El TJUE respalda que los reguladores nacionales de energía exijan a las eléctricas reembolsos a sus clientes

VALÈNCIA (EP). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado este jueves que las autoridades nacionales reguladoras de la energía puedan imponer a las empresas eléctricas la devolución a sus clientes de las cantidades que se hayan percibido incumpliendo las exigencias relativas a la protección de los consumidores.

La sentencia señala que la protección de los consumidores figura, en efecto, entre las obligaciones de dichas autoridades, como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España.

El Tribunal de Justicia concluye, por tanto, que los Estados miembro puede asignar a estas autoridades la competencia para imponer a los operadores la devolución de las cantidades que hubieran percibido incumpliendo las exigencias relativas a la protección del consumidor, en particular las relativas a las obligaciones de transparencia y de facturación correcta.

Asimismo, señala que ya que la protección del consumidor y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia forman parte de las obligaciones de estas autoridades reguladores, no es pertinente cuál sea el motivo exacto por el que se ordena a una empresa eléctrica que efectúe el reembolso a sus clientes.

La sentencia llega después de que en 2019, la Autoridad Reguladora de la Energía, las Redes y el Medio Ambiente de Italia impusiese a Green Network, sociedad italiana de distribución de electricidad y gas natural, una multa de 655.000 euros por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de tarifas y exigió que devolviera a sus clientes un importe de casi 14 millones de euros que les había facturado en concepto de gastos de administración con base a una cláusula considerada ilegal por esta autoridad.

Tras impugnar sin éxito la anterior decisión por la vía contencioso-administrativa, Green Network interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado italiano, que elevó la consulta al TJUE, que ahora ha respaldado la capacidad de estas autoridades nacionales a efectos de protección del consumidor.