VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha tirado la toalla para tratar de que Abengoa (ABG) domiciliara su sede social en València. El pasado 17 de diciembre, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) inició un procedimiento de contratación del servicio de análisis financiero de Abenewco 1, la sociedad que agrupa los principales negocios y activos de la cotizada sevillana que sigue suspendida en bolsa desde julio de 2020. Lo hizo para analizar las posibilidades de inyectar liquidez en ABG, que sigue buscando 20 millones de euros para evitar la quiebra, a través del Fondo Valenciano de Resiliencia mediante un procedimiento abierto simplificado. Una operación con la que el IVF agotaría dicho fondo como contó Valencia Plaza el pasado 1 de diciembre.
El organismo presidido por Manuel Illueca fijó en el 7 de enero de este año el plazo de presentación de proposiciones, que no ha recibido oferta alguna. Y no solo eso sino que el IVF reconoce que tras los cambios en las últimas semanas en ABG, con la destitución incluida del que fuera presidente Gonzalo Urquijo que sigue siéndolo de Abenewco 1, "se han evidenciado dudas acerca de la continuidad de la operación que motivó la presente licitación".
Según la información a la que ha tenido acceso este diario, "las dudas acerca de la continuidad de la operación aconsejan desistir del presente procedimiento a la espera de mayor concreción en el mismo a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014".
El apartado 1 del citado artículo 28 dispone que "las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas” por lo que por prudencia y dada la ausencia de oferentes en el procedimiento resulta aconsejable desistir del procedimiento.
De este modo se pone fin a poco más de dos meses desde que ABG llamara a la puerta de la Generalitat Valenciana para tratar de conseguir esos 20 millones de euros y no tener que ir a la quiebra. Fue el pasado 26 de noviembre, cuando la compañía entonces presidida por Gonzalo Urquijo -que sigue siéndolo de Abenewco 1- entabló conversaciones con el Ejecutivo de Ximo Puig, según adelantó entonces la Cadena Ser. Y desde entonces ABG no solo no ha logrado la financiación necesaria para evitar ir a concurso sino que ha vivido no pocos cambios en su estructura (y situaciones estrambóticas) de una cotizada que buscaba el auxilio financiero del Gobierno de Ximo Puig a cambio de trasladar su sede social.
Todo ello con los accionistas minoritarios (Abengoashares) haciéndose fuertes y controlando el 11,55% del capital de la multinacional andaluza, a través del pacto de sindicatura de acciones que han suscrito. Los mismos que se quedaron de piedra al ver como uno de los tres consejeros propuestos por ellos mismos en el nuevo consejo de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, lejos de no renunciar a la presidencia en favor de Clemente Fernández -el expresidente de Amper que querían poner los minoritarios y así lo habían pactado- la aceptó.
Un consejo que tiene claro que el plan de refinanciación es la "única solución" para ABG y su grupo; mientras manifestó a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "es esencial mantener la paz social del grupo, empleados, proveedores, acreedores, y por supuesto, accionistas de Abengoa, y en este sentido, se compromete a seguir dedicando sus mejores esfuerzos en favor de los accionistas de Abengoa".