El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y el gerente, Josep Enric García Alemany, explicando los detalles del fraude. Foto: EFE. VALÈNCIA. La dimisión del secretario contratado por la EMT, Salvador Martínez Tarín, tras conocerse sus vinculaciones laborales y empresariales con el cuñado del alcalde Joan Ribó, no ha conseguido calmar las aguas, que bajan revueltas tanto en el Ayuntamiento de València como en la propia firma municipal presidida por el edil Giuseppe Grezzi. Sin haberse rebajado en exceso la presión sobre el primer edil -todavía deberá enfrentarse a un pleno extraordinario sobre esta cuestión a petición de la oposición-, las miradas vuelven ahora al fraude sufrido por la EMT el pasado mes de septiembre, que amenaza con cobrarse más rostros en los próximos meses.
Tanto es así, que el PSPV, socio de Compromís en el ejecutivo local, ya apunta a cobrarse más responsabilidades por la estafa de cuatro millones debido a una "omisión de control" de las cuentas de la EMT. Los socialistas se remiten al informe de conclusiones que ha de redactar la comisión de investigación y que previsiblemente se podría clausurar el próximo mes o a principios de 2020. Allí, la intención de los socialistas es reflejar negro sobre blanco las posibles responsabilidades por la falta de control de la tesorería durante la veintena de días que duró la estafa.
Este jueves, el edil socialista Ramón Vilar, señaló que las conclusiones de la comisión de investigación "no son un tema a pactar" o "a negociar" y reiteró que podría haber "alguna que otra responsabilidad administrativa" en la EMT, por "omisión de control". Según el PSPV, la responsabilidad no acaba en la empleada ya despedida, sino que hay que mirar más arriba: a sus directivos superiores. "Si se han desfalcado cuatro millones continuamente durante 20 ó 25 días en varias operaciones fraudulentas es que han fallado mecanismos de control", sostuvo el concejal.
La posición de los socialistas no es baladí, dado que podría decantar la balanza a la hora de redactar las conclusiones de la comisión. En ella están presentes tres ediles de Compromís -entre ellos Grezzi-, dos del PSPV, dos del PP, uno de Cs y otro de Vox. Por ello, si socialistas y oposición concluyeran que existe responsabilidad por parte de alguno de los directivos de la EMT, podrían forzar algún cese o dimisión adicional al del secretario. En este sentido, el foco está puesto fundamentalmente en el gerente, Josep Enric García, y la jefa de Gestión, María Rayón.
Según han explicado desde la empresa, Rayón estaba de baja maternal durante el fraude, pero sí que entraba a la banca online para dar el visto bueno a algunos pagos. No obstante, en estas entradas no se percató de las transferencias que se estaban realizando desde la cuenta bancaria de la EMT en Caixabank a dos cuentas localizadas en Bank of China. Por su parte, García se encontraba de viaje cuando se inició la estafa, el 3 de septiembre, pero volvió el día 9 y se mantuvo en su puesto hasta el día 23, cuando la entidad bancaria le avisó de los pagos fraudulentos.
Según el banco, García también accedió a la banca online para tramitar pagos. Él admite que entró, pero niega haber visualizado las operaciones realizadas desde la cuenta de Caixabank porque, al entrar a la plataforma, "en ningún momento aparecen en la pantalla ni el saldo disponible ni los últimos movimientos". Unas consideraciones que se suman a las suspicacias levantadas por el contrato del gerente suscrito en 2015.
Uno de sus apartados reza que García estaba autorizado a "concluir el trabajo profesional que tiene contratado con la emrpesa pública del Ayuntamiento de Tarragona Aparcaments Municipal de Tarragona SA". Se trataba de unos trabajos referentes a un estudio para la implantación de la red ciclista en la ciudad catalana, y cuya finalización requería de la compatibilidad del gerente con su empleo en la EMT.
Ahora bien, según denuncia Ciudadanos, esta compatibilidad debería haber pasado por el pleno del Ayuntamiento de València, algo que no ocurrió. En este sentido, la formación naranja, apoyada por el resto de la oposición, solicitó un informe a la Asesoría Municipal para que se pronunciase si tendría que haberse tramitado por el hemiciclo consistorial. Así, la Asesoría rechaza entrar a valorar el contrato en sí.
Con todo, el informe al que ha tenido acceso este diario sí confirma que la normativa de Incompatibilidades fija que la autorización o denegación de esta compatibilidad "corresponde al pleno de la corporación local a que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los directores de los organismos, entes y empresas públicas -en este caso, la EMT-". Así pues, atendiendo a estas consideraciones legales, la tramitación del contrato del gerente podría no haber sido correcta.
Este jueves, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, desveló que no sólo el secretario de la EMT tenía participaciones en la empresa del cuñado del alcalde, Abastos Abogados, sino que además fue fundador de la misma junto con el familiar del primer edil. Catalá mostró un documento oficial del Registro Mercantil que refleja que el exletrado de la EMT, Salvador Martínez, figura como socio en la constitución del Abastos Abogados.
También Ciudadanos extrajo unos documentos similares, en los cuales se demuestra la participación inicial de Salvador Martínez en la firma jurídica del cuñado del alcalde, en 2006. Más tarde, en 2018, el secretario sustituiría su presencia personal en el accionariado para sustituirla por la de su despacho de abogados, SMT Asesores. Esta empresa sí que facturó a la EMT más de 220.000 euros por los servicios del secretario.
"Más allá de la dimisión del letrado del consejo de la EMT, sigue habiendo responsabilidades políticas", sostuvo Català. "El caso ha tomado una nueva dimensión. Pero es cierto que el secretario ha dimitido porque el alcalde mintió y porque es más que evidente el vínculo familiar", ha apuntado. Según Catalá, "también es cierto que todavía nadie de la corporación municipal ha asumido la responsabilidad de la estafa de la EMT", manifestó, e insistió en que además del secretario del consejo, "debe salir el gerente, la cúpula directiva y el presidente, Giuseppe Grezzi.
Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Giner, denunció que el caso del secretario podría ser "un supuesto caso de tráfico de influencias". "Esto se ha destapado por el fraude de los cuatro millones, pero tiene entidad propia para ser investigado. El caso afecta al alcalde y a un familiar: es el caso Ribó". Así, el portavoz recordó la campaña que promovió Compromís cuando estaba en la oposición: Desenxufa'ls!
Según los socialistas, la dimisión del secretario elimina un "factor que producía una especie de cortafuegos para averiguar otro tipo de cosas". "Eliminar ese factor que es colateral nos va a permitir clarificar mucho mejor lo que ha pasado", dijo Vilar a este respecto, para admitir que la salida permitirá "normalizar" la situación en la EMT, puesto que era la única empresa pública de València cuyo secretario era externo y no un habilitado nacional. Así, a partir de ahora esta plaza la ocupará un funcionario del consistorio.
