VALÈNCIA.(EFE). La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el sobreseimiento de la causa abierta contra la exgerente de FGV, Marisa Gracia, por posibles irregularidades en la contratación de servicios de seguridad y ha ordenado seguir investigando o abrir juicio oral.
Según consta en un auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza instructora no observó delito en el pago de "penalidades" a las empresas Prosegur SA y Med Seguridad SA entre 2007 y 2011, que supuestamente "se compensaron reduciendo pagos que debían de hacerse a las empresas referidas por servicios prestados".
Dedujo la jueza instructora, en consecuencia que "no había existido daño para el erario público ni trato de favor a las empresas".
Además de estas "compensaciones", está bajo la lupa de la Justicia la adjudicación de dichos contratos en sí misma, ya que existen sospechas de manipulación de informes y los hijos de Gracia fueron contratados por empresas del mismo grupo que las adjudicatarias.
Sin embargo, la Audiencia no comparte el criterio de la instructora de que no haya pruebas de delito ni las pueda haber nunca, ya que "hay que tener en cuenta que el informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana no es absolutamente concluyente y deja abiertos algunos interrogantes".
"La Intervención solo ha podido basarse en certificaciones de la propia FGV, dejando entrever que no puede emitir un informe absolutamente concluyente, que requeriría probablemente una auditoría o examen pericial más exhaustivo de las relaciones económicas entre FGV y sus dos proveedores en cuestión".
"Por otra parte -exponen los magistrados de la sección quinta- lo que sí queda rotundamente claro en el informe es que las compensaciones realizadas lo habrían sido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo correspondiente, lo que implica indiciariamente la adopción de acuerdos de compensación completamente irregulares y eludiendo el control de las disposiciones de contenido económico que tales compensaciones implicaban".
En consecuencia, ven indicios de prevaricación administrativa y concluyen que "no puede darse por terminada la instrucción".
"Dado que la Instructora no considera necesario practicar más diligencias de oficio, procederá dar traslado a las partes acusadoras para que propongan nuevas diligencias para despejar las dudas generadas por el informe de la Intervención General y a la vista de las diligencias propuestas por las partes deberá el Juzgado pronunciarse".
Tras revocar el sobreseimiento, se indica a la instructora que puede acordar la formación de una pieza separada relativa a estos hechos si fuese necesario para no ralentizar la marcha del resto de la causa, es decir, la adjudicación de contratos a las citadas empresas, ya que existen sospechas de que se alteraron los informes técnicos con las valoraciones de cada compañía.
Respecto a esto último, la sala cree también que "concurren indicios suficientemente consistentes para no sobreseer las actuaciones".
Son indicios de estas supuestas irregularidades los documentos aportados en los que constan rectificaciones manuscritas sobre el informe original o la contratación de los hijos de la querellada, Marisa Gracia, por empresas del Grupo Med Seguridad SA.
