hecho, tras su salida, los socialistas admitieron que su figura era un "cortafuegos" para seguir investigando el caso del fraude. No obstante, al parecer, las resistencias a llegar al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y el Banco de España, se mantienen. El informe del secretario retrasó el emprendimiento de estas acciones, y Grezzi se comprometió a tomar la decisión en un plazo máximo de 15 días desde aquel 30 de octubre. Nada de eso ha ocurrido, dado que no ha convocado el Consejo de Administración en este período.
Como publicaba Valencia Plaza este viernes, la oposición ha puesto la lupa ahora sobre el contrato del gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany. Concretamente sobre una cláusula que se incluyó en el documento de 2015 referente a la posibilidad de que García compatibilizase un trabajo que estaba realizando para el Ayuntamiento de Tarragona. El grupo municipal de Ciudadanos, tras estudiar ahora el contrato, considera que se podría haber vulnerado la ley de Incompatibilidades, dado que esta compatibilidad debería haber pasado por el pleno del Ayuntamiento de València, algo que supuestamente no ocurrió.
En este sentido, la formación naranja, apoyada por el resto de la oposición, solicitó un informe a la Asesoría Municipal para que se pronunciase si tendría que haberse tramitado por el hemiciclo consistorial. Así, la Asesoría rechaza entrar a valorar el contrato en sí. Ahora bien, el informe al que ha tenido acceso este diario sí confirma que la normativa de Incompatibilidades fija que la autorización o denegación de esta compatibilidad "corresponde al pleno de la corporación local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los directores de los organismos, entes y empresas públicas -en este caso, la EMT-". Así pues, atendiendo a estas consideraciones legales, la tramitación del contrato del gerente podría no haber sido correcta.
El concejal del grupo Popular en el Ayuntamiento de València y miembro del Consejo de Administración de la EMT, Carlos Mundina, destacó las "dudas fundadas" de los 'populares' sobre "la legalidad del contrato del gerente de la EMT firmado en 2015" por este asunto. Ante las suspicacias levantadas, Mundina solicitó este viernes al secretario del Ayuntamiento que certifique "si la compatibilidad para realizar trabajos en dos administraciones públicas fue aprobada por el Pleno tal y como marca la ley".
"Nosotros no tenemos constancia que dicha compatibilidad pasara por el Pleno del Ayuntamiento y por eso tenemos serias sospechas de que el concejal Giuseppe Grezzi se saltó en 2015 el procedimiento establecido", señaló Mundina. "Una vez tengamos esa certificación la pondremos en conocimiento de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para ver cuáles son las consecuencias en caso de no haber seguido los términos marcados por la ley", concluyó.