La AIReF insiste en pedir un plan financiero a Ribó pese a que ha cumplido el Plan de Ajuste

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València debe presentar un Plan Económico Financiero (PEF) a la Generalitat o bien explicar de una vez por todas por qué se niega a cumplir esta obligación que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El motivo es que en 2017 incumplió la regla de gasto y la ley obliga a las instituciones que gasten más de lo debido a presentar un PEF, como le viene recordado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al alcalde Joan Ribó al menos desde mayo de 2018.

"El Ayuntamiento de Valencia tiene un Plan de Ajuste con compromisos de superávit hasta 2022 que ha incumplido en 2017, además ese año incumplió la regla de gasto por lo que está pendiente de aprobación de un PEF que debe ser coherente con la planificación de su Plan de Ajuste", afirmaba entonces la AIReF.

Pese al tiempo transcurrido y a que el Ayuntamiento ha cumplido por anticipado el Plan de Ajuste por el que desde 2012 se sometía al control del Ministerio de Hacienda, la institución que preside José Luis Escrivá se lo ha reiterado esta Semana Santa, públicamente en el Informe Complementario sobre Presupuestos Iniciales de las Corporaciones Locales 2019 y en privado, mediante correo electrónico enviado al propio Ribó el 15 de abril. 

En la misiva, le da otro mes de plazo -después de haber incumplido de forma reiterada su obligación- para comunicar a la AIReF su intención de cumplir su recomendación de presentar un PEF o bien los motivos por los que no la va a cumplir. Es decir, la AIReF admite que no se cumpla siempre que se haga de forma razonada. Lo que no admite es el silencio por respuesta.

El Informe Complementario señala que son dos los grandes ayuntamientos españoles que, habiendo incumplido la regla de gasto en 2017, han incumplido su obligación de presentar un PEF: València y Gijón. Según la AIReF, "estos ayuntamientos tenían que haber presentado un PEF por incumplimiento de la regla de gasto en 2017, habiendo sobrepasado ampliamente los plazos legales para su aprobación a la fecha de elaboración -febrero de 2019- del Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos para 2019".

El organismo independiente que evalúa la ortodoxia presupuestaria de las administraciones destaca que la falta de este PEF le ha impedido valorar si los ayuntamientos de València y Gijón han cumplido o no la regla de gasto en 2018.

Vilar asegura que no es necesario

En declaraciones a Valencia Plaza, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, se mostró contrariado por la insistencia de Escrivá y aseguró que le responderá por escrito. Según el edil socialista, el PEF no es necesario, ya que el Ayuntamiento ha cumplido todas sus obligaciones, incluida la de la regla de gasto, como demuestra que hace pocos meses haya abandonado la tutela del Ministerio de Hacienda debida al Plan de Ajuste puesto en marcha en 2012.

Debido a ese Plan, las cuentas del consistorio han estado sometidas al control ministerial trimestralmente, con férreas limitaciones en la autonomía financiera como la imposibilidad de crear organismo o la obligación de generar superávit para destinarlo a la amortización de deuda. Una deuda que entre 2015 y 2018 se ha reducido a la mitad.

La AIReF, de hecho, reconoce que en 2017 el ayuntamiento finalizó el año con un superávit destacado -del 14% sobre los ingresos no financieros-, como también ocurrió en 2018, pero pide que se aplique la ley de Estabilidad de forma literal. Y esa ley obliga a presentar un PEF a las administraciones que incumplan la regla de gasto.

De hecho, en el Informe Complementario, la AIReF reprocha al "órgano de tutela" del Ayuntamiento, que es la Generalitat valenciana, que no hay puesto en marcha las medidas coercitivas previstas en los artículos 25 y siguientes de la ley para aquellas administraciones que incumplan la obligación de presentar un PEF.

Es muy improbable que la Generalitat ponga en marcha estas medidas, que implicarían prácticamente la intervención de las finanzas municipales, que por otra parte han estado sometidas entre 2012 y 2018 al férreo control del Ministerio debido al Plan de Ajuste.