El TSJCV desestima el recurso de la Generalitat y mantiene la anulación de las tarifas de la ITV 

VALÈNCIA. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra el auto de esta misma sala que anuló el cuadro tarifario de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat que aprobó la administración valenciana en mayo de 2019. 

El Alto Tribunal considera que la finalidad del Consell con los nuevos precios fue "eludir el cumplimiento "de una sentencia de 2017 que obligaba a subir las tarifas. Asimismo, señala que los precios aprobados por el Consell que preside Ximo Puig son "prácticamente idénticos a los anulados". Unos argumentos que ya esgrimió en el auto que anuló las tarifas aprobadas en mayo de 2019 .

La Generalitat Valenciana recurría esta decisión argumentando que sus tarifas "se ajustan a las premisas de la sentencia" y  asegurando que no se acreditaba, como consideraban los magistrados, que esa rebaja "se haya dictado para eludir el cumplimiento de la sentencia". No obstante, el Alto Tribunal desestima este recurso y mantiene la anulación del cuadro tarifario. Un nuevo varapalo judicial para el ejecutivo valenciano que, sin embargo, podrá recurrir ante el Tribunal Supremo.

Desde la Conselleria de Economía, responsable de esta materia, explican a Valencia Plaza que todavía no se les ha notificado esta decisión, pero que cuando así sea, "estudiarán la presentación de un recurso".

Era hace unos meses cuando los magistrados de esta sala del TSJCV tumbaban los precios que fijó el Consell, unas tarifas que implicaban un ligero aumento en el precio para los vehículos de gasolina y que tuvo que aprobar en 2019 al no poder prolongar más tiempo la inejecución de la sentencia de 2017. Una decisión judicial que, en caso de ser finalmente firme, supondrá la subida de las actuales tarifas y abre la puerta a nuevas indemnizaciones millonarias para las concesionarias, que cifran el perjuicio económico de la larga batalla judicial con la Generalitat en unos 80 millones de euros.

Larga batalla judicial

El conflicto se remonta a 2014 cuando el ejecutivo autonómico, liderado entonces por el 'popular' Aberto Fabra, modificó las tarifas vigentes entonces, aprobadas en 2009, rebajando sustancialmente las cuantías de emisiones de gases contaminantes y ruido. Así, por ejemplo en este último caso se pasaba de 9,3 euros la primera inspección a 2,48 en 2014, mientras que la segunda o sucesiva bajaba de 6,48 euros a 1,86 en 2014. 

La empresa Applus Iteuve recurrió esta rebaja ante el TSJCV que estimó parcialmente su recurso y anuló la bajada de las tarifas de emisiones y ruido aprobadas por el Consell en 2014 por falta de un informe económico que justificase el cambio obligando, por tanto, a volver a restituir los precios de 2009.

El Tribunal Supremo confirmó este fallo, pero la modificación de los precios no se produjo. Fue en mayo de 2019 cuando el Consell de Ximo Puig, obligado por esta decisión judicial, aprobó un nuevo cuadro tarifario que, según el tribunal, sigue sin cumplir con lo exigido. De hecho, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV (Aecova) consideraba que los precios fijados por la Conselleria de Economía "no cumplían" con la sentencia y suponían "tarifas más bajas que antes". Ahora habrá que ver si finalmente el Consell decide gastar su último cartucho y recurrir la anulación de sus tarifas ante el Supremo que será el que tendrá la última palabra.