En la Comunitat Valenciana se generan siete millones de envases diarios, de los que solo dos van al contenedor amarillo. El resto se desecha en los vertederos o se abandona por el territorio. La posible implantación del polémico SDDR ha puesto en la cuerda floja la propia sostenibilidad del Botànic
VALÈNCIA.- El 15 de septiembre de hace un año, les Corts encargaron a la Conselleria de Medio Ambiente impulsar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), un modelo complementario de recogida de envases promovido por el secretario autonómico Julià Àlvaro y por la formación que representa (Verds-Equo). Con el nuevo curso, la propuesta todavía tiene forma de borrador de anteproyecto de ley, fuera de los plazos previstos hacia su implantación. La iniciativa, importada de Alemania y de los países nórdicos, consiste en hacer pagar al consumidor diez o más céntimos de fianza por cada botella o lata —recuperable si se retorna en buen estado—, para despertar la conciencia medioambiental. Igualmente, pretende convertir a la Comunitat Valenciana en la autonomía pionera de este sistema de reciclaje. Pero, de momento, el SDDR ha encendido la mecha de una guerra intestina en el Pacte del Botànic, entre los afines a la consellera Elena Cebrián y los de Julià Àlvaro, aderezada con la oposición de empresarios, gestores de residuos, consumidores y ecologistas.
El SDDR entró en la agenda política en 2011 con el proyecto de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la misma que puso fecha para despedirnos de las bolsas de plástico. Desde entonces, España no ha conocido las máquinas de retorno más allá de las pruebas piloto. Una de ellas se realizó en 2015 en Vila-real (Castellón), de la mano de la empresa local Ecomain, una de las pocas en España dedicadas al reciclaje y recolección de envases con su propia reverse vending machine; la Ecomain Monster. Esta empresa de I+D+i, que lanzó su primera máquina en 2013, ha declinado la invitación de Plaza por su «situación de stand by hasta que no cambie la ley, ya que es imposible vender ninguna máquina en estos momentos», según su portavoz.
En su web corporativa, Ecomain asegura que su diferenciación reside en estar desarrollada y fabricada en España con software español. La alusión no es baladí. Detrás de buena parte de las máquinas de retorno activas en todo el mundo esta el sello Tomra, la multinacional noruega de la tecnología para el reciclaje y el número uno global en este tipo de dispositivos. Es a ella a quien apuntan como impulsora del SDDR todos los sectores críticos con la implantación del sistema de retorno en España.
«Se dice que se pagará dos céntimos a los pequeños comercios por la gestión, pero ¿cómo va el comerciante a amortizar los 20.000 euros de la máquina? Además, si los envases van al mismo sitio donde van ahora los recogidos en contenedores verdes o amarillos, ¿dónde está el beneficio? La empresa multinacional que posee los lectores ópticos de las máquinas tiene en su plan de expansión de 2013 a 2018 implantar 15.000 máquinas en España. Solo lo puede hacer si son obligatorias, y eso se consigue cambiando la legislación», apunta María Diago (PSPV), quien fuera directora general de Calidad Ambiental durante los primeros seis meses del Botànic, para quien la medida solo obedece a una «intención política sin razón y a una falta de profesionalidad y de rigor muy grave».
* Lea el artículo completo en el número de septiembre de la revista Plaza