Javier Biosca: «Detectar si un concejal recibe un sobre es casi imposible»

VALENCIA. A Javier Biosca, presidente de Cosital (Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración en Valencia), no le resulta sencillo explicar en qué consiste su trabajo cuando está con amigos. Las responsabilidades de estos profesionales pasan por prestar asesoramiento legal a los órganos administrativos, pero también por fiscalizar su contabilidad. Tras los últimos escándalos, muchos le preguntan por qué no detectaron el baile de sobres. «Tenemos una posición privilegiada para evitar que la práctica administrativa del Ayuntamiento sea incorrecta, pero detectar si alguien cobra una comisión o un soborno es casi imposible», explica.

—Entonces, ¿era imposible alertar de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Valencia?

—Era muy difícil. También es cierto que en el momento en el que nos encontramos se práctica administrativa que no lo eran para nada. Por un lado, hay una precariedad enorme en la función pública, que está concebida para ser independiente del poder político. La realidad es que el porcentaje de interinos es muy elevado, incluso en puestos de mucha responsabilidad, y esto hace que se pierda parte de la autonomía por no tener el puesto garantizado. Por otra parte, la propia normativa no acaba de cerrar el círculo. Los compañeros de los ayuntamientos están emitiendo reparos en contra de determinados contratos, pero eso sólo tiene efectos suspensivos en contadas ocasiones. Y el alcalde puede saltárselo perfectamente.

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—En caso de detectar una grave irregularidad, ¿pueden acudir a la Justicia?

—La opinión pública tiene una sensación de criminalidad generalizada ahora, pero hay muchos procesos judiciales que se van a quedar en nada. El hecho de que no se siga un procedimiento no implica que tenga una connotación penal, a veces es sólo administrativa. Nosotros elevamos los reparos a la Sindicatura de Cuentas, y si ellos detectan que puede haber algo más en el fondo, sí que se encargan de ampliar la información y trasladarla a Fiscalía. De los casos más flagrantes, nosotros mismos podemos alertar a la Justicia, pero como cualquier ciudadano.

—¿La gente les responsabiliza por no haber cumplido con su papel?

—Puede haber cierta demagogia en el tema. Pero detectar si un concejal recibe un sobre, si un funcionario facilita una adjudicación... es muy complicado. También deben saber que hemos dado un salto importante y que incluso la Justicia nos ha pedido colaboración, porque no tiene la especialización necesaria para juzgar procedimientos de aplicación a las entidades locales. Por eso estamos designando peritos para ayudar en determinados casos.

—No es fácil fiscalizar a la misma Administración para la que se trabaja. ¿Reciben presiones?

—Claro, hay presiones, tensiones. Los compañeros que dan el salto y se oponen frontalmente a determinadas cuestiones tienen que estar psicológicamente preparados porque van a tratar de someterlos y van a convertirse en los malos de la película. Incluso hay parte de las retribuciones que dependen del alcalde. Todo esto sucede porque la normativa no acaba de dar el peso que corresponde al control interno y lleva sin actualizarse desde el año 88. Seguimos estando cada compañero en su pueblo, haciendo lo que puede, porque nosotros no tenemos una estructura jerarquizada.

—Alguno habrá que ceda a la tentación de pasarse al lado oscuro...

—Claro que sí. Pero como la inscripción en Cosital es voluntaria, nosotros tampoco podemos hacer mucho cuando lo detectamos, más allá de abrir un expediente disciplinario. Son funcionarios y dependen de la Administración. Hemos insistido mucho en los procesos de cubrir los puestos, que se convoquen oposiciones, porque de lo contrario se dan concursos particulares donde el Ayuntamiento decide unos méritos específicos y, entre comillas, beneficia a alguien. Desde 2011, hemos impugnado innumerables bases porque atentaban contra el principio de igualdad.

—¿Qué es lo más asombroso que ha llegado a ver en su carrera?

—Me parece surrealista la Administración paralela que se ha creado con concejales liberados y con asesores que actúan al margen de los procedimientos legales. Se le ha ido quitando peso a los funcionarios, a los profesionales. De repente veías que se creaba una fundación de cultura, y ahí había un asesor contratado, que es algo que va completamente contra la ley, porque encima no cumplía ningún estándar de calidad, de profesionalidad, de formación... Eran designaciones por parentesco o por simpatía. Ahora se ha puesto cierto coto, pero aun así me parece que hay excesiva politización de la Administración.

—Las cajas fijas han dado muchos titulares últimamente. ¿Se pueden controlar?

—En las pequeñas corporaciones, apenas se utilizan, tienen más que ver con las administraciones autonómicas para gastos de carácter periódico o menor. Eso, a priori, no está sometido a fiscalización. Por mi experiencia concreta en el municipio donde trabajo hemos ido reduciéndolas. Cuando había una Administración que pagaba muy mal a los proveedores, a veces  eran un medio necesario para disponer de efectivo con rapidez, pero en este momento se paga bien y cada vez tienen menos sentido. De alguna manera crean un agravio comparativo al salirse del procedimiento ordinario. La solución es clara: reducirlas al máximo, a lo estrictamente necesario.

—¿Es cierto que son los funcionarios mejor pagados de los ayuntamientos?

 —También somos los funcionarios de mayor responsabilidad y mayor formación, así que es obvio. Pero insisto, hay un grupo de funcionarios designados por libre en las grandes corporaciones que cobran retribuciones muy elevadas, frente a los funcionarios habilitados que cobran muchísimo menos. A veces se nos mide con el mismo rasero, y nada más lejos de la realidad. Estamos siendo retribuidos como unos profesionales de primer nivel, pero no creo que haya situaciones escandalosas para nada.

(Este artículo se publicó íntegramente en el número de julio de la revista Plaza)