Diputación de Valencia. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El interventor de la Diputación de Valencia concluye en su informe definitivo de auditoría de cumplimiento de la legalidad de los contratos de alta dirección que la designación de algunos directivos en empresas dependientes de la corporación provincial incumplieron la normativa. Concretamente, se refiere a Divalterra, Girsa y Egevasa. Considera, de este modo, que esos nombramientos "no responden a los principios constitucionales de acceso al empleo público de mérito y capacidad". Tampoco cree que "en los procedimientos de selección se haya garantizado la publicidad y concurrencia".
El informe se realizó después de que a finales del pasado año el interventor detectara que la corporación calculó de manera incorrecta parte de las indemnizaciones pagadas a seis de los altos cargos imputados en el caso Alquería –y destituidos en 2018 antes de que estallara–. Montante que asciende, en total, a 105.370 euros brutos y Divalterra les reclamó, aunque hasta el momento se han negado a devolver.
Los hechos provienen del 31 de marzo de 2018, cuando los directivos de la empresa pública que seguían en sus puestos de trabajo –tres se marcharon con baja voluntaria– fueron cesados en lo que se vendió como una reestructuración. Ante lo cual la Diputación les pagó el finiquito que, supuestamente, les correspondía. Solo tres meses después se conocía la investigación judicial abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ante las posibles irregularidades en la contratación de los altos cargos por parte de PSPV y Compromís. Una causa por la que se sentará en el banquillo el expresidente de la corporación Jorge Rodríguez y los cogerentes de Divalterra, entre otros.
Pero las cantidades que percibieron, de acuerdo con el interventor, fueron superiores a lo que disponía la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Esta advertencia, sin embargo, no alcanzó únicamente a lo sucedido en la empresa pública. La "mala praxis", reconoció, era posible que se hubiera replicado en el resto de entes. Motivo por el que anunció que llevaría a cabo un informe especial de control financiero de todos los contratos mercantiles y de alta dirección firmados por la Diputación y sus empresas desde la entrada en vigor de la citada normativa. El que ahora se presenta.
En él, sostiene que algunas retribuciones de directivos en Divalterra, Girsa y Egevasa fueron superiores a lo que correspondía. En el caso de Girsa, detecta excesos respecto a su gerente que ya han sido comunicados y se ha recomendado reclamar, mientras destaca que las retribuciones ya se han actualizado para 2021.
En Egevasa, donde todavía está pendiente de nombrar nuevo gerente, el interventor remarca el cese del anterior, Miguel Ángel Ferri, en noviembre de 2020. Se trataba, precisamente, de uno de los investigados del caso Alquería por haber sido contratado de manera irregular en Divalterra. El pago de su indemnización rebasa, según el informe, el máximo posible. En total, 7.000 euros por encima de lo que tocaba. En sus alegaciones, la propia empresa mixta participada por la Diputación y Global Omnium admitió este exceso e informó de que había reclamado la cantidad a su exdirectivo, pero éste se había negado. Después de que el acto de conciliación concluyera sin efecto, presentaron una demanda contra Ferri y la celebración del juicio se encuentra pendiente.
Junto a estas tres empresas, el informe menciona la institución Alfons el Magnànim, donde expone el exceso de una retribución de su director, Vicent Flor, por importe de unos 1.300 euros. En las alegaciones, muestra su colaboración para devolver la cantidad, pero pide un "calendario razonable" para hacerlo.
