VALÈNCIA. En 2015 una queja a través de Internet puso en alerta sobre que las compañías Vicedo Martí y Enfavi, con sede en la localidad alicantina de Ibi y dedicadas al diseño de productos de plástico, podrían estar realizando un uso fraudulento de software informático. Tanto es así que, tras presentarse una denuncia en el juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante, se decretó el registro de las instalaciones. El procedimiento concluyó con la condena por la instalación y reproducción de programas de ordenador infringiendo los derechos de propiedad intelectual de los autores. Se les obligó a pagar 453.000 euros en daños y perjuicios. Es una de las mayores indemnizaciones impuestas en España.
Las empresas que emplean software pirateado de las principales compañías en su día a día no deberían dormir tranquilas. Tras su pista se encuentra BSA, The Software Alliance, una alianza mundial de fabricantes de programas informáticos que opera desde 1989. Con sede central en Washington DC, la BSA está presente en más de 80 países y tiene personal especializado en 11 oficinas de todo el mundo. Básicamente lleva a cabo dos tipos de acciones: de concienciación contra la piratería empresarial y de corte legal.
En este último campo, Ecija es la firma legal de BSA en España. El abogado Carlos Pérez pertenece a la misma y está familiarizado con este tipo de procesos. "En general siempre se intenta llegar a un acuerdo extrajudicial con las empresas que piratean, incluso pactando una cantidad económica", explica. Sin embargo, en muchos otros casos es necesario llegar hasta los tribunales. Y en estos últimos, las cantidades no son precisamente irrisorias. "De hecho, hay empresas que han tenido que cerrar por culpa de este tipo de condenas", añade Pérez, quien recuerda que a la multa deben sumarse los costes del proceso.
Más casos, como el de Cul de Sac y Trumbo Agencia Creativa S.L., ambas empresas de consultoría y diseño situadas en València. El pasado mes de abril fueron objeto de un registro simultáneo por sorpresa, una acción que formaba parte de una investigación judicial contra la propiedad intelectual de Microsoft, Adobe y Autodesk. Los peritos judiciales revisaron casi 50 ordenadores. La estimación inicial de esta infracción si finalmente se demostrara el uso de software ilegal en varios equipos podría oscilar entre los 150.000 y los 200.000 euros, la mayor parte imputable a Cul de Sac por encima del caso de Trumbo.
Algo menos se le pide a Eighteen October, firma valenciana del sector de la moda, cuya multa podría oscilar entre los 100.000 y los 150.000 euros, a falta de confirmación pericial. El pasado 12 de mayo el juzgado de Valencia ordenó el registro en la sede de unos 70 ordenadores. Lo hizo como consecuencia de la información recibida por BSA en su portal de denuncias sobre un supuesto uso ilegal de software en los ordenadores.
"En un 60% de los casos suelen ser denuncias de ex empleados, o incluso de empleados actuales", admite Pérez. BSA habilita en su página web un formulario estándar con libre acceso. "Cualquier persona puede incluir sus quejas y BDA se encarga de remitirlas a sus consultorías legales, desde donde se analizan y se decide si tienen fundamento", explica. La alianza registra unas 300 denuncias al año, aunque en 2016 la cifra rozó las 400. "De ellas, más o menos la mitad se descarta por falta de consistencia, pero el resto acaba en una investigación", añade. En el 90% de estos supuestos se encuentra algo.
El tamaño de la empresa también influye en la decisión que se adopta. Tampoco es que los titanes se lo jueguen: las grandes multinacionales y las empresas del Ibex 35 suelen tener políticas de empresas que se encargan de supervisar estos hechos. "Pero es cierto que los procedimientos que se llevan por la vía judicial suelen ser contra compañías de gran envergadura, mientras que en las pequeñas y medianas intentamos llegar a acuerdos", admite el letrado. Si la corporación manifiesta una actitud colaborativa, se puede rebajar la sanción económica y se ofrecen incluso acuerdos de confidencialidad.
No solo los empresarios deben echarse a temblar, también las corporaciones públicas se encuentra en el punto de mira. Carlos Pérez admite que BSA también ha recibido quejas al respecto, "pero normalmente no se suele actuar". Si bien los fabricantes tienen derecho a solicitar auditorías, suele haber cláusulas que dificultan el proceso y hacen complicado un registro. "Además la Administración suele pedir a las empresas con las que trabajan que pasen por un procedimiento de auditoría previo, lo que reduce estos casos", admite.
