VALÈNCIA. (EP). Inspección General realizará una veintena de entrevistas para comprobar el itinerario seguido por el responsable de Recursos Humanos del IVACE para acceder en el Centro Logístico de la Generalitat en Riba-roja a documentación del Plan Eólico de la Comunitat, días antes de la detención del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en el marco de la Operación Erial.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Transparencia, administración de la que depende la Inspección General, que han indicado que los dos inspectores que se ocupan de este caso ya se han desplazado a Riba-roja donde se han entrevistado con el director del archivo, aunque aún no han podido ver los documentos por la investigación policial que está en marcha.
Los agentes de la UCO estuvieron en Riba-roja la pasada semana, con posterioridad a la detención de Zaplana y después de pedir esa documentación en la Conselleria de Economía, donde se almacena hasta determinada fecha y después se llevan los expedientes al archivo. En concreto, los agentes buscaban papeles sobre la adjudicación de las ITV de 1997 y el expediente de contratación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, adjudicados ambos a UTE con participación de la empresa Sedesa, de Vicente Cotino y José Cotino, investigados y con medidas cautelares en esta investigación.
Los inspectores realizarán más de una veintena de entrevistas para ver el itinerario seguido por el empleado Alfonso Roselló --personal laboral del IVACE y marido de Auxiliadora Hernández, que fue alto cargo en Educación con Zaplana-- y reuniones que pudiera haber mantenido en ese proceso, incluyendo una entrevista ese trabajador.
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, que este martes ha inaugurado con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, las jornadas 'Iniciativa Empresarial por la ética y el buen gobierno', ha señalado a los periodistas que este es un caso "que ha levantado mucho escándalo por el contexto en el que se ha producido" y se ha mostrado "deseoso" en colaborar con el esclarecimiento de todos los hechos.
En todo caso, ha apuntado que la Inspección General de Servicios no tiene por misión "investigar a personas" y ha subrayado que, además, está interviniendo la UCO y que será la Conselleria correspondiente --Economía-- quien adopte en su caso las medidas disciplinarias a las que hubiera lugar.
"Nosotros lo que hacemos en este y en casos generales es designar a un grupo de inspectores para que analicen lo que hipotéticamente ha podido suceder y por qué se ha podido producir una vulneración de principios básicos de seguridad en la custodia de documentos que potencialmente tenían mucha importancia", ha descrito.
En esta línea, ha hecho hincapié que lo que pretenden es que hechos de este tipo "no se repitan nunca en el futuro". Y ha precisado que, en el caso de que la investigación permitiera encontrar datos que "apuntaran" a una "persona en concreto", eso se pondría en conocimiento de Fiscalía, Policía y la conselleria respectiva. "Pero siempre tenemos la vocación de evitar que pasen cosas negativas" en el futuro, ha insistido.
El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, confirmó ayer la apertura de un expediente informativo para esclarecer si el trabajador estuvo consultando documentación sobre el Plan Eólico y añadió que apreciaba circunstancias "muy raras" porque los folios del archivo "estaban por encima, no dentro de las carpetas". No obstante, afirmó que no creen que el empleado pudo haberse llevado información.