Víctor Sahuquillo, Agustina Brines y José Luis Vera, en una imagen de archivo. Foto: DIVALVALÈNCIA. El cálculo incorrecto de las indemnizaciones a seis exdirectivos de Divalterra pasando por alto la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral de 2012 se debe, según el jefe jurídico de la empresa pública, a una "cadena de errores". De esta manera lo expresa José Luis Vera en un informe fechado el pasado 13 de noviembre sobre la polémica generada por los finiquitos que la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia reclama a sus altos cargos imputados en el caso Alquería.
El motivo es que éstos fueron destituidos en 2018 -antes de que estallara la operación- y las indemnizaciones que les pagaron en ese momento fueron de más importe del que correspondía. Concretamente, el montante asciende, en total, a 105.370 euros brutos que ahora les exigen.
El problema viene de julio de 2015, cuando en Divalterra se firmaron los contratos de alta dirección con unas cláusulas de indemnización por desistimiento empresarial -extinción del contrato por decisión unilateral de una de las partes por pérdida de confianza- que contradicen lo dispuesto en la mencionada norma. Esto quiere decir, según reconocía el propio interventor de la corporación provincial en otro informe publicado por Valencia Plaza, que tendrían que ser nulas (y, por lo tanto, eliminadas o no aplicadas). Sin embargo, no sucedió ninguna de las dos cosas.
El jefe jurídico de Divalterra explica en el documento que en la empresa pública se pactó una indemnización de 20 días por año trabajado en virtud del Real Decreto de 1985 que regulaba la relación laboral especial del personal de alta dirección. Pero posteriormente llegaron tanto el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 como la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral de 2012, en la cual se marcaban un conjunto de pautas para la contención del gasto en el sector público.
En una disposición adicional de esa norma se fija que la indemnización a estos altos cargos no supere los 7 días por año trabajado, a diferencia de los 20 días aplicados en Divalterra.
En conclusión, afirma Vera, la determinación efectuada en esta normativa es de obligatorio cumplimiento desde su entrada en vigor y "no deja lugar a dudas" desde su punto de vista. "Es imperativa y cualquier pacto en contrario es nulo", zanja. "Llegados a este punto, resulta obvio que nadie en la empresa ni en la Diputación ha advertido la existencia de dicha disposición adicional que alteraba los términos indemnizatorios", señala.
Tampoco el acuerdo alcanzado en el pleno de la Diputación de 2016 que clasificaba las entidades dependientes de la corporación provincial -recientemente modificado, como también dio cuenta este periódico,- y que propició la designación de los altos cargos en Divalterra que actualmente se investigan en el caso Alquería ante las sospechas de irregularidades.
"En definitiva", dice José Luis Vera, "se ha producido una cadena de errores donde no se advierte la existencia y necesaria aplicación de esta norma, y en esta situación es cuando tienen lugar los ceses" de los directivos, a los que se indemniza por encima de lo que la ley marcaba.
Esta circunstancia, destaca el jefe jurídico de la empresa pública, "conduce a la toma de decisiones errónea que habría que enmarcar en la doctrina de los actos propios del empleador" -en este caso la Diputación- "no imputable al trabajador". "Difícil sería", indica, la recuperación de esas cantidades que se pagó de más a los exaltos cargos porque el plazo para hacerlo es de un año.
Razón por la que Vera "aconsejaría, como mucho, una primera reclamación extrajudicial". Algo que se acordó hacer en el último Consejo de Administración de Divalterra con cartas ya preparadas para ser enviadas. En cualquier caso, añade el jefe jurídico, hay que tener en cuenta que tanto las indemnizaciones a los exdirectivos como la validez de sus contratos están siendo investigados en la causa de Alquería. De manera que, "dependiendo del resultado final del proceso, podría recuperarse hipotéticamente, si así lo acordara el tribunal, las cuantías que hubieran sido indebidamente pagadas", apunta en el informe.
Por lo tanto, concluye, "los fondos públicos se encuentran amparados y defendidos por el Ministerio Fiscal que interpuso la denuncia de la referida causa, sin que se requiera de mayor actividad por la empresa más que la máxima colaboración con la justicia como es el deber de cualquier entidad pública".
