Enrique Ortega, gerente del Hospital General de Valencia. Foto. MARGA FERRERVALÈNCIA. Como en ejercicios anteriores, la Intervención de la Generalitat vuelve a suspender la gestión de los responsables del Hospital General de Valencia por incumplir las normas en materia de personal y contratación. Entre las principales irregularidades detectadas, el ente fiscalizador destaca que en 2018 continuó la contratación de suministros sin expediente de contratación, principalmente productos farmacéuticos y material sanitario, por un total de 86 millones de euros.
Así consta en la auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión económica de este consorcio hospitalario al frente del cual se encuentra Enrique Ortega. En la misma, la Intervención emite una opinión desfavorable tanto de la gestión de los contratos como del personal. Entre las principales irregularidades, detalla que esos 86 millones de euros pagados por bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación representan un 57% del total del gasto ejecutado en por estos concepto.
Además, le afea que los gastos contabilizados en la cuenta 409, las conocidas como facturas en los cajones por corresponder a operaciones no incluidas en el presupuesto, se elevaron a 12,3 millones de euros, casi 3 millones más que en 2017.
Ante este flagrante incumplimiento de la normativa contractual, que se suma el incumplimiento de la normativa presupuestaria, el auditor alerta del riesgo de que los actos administrativos puedan ser declarados nulos.
Se trata de deficiencias detectadas ya en ejercicios anteriores para los que los gestores del centro siguen sin plantear soluciones. Es el caso, como refleja la auditoría de cumplimiento, de la recomendación formulada en la revisión del año pasado para iniciar procedimientos abiertos o acuerdos marco en las compras de productos farmacéuticos y material sanitario, que siguen sin implementarse.
Tampoco se ha cumplido con la exigencia de crear y dotar con los recursos necesarios un departamento de control interno.
Pese a que varias de sus recomendaciones pendientes siguen sin aplicarse, el auditor insiste en algunas medidas que podrían tomarse para ajustarse a la legalidad en los procesos de contratación. Es el caso, por ejemplo, de la recomendación que apunta la necesaria segregación de funciones en el Servicio de Farmacia para que no recaiga en la misma persona, la selección y contacto con los proveedores, la elección del producto, la validación del pedido y el control de su consumo.
En cuanto a la gestión del personal contratado por el consorcio hospitalario, la auditoría concluye que tampoco se ajusta a la normativa y cita entre las irregularidades más significativas el hecho de que en 2018 no se haya producido la absorción del complemento personal de garantía como parte del proceso de homologación salarial con el personal sanitario dependiente de la Conselleria de Sanidad.
Por ello, la Intervención de la Generalitat considera que la dirección del centro ha de solicitar el reintegro de los importes abonados en 2018 en concepto de incremento retributivo a todos los empleados que perciben dicho complemento.
Además, resalta que se han abonado retribuciones e indemnizaciones de servicio de forma irregular a diez empleados por un importe total de 23.713 euros que también deberían ser reintegradas.
