Bravo reactiva las obras de reforma del Palacio de Justicia 15 meses después de romper con Tragsa

VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo retomó este lunes los procedimientos para reformar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) después de más de un año de parálisis. La Plataforma de Contratación del Estado publicó este lunes una licitación de 293.856 euros -IVA incluido- para iniciar las "obras de demolición, catas, ensayos y sondeos" en el inmueble con el objetivo de conocer su estado actual antes de iniciar la propia reforma del céntrico edificio de València declarado BIC en 1982. 

La redacción del proyecto de estas actuaciones previas fue encargado a Tragsa, que en el documento especifica que el objetivo de estas obras de "demolición, excavaciones arqueológicas y demoliciones de tabiques y falsos techos sin valor patrimonial" tienen como finalidad conocer "la evolución histórica y el estado en el que se encuentra el inmueble y mejorar el conocimiento de los valores patrimoniales que definen el edificio" de modo que se pueda intervenir posteriormente de manera "correcta en el proyecto de adecuación funcional" del TSJCV. "Todo ello sin alterar los elementos estructurales que determinan su estructura, ni los elementos constructivos de gran valor patrimonial", especifica el objetivo del pliego. 

Tragsa determina que el edificio está "gravemente deteriorado tanto a nivel constructivo como compositivo", por lo que necesita una intervención "urgente" para, entre otras actuaciones, "eliminar viviendas del presidente y fiscal" o incorporar "todas las instalaciones de seguridad y anti intrusismo" que requiere el inmueble. La mayor parte de las actuaciones, especifica, se deberán realizar en la planta baja y requiere del visto bueno de Cultura y Patrimonio. La empresa que finalmente resulte adjudicataria deberá realizar los trabajos en un plazo máximo de tres meses. 

Por el momento, la mesa de contratación encargada de adjudicar las obras de este proyecto ya fue constituida el pasado mes de marzo. El órgano estará presidido por el secretario general administrativo, Juan Carlos Guillén Hurtado, y el presidente suplente será José Ignacio Casar Pinazo, nuevo subdirector general de Infraestructuras y Mantenimiento de las Sedes Judiciales. La consellera de Justicia ha nombrado a Casar Pinazo al frente de Mantenimiento de Sedes Judiciales después de que en mayo de 2019 el exdirector del Museo de Bellas Artes de Valencia fuera apartado de su puesto al reincorporarse a su puesto tras cogerse una baja por enfermedad.  

15 meses de parálisis

La reforma del TSJCV fue el proyecto estrella de la Conselleria de Gabriela Bravo en la pasada legislatura. Sin embargo, las obras del edificio nunca llegaron a iniciarse. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el encargo efectuado por el departamento de Bravo a favor de la empresa Tragsa para efectuar los trabajos de remodelación. 

La resolución por la que se anuló la adjudicación atendía a los argumentos de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), cuyo presidente Francisco Zamora acusaron al Consell de adjudicar "a dedo" a la empresa de logística la redacción del proyecto y la ejecución de las obras cuya dotación prevista era de 25 millones de euros repartidos entre el 2019 y el 2021. 

El revés administrativo, como ya avanzó Valencia Plaza, retrasaría la reapertura de la sede judicial de València como mínimo un año, lo que conllevaba mantener el alquiler de la nueva sede provisional del órgano judicial al menos 12 meses más. Dicha demora supondrá un gasto para el erario de 360.000 euros por cada año de retraso sobre lo previsto, ya que el alquiler es de 30.000 euros al mes.