La amarga verdad de la corrupción

"Nuestros Gobiernos —va para 17 años que el PP está en el poder— son responsables en gran medida de la vergüenza que padecemos. Pero no son los únicos. Cómplices suyos han sido los empresarios que callaron, los profesores universitarios que justificaron sus despilfarros, los profesionales liberales que les adularon y los periodistas obsecuentes, domesticados y venales a los que nunca se les escuchó ni se les leyó una palabra de crítica por tanto desvarío. La sociedad civil dimitió de su condición y así hemos llegado hasta aquí" (Josep Torrent, El País, 21-1-2012).

El maestro de periodistas fallecido esta semana no sólo no calló ante la corrupción, sino que periódicamente ponía de relieve la complacencia de la sociedad civil valenciana, ahora escandalizada pero durante tantos años muda, que no sorda ni ciega, hasta el punto de regalar mayorías absolutas a los autores de la ignominia. "Pues amarga la verdad", se titulaba aquel artículo del bueno de Pep.

Amarga, porque la dimensión de la tragedia es mucho mayor de lo que los periódicos hemos estado publicando, según tuvimos la ocasión de comprobar quienes asistimos, pocas horas antes del fallecimiento de Pep, a la ceremonia de entrega de los 35 Premis Llibertat d’Expressió que concede la Unió de Periodistes Valencians.

"El gran problema de la corrupción está en los ayuntamientos, pero nadie hace nada"

Allí, en el Paraninfo de la Universitat, el interventor del Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoechea, agradecía el premio con un discurso tan largo como lleno de contenido que no dejó indiferente a nadie. Un discurso que Valencia Plaza recogió íntegro porque merece la pena leerlo de principio a fin, como expresaba en Twitter un compañero del premiado, que confesaba estar emocionado tras leerlo en voz alta.

¿Dónde está la corrupción? ¿En el caso Nóos? Lo del duque de Palma son 3,5 millones. ¿En el blanqueo del PP de Valencia? 50.000 euros, a mil euros por barba. No es que eso no sea corrupción —todavía presunta—, pero se pone el foco ahí y el resto queda en penumbra. "El gran problema de la corrupción está en los ayuntamientos, pero nadie hace nada", contaba Urruticoechea en la comida posterior al acto.

Valga un dato: las facturas impagadas de los ayuntamientos sumaban en 2012 más de 11.500 millones de euros, pero la única sanción conocida por este hecho es la multa de la Comisión Europea por las facturas ocultas de la Generalitat valenciana, que ascendían a 1.800 millones. Ningún alto cargo o funcionario de la Generalitat fue sancionado por ello, y lo mismo ocurre en las entidades locales. No hay sanciones a los reponsables, pero Urruticoechea sí conoce "centenares de expedientes a los compañeros que se toman en serio su labor de alertadores de la corrupción o de irregularidades en la gestión". Encima.

En su alegato contra la indiferencia, Urruticoechea, como Josep Torrent, no ahorró críticas a los medios de comunicación, a los fiscales, a los responsables políticos que miran para otro lado ni a sus colegas interventores y secretarios que se pasan "al lado oscuro". Sobre estos últimos explicó que "el problema mayoritario es el distanciamiento del funcionario y su función, cuando comprueba que sus esfuerzos de nada sirven y que se obtienen beneficios de mirar para otro lado".

Una decepción que compartimos muchos periodistas que vimos durante años cómo las portadas con despilfarros y corruptelas eran flor de un día sin consecuencias —todavía ocurre en algunos ámbitos, pero menos— y cómo señalar a un poderoso lo más que podía acarrear era la retirada de publicidad con la que se trata y a veces se consigue comprar silencios. Uno duerme tranquilo con su conciencia pero se levanta con un punto de frustración.

"Todas estas facturas han tenido que ser firmadas no sólo por la exalcaldesa Barberá o sus concejales delegados, sino también por el interventor general del ayuntamiento de Valencia o por sus interventores delegados"

Urruticoechea casi puso nombres y apellidos al referirse, por ejemplo, al #Ritaleaks, el escándalo de los gastos de Rita Barberá: "Todas estas facturas han tenido que ser firmadas no sólo por la exalcaldesa Barberá o sus concejales delegados, sino también por el interventor general del ayuntamiento de Valencia o por sus interventores delegados. Lógicamente, existe relación entre estas escandalosas facturas y el hecho de que el Ayuntamiento de Valencia tenga un selecto club de más de 40 altos empleados que cobran más que el actual alcalde, entre los que el interventor seguro que está entre los que ganan más de 100.000 euros al año. Mucho me temo que sí, que existe una clara correlación en todos los ayuntamientos españoles entre la laxitud fiscalizadora de los interventores y su sueldo, de más de 100.000 euros en bastantes ciudades españolas y también de más de 70.000 euros incluso entre ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes".

Por si no había hecho suficientes amigos, concluyó la diatriba con una pregunta al aire cuya respuesta, desgraciadamente, es no: "¿Se abrieron o se abrirán expediente disciplinarios a estos funcionarios valencianos que optaron por mirar a otro lado, o los expedientes disciplinarios sólo se utilizan contra los funcionarios alertadores de la corrupción?"

Pero ahora tenemos una Ley de Transparencia y Buen Gobierno, deja caer el periodista durante la comida. “¡Una vergüenza!”, responde. Y explica que, según esa ley estatal, el encargado de iniciar el procedimiento sancionador contra los funcionarios y altos cargos corruptos es el alcalde, que en muchos casos es el jefe de la banda.

Una última cita del discurso, de la muchas que valen la pena: "Ya no se oyen o son minoritarias las desvergonzadas voces de que la corrupción era sólo un problema de unas manzanas podridas y que quitándolas del cesto problema arreglado. Ahora ya empieza a ser un paradigma la idea de que tenemos una corrupción sistémica, lo cual sigue siendo un diagnóstico inefectivo porque no es suficiente con darnos cuenta de que afecta a nuestro sistema político, también debemos ser conscientes de su tremenda magnitud. Usando la metáfora del cáncer, puede decirse que la corrupción alcanza a todas nuestros centros vitales, a todas las instituciones, incluidas la Justicia y los Cuerpos de Seguridad del Estado, frente a los complacientes análisis de nuestros tertulianos, sin atender a las pruebas existentes".

La elocuencia de Urruticoechea combina pesimismo y esperanza. El panorama es desalentador pero su esfuerzo y el de muchos alimenta la certeza de que esto tiene remedio. No nos rindamos.

'Roma locuta, causa finita'

Habló el Tribunal Constitucional y lo hizo retorciendo su propia ley y jurisprudencia para acabar reconociendo el derecho de los valencianos a conservar y desarrollar el civil foral pero prohibiendo en la práctica su desarrollo y ratificando que la valenciana es una comunidad de segunda.

Los lectores de Valencia Plazahan estado informados del proceso judicial y sus consecuencias. Al arriba firmante sólo le queda añadir que coincide plenamente con la postura del magistrado del Constitucional Juan Antonio Xiol, el único que defendió que los valencianos tenían ese derecho. Muy recomendable la lectura de su voto particular.