La Audiencia de Valencia valida la prórroga de once meses para investigar el ‘dopaje’ electoral del PP

VALENCIA. La investigación dentro del caso Taula en la pieza del blanqueo y del delito electoral que mantiene imputado a todo el grupo municipal del PP de Valencia, salvo a cuatro personas, ha dado un giro de 180 grados con respecto a las expectativas procesales de los investigados.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes cercanas al caso, la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el recurso presentado por la concejal popular Beatriz Simón y por el exgerente, José Moscardó, y la actual gerente del PP provincial, Montserrat Tello, que solicitaban que se anulara la decisión del magistrado instructor de ampliar el plazo de instrucción once meses más para poder terminar la investigación en curso sobre el presunto dopaje electoral del PP de Valencia. En el recurso se aseguraba que, por un lado, se firmó la prórroga fuera de tiempo y, por otro, no estaba fundamentado.

En el auto emitido por la Audiencia, los magistrados explican que, pese a que la prórroga se firmó un 21 de agosto cuando el plazo terminaba el día 15, si el fiscal lo pide dentro del plazo, como fue el caso, la prórroga "puede ser acordada una vez agotado el plazo, con el efecto de reanudar el periodo hábil para la  investigación, sin que se vean afectadas las diligencias practicadas en el tiempo que transcurra entre la petición de la prórroga, el traslado a las partes y el acuerdo efectivo de la prórroga, en una interpretación sistemática de los referidos apartados, que no exigen que la decisión se tome dentro del término que sí fija para iniciar el trámite, decisión que,  no  obstante,  debe  ser  acordada  en  el  menor  tiempo  posible,  para  no ocasionar la dilación indebida que se quiere conjugar por el legislador".

Con respecto a la posible falta de motivación para la prórroga, los magistrados aseguran en su auto: "Igual suerte desestimatoria debe correr la carencia de motivación  material del auto pues el segundo fundamento de derecho recoge los argumentos o razones que justifican la misma, entre ellas, la recepción reciente del informe medico forense pedido por una de la defensas, las nuevas diligencias solicitadas por el  Fiscal cuyo fin es determinar si existió o no condonación  por  parte de Decaux al Ayuntamiento de Valencia y en relación a una notable suma de dinero, y la recepción a finales  del  2016 de una ingente documental  cuyo análisis puede arrojar luz sobre la mecánica con que en otras campañas operaban ya algunos de los investigados". 

Segundo recurso

En el segundo recurso que solicitaba que se anularan las diligencias solicitadas por parte del magistrado de Taula al considerar que estaban pedidas fuera de plazo ha corrido la misma suerte que el primero. Esta decisión abre una brecha en las esperanzas de los imputados que pedían que se anulara la prórroga de once meses decretada por el juez al haber sido firmada una semana después de cumplidos los seis meses reglamentarios y que hubiera significado no poder aportar al futuro juicio una parte fundamental de las pruebas del presunto ‘dopaje’ electoral del PP valenciano.

Esta respuesta, deja vía libre a juez y fiscal para seguir investigando y cierra las puertas a la causa quijotesca que se había planteado por parte de las defensas, que esperaban que la Audiencia no validara el auto de prórroga y, por tanto, obligara o bien al archivo de toda la causa o bien a emitir el auto de procesamiento sin tener en cuenta el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ni ninguna de las declaraciones prestadas después del 15 de agosto de este año.

Sitel

Por otro lado, durante la mañana de este miércoles, las partes están citadas para realizar un peritaje, con perito de parte de cinco defensas, de la grabación realizada por la UCO con el sistema Sitel entre la exconcejal, María José Alcón, y su hijo. En dicha grabación se puede escuchar como la mujer del ex vicealcalde de Rita Barberá, explica con toda soltura cómo se realizó la presunta operación de blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal del PP de Valencia ciudad.

Las defensas, tras pagar 10.000 euros, esperan encontrar algún resquicio que obligue al magistrado a eliminar dicha grabación, una de las principales pruebas de cargo, aunque no la única.

Junto a dicha grabación, las acusaciones también cuentan con el testimonio de Alcón en la Guardia Civil e instrucción que reconoció el blanqueo, un anónimo llegado a Fiscalía que explicaba la operativa, las declaraciones de cuatro testigos que se negaron a cometer el presunto delitos, así como la declaración de una asesora de comunicación que sí reconoció haber blanqueado el dinero. Y, además, a todo ello habría que sumar todas las pesquisas policiales realizadas desde marzo del 2015.