El expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. Foto: KIKE TABERNERAnticorrupción afirma que los acusados siguieron "una política de claro desprecio al patrimonio público en plena crisis económica" e hicieron "caso omiso a la legislación
VALÈNCIA. El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, encargado del conocido como caso Alquería, ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y otros 14 excargos de PSPV y Compromís en la corporación provincial por las presuntas contrataciones ilegales en la empresa pública Divalterra. En el auto señala como órgano competente la Audiencia Provincial y requiere a los acusados el pago de fianzas para cubrir posibles responsabilidades civiles. El cálculo se ha realizado con la suma de los salarios percibidos por los directivos nombrados de manera supuestamente irregular más las indemnizaciones por despido en algunos casos (las cuales, cabe recordar, se pagaron mal).
El magistrado dicta esta decisión tras la solicitud de la Fiscalía y de las acusaciones populares (el PP y Acción Cívica contra la corrupción). En su escrito, Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para el actual alcalde de Ontinyent, pena que también hace extensiva a su exjefe de Gabinete en la corporación, Ricard Gallego, a su exasesor Manuel Reguart, al exgerente de Divalterra José Ramón Tíller y a la excogerente Agustina Brines. Igualmente, les pide 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público, incluyendo para el ejercicio de cualquier profesión que comporte asesoramiento jurídico o económico durante el tiempo de seis años.
Anticorrupción les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial. En total, se trataría de diez años de prisión, pero al encontrarse en concurso propone la imposición de una pena conjunta por el delito más grave en su grado máximo, lo que darían los ocho años.
La única motivación, según el fiscal, fue "la vinculación de los contratados a los dos partidos que gobernaban en la Diputación: Compromís y el PSPV"
Para algunos de los directivos contratados –Josep Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri Llopis , Salvador Femenía y Víctor Jiménez– la Fiscalía pide seis años de cárcel y doce de inhabilitación. Los considera autores de un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular y cooperadores necesarios de la malversación.
Por último, para el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda y para el excogerente de Divalterra Xavier Simó pide seis años de prisión y 20 de inhabilitación por los delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario, malversación y prevaricación.
El fiscal indica que Jorge Rodríguez, Manuel Reguart, Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tíller (PSPV) diseñaron "un sistema artificioso de áreas de dirección, costoso para la empresa pública e inútil e ineficaz para el cumplimiento de los fines públicos que realmente realizaba". Algo que respondía, en su opinión, a "una exclusiva voluntad de favorecer a los miembros, afines o simpatizantes a los partidos políticos, los cuales se estaban repartiendo las diferentes áreas en perjuicio del correcto y eficaz funcionamiento que debe presidir la gestión de una empresa pública".
Mantiene, en este sentido, que los acusados, "sin sujetarse a la normativa de contratación pública" e "incumpliendo lo dispuesto en los estatutos", dispusieron y formalizaron el nombramiento como personal de alta dirección de siete personas "sin sujetarse a los principios de publicidad, mérito, transparencia y capacidad, y sabedores de que iban a suponer tan solo coste salarial a la empresa". Contrataciones que realizaron los gerentes Tíller y Brines "careciendo de la capacidad legal, obviando las funciones del Consejo de Administración que es el único órgano que puede realizarlas y no existiendo ningún expediente de contratación, informe de necesidad, ni solicitud de existencia de crédito o consignación presupuestaria". La única motivación, añade, fue "la adscripción o vinculación de los contratados a los dos partidos que gobernaban en la Diputación: Compromís y el PSPV".
"Siguiendo una política de claro desprecio al patrimonio público y en plena crisis económica", continúa Anticorrupción, "hicieron caso omiso a la legislación dictada para evitar el descontrol de las empresas públicas". En especial, menciona, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, que establece que las sociedades mercantiles públicas, como es el caso, no podrán proceder a la contratación de nuevo personal, salvo casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en cuyo caso se podrán llevar a cabo contrataciones temporales.
Pese a ello, comenta la Fiscalía, se formalizaron por parte de Brines y Tíller, con el conocimiento y asentimiento de Jorge Rodríguez y su asesor Manuel Reguart, hasta siete contratos de alta dirección. Sin que las personas nombradas, añade, hayan ejercido "ninguna función directiva dentro de la sociedad" ni tuvieran "capacidad real para obligar a la misma en ningún contrato, ni en materia financiera, ni facultades generales de representación".
En cuanto a Ricard Gallego, Anticorrupción destaca que asistía a los consejos de administración de Divalterra "pese a carecer de competencias" tras ser nombrado jefe de Gabinete del presidente de la Diputación en febrero de 2016. Hace hincapié sobre todo en el del 15 de noviembre de ese año, cuando "puesto al día de las contrataciones efectuadas y de la distribución de áreas para justificar las mismas", siguió "las órdenes de Jorge Rodríguez y mandó callar al auditor interno Alejandro Muñoz" porque el informe que presentó "ponía en evidencia la gestión adecuada de los fondos públicos". "Al objeto de amedrentarle", señala el fiscal, "le dijo que se callase llamándole repetidas veces 'hijo de puta'".
En la actualidad, las funciones de auditor interno se encuentran vacantes después de que el de ese momento y a la vista de lo que sucedía, abandonara la empresa en diciembre de 2017.
Con posterioridad a esos nombramientos y "a sabiendas de la ilegalidad cometida y buscando torticeramente una cobertura jurídica", apunta Anticorrupción, Rodríguez propuso al pleno de la Diputación de Valencia la clasificación de Divalterra en el Grupo I, lo cual fue aprobado pese a que no le correspondía. Clasificación que, de hecho, sigue manteniendo a día de hoy.
Del mismo modo, indica, "ocultaron los informes jurídicos desfavorables a esos contratos" a los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública y, "con la intención de controlarla para sus fines partidistas y evitar cualquier disidencia que se pudiera manifestar", crearon el denominado Consejo de Dirección, para "sustituir de hecho a la voluntad" del primer órgano.
En él se nombró a Jorge Cuerda letrado asesor y funcionario para asistir a Rodríguez, al igual que nuevo gerente a Xavier Simó.
El fiscal, como responsabilidad civil, pide a Rodríguez, Gallego, Reguart y Brines que indemnicen conjunta y solidariamente a Divalterra con 1.009.000 euros, a Tíller con 1.001.000; con 8.200 euros a Cuerda y Simó; y los contratados según sus salarios e indemnizaciones.
Tras conocerse la apertura de juicio, Ciudadanos pidió la dimisión de Rodríguez como alcalde de Ontinyent, al igual que ya lo hizo el PP semanas atrás. Los diputados provinciales Rocío Gil y Jesús Gimeno indicaron que la petición de penas "denotan la gravedad de los hechos". La formación naranja también solicitó en Burjassot al gobierno municipal que apartara a Agustina Brines del CEMEF de manera preventiva.
