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las incidencias ya han sido subsanadas

Industria amenaza con inhabilitar a dos comercializadoras eléctricas Valencianas

El procedimiento iniciado por el Estado responde a la ausencia de garantías suficientes por parte de las empresas durante determinados periodos de 2015

10/02/2016 - 

VALENCIA. (VP/EP). El Ministerio de Industria, Energía y Turismo anunció este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "el inicio de un procedimiento de inhabilitación" a cuatro comercializadoras de electricidad, entre las que se encuentran las firmas valencianas Alcanzia y LCM Energía.

Preguntadas al respecto, ambas compañías subrayan a Valencia Plaza que el procedimiento iniciado por el estado responde a una circunstancia que ya no se produce: la ausencia de garantías suficientes (avales financieros) para cubrir sus compras de energía a las distribuidoras en momentos puntuales del pasado ejercicio.

En el caso de Alcanzia, según informan fuentes de la comercializadora valenciana, tal circunstancia se habría producido durante la negociación con el Estado para determinar las garantías necesarias para las compras de la firma, que crecieron sobremanera en 2015 fruto de la expansión del negocio de la empresa.

Finalmente se llegó un acuerdo para incrementar en 1,5 millones las garantías. No obstante, al haber tenido "garantías insuficientes" durante dicho proceso -pese a que las negociaciones estaban en marcha-, el ministerio inició el expediente de forma automática.

Por lo que respecta a LCM Energía, la empresa explica que incurrió en tal circunstancia por el retraso en el aviso de su distribuidora a la hora de comunicarle el traspaso de clientes. En este sentido, desde la mercantil tildan el actual sistema "perverso" porque "permite a las grandes eléctricas ser juez y parte". "Las distribuidoras son a la vez comercializadoras que se benefician de que su competencia tropiece", critican.

Ambas mercantiles consideran excesiva la decisión del ministerio dirigido por José Manuel Soria, que inicia el procedimiento de inhabilitación pese a que las incidencias han sido subsanadas. El texto del Estado incluso amenaza a las empresas con que "de prosperar el procedimiento, provocaría el traspaso de sus clientes a una comercializadora de referencia".

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