Uno de los últimos barcos fabricados en el astillero de Unión Naval de Valencia, antes de su cierre en 2012. VPVALÈNCIA. (EFE). La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha condenado a dos años de prisión al exdirector de recursos humanos de Unión Naval entre 2008 y 2010, Francisco Tirado Herreros, como responsable de la falsificación de facturas con las que justificó cursos de formación financiados con fondos públicos.
Según consta en la sentencia, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la sala exime a Tirado de los delitos de estafa y fraude de subvenciones, y absuelve a otros dos exdirectivos de la firma, Alicia Martín Garanacha y Luis Antonio Martín Aragón González.
La sala considera acreditado que entre 2008 y 2010 la empresa solicitó y obtuvo diversas subvenciones por cursos de formación, financiados en parte con fondos europeos y en parte por fondos nacionales que convocaba el sector del sector de la construcción naval.
Según consta en la sentencia, Tirado confeccionó documentos similares a facturas en las que modificó los conceptos para hacer constar que se habían realizado cursos de formación para obtener subvenciones, cuando realmente esos cursos no fueron impartidos o no al menos con la duración, intensidad o contenido reflejado en las facturas.
En consecuencia, se le condena a dos años como responsable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y se le reclama una multa de 3.600 euros (de la que responderá Unión Naval en caso de no ser satisfecha) más un tercio de las costas procesales.
Por el contrario, se ha absuelto a los otros dos procesados que estaban acusados de los delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.
La sala no aprecia delito en la actuación de Aragón y expone que "la acusación no concreta individualizadamente cuál fue su intervención delictiva, y, desde luego, no merece esa consideración el mero hecho de firmar tres documentos relativos a certificar que la empresa estaba al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social".
"Ello no le convierte sin más en un partícipe consciente en una trama de subvenciones, siendo perfectamente creíble que los firmaba como tantos otros similares que se han de certificar cuando se trabaja con empresas públicas. Ni, desde luego, por ser director de producción".
Respecto a Alicia Martín Garanacha, la sala tiene "dudas" de que "estuviese al tanto del proceder de Tirado, esto es, del detalle de sus actos, tanto por las altas funciones que empezó a desempeñar a partir de enero de 2008, como porque realmente nadie ha mencionado que tratara con ella".
"Pudiere pensarse, en hipótesis, que en la búsqueda de financiación se diera alguna orden o instrucción de buscar o rebuscar en los departamentos aquellas actividades de las que se pudiera obtener alguna ayuda o subvención, para documentarla y formalizarla".
Sin embargo, "de ahí a que se ordenara por ella de alguna manera que se falsificaran los datos es algo que no se ha podido probar", añade la sentencia.
Por contra, entiende que "quien sí estaba plenamente involucrado" en el tema de los cursos de formación y las subvenciones era Tirado, dado que él mismo "ha declarado que se ocupaba de organizar y planificar los cursos, tratar con el proveedor de los mismos y preparar la documentación al respecto, las facturas y sus rectificaciones para que 'cuadraran', así como recopilar y guardar toda la documentación relativa".
