VALÈNCIA. Es el momento. Además de un lema de campaña empleado en 2015 (#EsElMoment), se ha convertido ahora, en época de pandemia y transformación, en el motivo perfecto para cambiar el rumbo de algunas políticas. Al menos para la edil de Vivienda y Bienestar Social de València, Isa Lozano (València, 1974), quien encuentra en esta coyuntura "el mejor momento" para poner en marcha muchas medidas en su área, como por ejemplo activar un programa de compra de vivienda pública por parte del Ayuntamiento de València.
Pero también "es el momento" para regular el precio de los alquileres, insiste: "Ahora que hay menos presión de los precios del alquiler y de los fondos de inversión, es el momento de marcar los precios de una vez por todas y no dejar que vuelva la normalidad". Para la concejala de Vivienda, las ayudas al alquiler son necesarias pero "son un parche" porque no solucionan el problema de los elevados alquileres, por lo que admite que no son una política que le guste especialmente, si bien hay que hacerla, apostilla.
En el terreno social, una de las circunstancias que se ha evidenciado con la pandemia del coronavirus es la lista de espera en muchos servicios sociales como la atención domiciliaria o la teleasistencia. Lozano admite que precisa de más presupuesto. Los contratos tienen dos años de vigencia y ya se están preparando unos nuevos, si bien incide en que "con el envejecimiento de la población es difícil" alcanzar una situación sin listas de espera: "Son contratos que siempre tendrán que crecer", apunta.
Sobre las acusaciones del PP de querer silenciar a los funcionarios por una instrucción en la que prohibía a los empleados públicos hablar con medios sin permiso de la concejalía, Lozano insiste este "es el funcionamiento normal" esperable "en cualquier institución", y que ya se venía aplicando siempre. "La única diferencia", explica, "es que está explicitado negro sobre blanco" y acusa a los populares de "torcer la realidad para que parezca una cosa monstruosa y escandalosa".
Sobre muchas de estas cuestiones conversa con Valencia Plaza vía telefónica.
- Dijo en el pleno que estos servicios, aunque los dotes con más presupuesto, al cabo de los años siempre se queda corto.
- Claro. Estos contratos tienen una duración de dos años más dos posibles prórrogas. Depende de la demanda, pero las prórrogas quizá no las gastamos y a los dos años hace falta evaluar el servicio atendiendo a las listas de espera. Si tienen un nivel correcto, se puede prorrogar porque sacar un contrato así cuesta mucho. Pero ahora no vamos a gastar las prórrogas.
- Con esta crisis, mucha gente puede quedarse sin casa. ¿Se ha pensado en alguna iniciativa además de las que ya hay en marcha?
- Hay muchas cosas en estos momentos. Por un lado, existe una línea de ayudas al pago de alquiler. Tenemos las ordinarias de la Conselleria y la nuestra, que queríamos sumar a la de la Conselleria este año pero no hemos podido por tema de plazos. El año que viene mantendremos nuestra dotación y la sumaremos a la de la Conselleria. Por otro lado, se encuentran las ayudas al pago del alquiler de la Conselleria por el Covid-19, para personas que se han quedado sin trabajo o sin ingresos.
A parte, lo que queríamos poner en marcha y lo haremos ahora con más ganas y motivos es el programa de reforma y alquiler, el programa Reviure. Se da una ayuda al propietario para reformar la vivienda y que esté en condiciones, elegimos a las familias y hacemos de intermediarios: pagamos un seguro y quitamos esa desconfianza. Otra línea es la compra directa de vivienda. Es el mejor momento para hacerlo. Se supone que la crisis va a provocar, al menos momentáneamente, una bajada de los precios. Todo ello además de alguna operación concreta de cesión de uso, venta de algunas parcelas, etcétera.
- Una de las medidas de la concejalía hasta junio es la bonificación general del alquiler de las viviendas municipales. Algo que también ha hecho la Conselleria, mientras que la empresa municipal Aumsa ha optado por hacerlo sólo a los afectados por la crisis -despidos, ERTE, falta de ingresos, etcétera-.
- Lo que hemos hecho nosotros es para lo que consideramos vivienda social, que no es lo mismo que las viviendas de Aumsa, que es vivienda asequible, es otro perfil. La nuestra es de un perfil muy bajo y unos alquileres en muchos casos simbólicos. Por eso la Conselleria lo hizo en su parque y nosotros en el nuestro, porque es un parque similar de vivienda. También hemos puesto en marcha un número de atención telefónica de vivienda en el que se han registrado 1.992 llamadas desde el 9 de abril. La mayoría de ellas por problema de pagar el alquiler.
Hablábamos antes de las ayudas al alquiler. Creo que son un parche, no es una política de vivienda que a mí me guste especialmente porque estás contribuyendo a que se mantengan unos precios que no son razonables. Pero tenemos que hacerlo. Y no hay que abandonar la idea de regular el precio del alquiler, como se ha anunciado. No estoy de acuerdo en ese sentido y aprovecho para decirlo. Es el momento de hacerlo, igual que es el momento para peatonalizar las ciudades precisamente porque hay menos tráfico.
Ahora que hay menos presión de los precios del alquiler y de los fondos de inversión, es el momento de marcar los precios de una vez por todas y no dejar que vuelva la normalidad. Esa normalidad que no queremos que vuelva en relación a los precios del alquiler, que eran excesivas. Espero que se pueda retomar esa medida o tendremos que presionar políticamente también.
- El conseller de Vivienda dijo hace unos días que quiere ceder a los ayuntamientos el derecho de tanteo para vivienda pública autonómica: el Ayuntamiento tendría derecho a comprar estas viviendas cuando finalice el alquiler. ¿Tiene la intención de hacer uso de esta herramienta?
- Me parece fantástico, evidentemente. Si me aseguro que una parte de la vivienda que compro es de la Conselleria, es cuestión de estudiarlo, pero estamos de acuerdo. Muchas veces, como en Bloques Portuarios, tanta vivienda de diferentes propietarios, es muy difícil de planificar. En principio, es una buena noticia.
- También está preparando un decreto para permitir a los ayuntamientos interceder cuando una vivienda se vaya a venderse a un fondo buitre. ¿También le parece bien?
- Sí, aunque hace falta ver cómo se concreta. Dicho así, no sé qué significa. Pero todo lo que sea utilizar herramientas legales para limitar la capacidad de acción de fondos buitres, especialmente para un uso económico como son los pisos turísticos, nos parece bien. El derecho a la vivienda es fundamental y las ciudades con esta presión turística no podemos perder vivienda residencial al ritmo que se estaba perdiendo. Aunque no todo el problema de la vivienda son los apartamentos turísticos.
- Entrando en el terreno de Bienestar Social, han habilitado el uso de dos polideportivos durante esta crisis para personas sin hogar. ¿Se están utilizando ambos?
- A iniciativa del Ayuntamiento, hay espacios que se han conveniado con entidades sociales. Y esos son dos espacios municipales: Petxina I -la residencia de deportistas de élite-, Petxina II -la pista de básket-, y además tenemos el polideportivo del Cabanyal, que fue habilitado por el Ejército y que no se ha utilizado. Lo tenemos ahí por si hace falta, pero atendiendo a la demanda de recursos... El día 30 de abril se hizo la última entrada de 45 personas en Petxina II. Nos ha costado tener a toda esa gente porque hay una casuística muy diversa y una parte de la gente que está en la calle no quiere entrar. Y menos aún en un espacio en el que vas a estar confinado y no puedes salir. Mucha gente no quiere entrar y mucha no aguanta. Estamos ya en la última fase, se llenó ya Petxina II y no vamos a utilizar el polideportivo del Cabanyal, que tenía 80 plazas. También hemos puesto en marcha ayudas de emergencia social. Hemos dado 4.704 ayudas por valor total de 1,7 millones de euros.
- ¿Cómo se podría hacer que estas personas entraran? No se les puede obligar.
- Evidentemente. Ya lo dijimos en el pleno. No tenemos habilitación legal por parte del Ministerio del Interior para hacer un confinamiento forzoso, y habría sido problemático tenerlo porque retener a una persona contra su voluntad en un recurso hubiera sido un problema. En una situación normal, tampoco. Todas las intervenciones sociales han de contar con la voluntad de la persona. Si no, es un fracaso, como ir al psicólogo si crees que no tienes un problema, no ayuda en nada. Con esas personas, se hace trabajo de calle. Aquí hay que destacar el papel de las entidades. Esto es una simbiosis y nos necesitamos mutuamente. Siempre habrá alguna persona que esté en la calle, y especialmente en las grandes ciudades. Es un fenómeno que está ahí.
- Durante esta crisis se ha visto que la colaboración entre las empresas y la administración ha funcionado, también en el ámbito de servicios sociales. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que se puede ir más allá en el día a día en esta relación?
- Muchísimo más. Hemos tenido experiencias este mandato ya. Por ejemplo, cuando habilitamos tres pisos para víctimas de violencia de género. Hubo una colaboración con las federaciones del mueble, ferretería, del hogar... Nos vistieron las tres viviendas con sus productos gracias a un convenio. Desde el dispositivo de Valencia Inserta también trabajamos esa colaboración mediante la inserción laboral de colectivos en exclusión. Estamos consiguiendo que las empresas convenien con nosotros para hacer esa apuesta. Hay mucho prejuicio y miedo para dar ese paso, pero luego cuando lo dan, están muy satisfechas. Ahora, en situaciones de este tipo, las empresas y entidades se fijan más en esa parte social y quieren colaborar y estar ahí. Es una práctica que deberíamos mantener a lo largo del año, no sólo durante el estado de alarma. Es la responsabilidad social que tenemos todos, empresas y particulares.
- ¿En estas semanas se ha notado alguna disfunción entre algunas concejalías como Bienestar Social y de Personas Mayores al estar separadas?
- Sí, en realidad, lo que llamamos servicios sociales va más allá de la concejalía de Bienestar Social en la estructura actual del Ayuntamiento. Está la concejalía de Envejecimiento Activo, la de Cooperación y Migración, e incluso la de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI. Las cuatro delegaciones son servicios sociales. ¿Disfunciones? Bueno, estamos viendo cómo los contratos de servicio de atención domiciliaria, que siempre los ha hecho la concejalía de Bienestar Social, ahora los ha ampliado la de Envejecimiento Activo al haberse cerrado los centros de día. Aquí se ve que somos lo mismo. Podríamos estar juntas, o también separadas. Una ciudad con estas dimensiones, quizá también necesita trocear el concepto de servicios sociales por toda la población que hay que atender. Mientras haya coordianción y un objetivo común...
- Es cierto que hay listas de espera en algunos servicios sociales como en la teleasistencia, 'Menjar a casa',... ¿Hace falta más presupuesto?
- Sí, evidentemente. Estamos trabajando en eso. Los contratos tienen unos años de vigencia y ya estamos preparando los nuevos para atender la demanda. El de teleasistencia, el de 'Menjar a casa' y el de atención domiciliaria. Este último es el más potente y el que más necesita recursos.
- Dijo en el pleno que estos servicios, aunque los dotes con más presupuesto, al cabo de los años siempre se queda corto.
- Claro. Estos contratos tienen una duración de dos años más dos posibles prórrogas. Depende de la demanda, pero las prórrogas quizá no las gastamos y a los dos años hace falta evaluar el servicio atendiendo a las listas de espera. Si tienen un nivel correcto, se puede prorrogar porque sacar un contrato así cuesta mucho. Pero ahora no vamos a gastar las prórrogas.
- ¿Se puede llegar a un momento en el que no haya listas de espera?
- (Suspira) Con el envejecimiento de la población es difícil. Puedes tener un equilibrio. Hay gente que fallece o que se da de baja al ser atendidos por familiares, o que mejora su situación. También puede pasar a ser gran dependiente y necesitar un recurso residencial. Pero es difícil tener ese equilibrio, y más ahora que vivimos cada vez, más. Son contratos que siempre tendrán que crecer. Igual llegamos a un punto de equilibrio, no lo sé. Lo veremos en los próximos años.
- El PP hizo pública la semana pasada una instrucción de la concejalía en la que no les permitía hablar en nombre del Ayuntamiento si no pasaban antes por el gabinete de comunicación. ¿Se está intentando silenciar críticas?
- No. Este es el funcionamiento normal de cualquier servicio. Ahora la única diferencia es que está explicitado negro sobre blanco precisamente porque estábamos en una situación de mucha demanda de medios de comunicación, especialmente para entrar en los recursos residenciales del Ayuntamiento. Al principio fuimos más flexibles pero ha llegado un momento en el que desde el sistema sanitario se nos dijo que eso podía ser problemático y que debíamos restringir el acceso. Siempre que un medio ha contactado con un funcionario directamente, se ha informado al servicio y nosotros a través del gabinete de prensa, hemos canalizado la información. Es el mecanismo normal, esperable en cualquier institución o empresa. Lo veo como una maldad, quieren [el PP] torcer la realidad para que parezca una cosa monstruosa y escandalosa, pero es el procedimiento normal. Entre las funciones de los funcionarios no está la de hacer declaraciones a los medios de comunicación.