La causa de la EMT, paralizada: el Ayuntamiento evita aclarar si reclamará el dinero al banco

VALÈNCIA. Hay cosas que no se mueven. Ni siquiera con el paso del tiempo o cuando cambia un equipo de gobierno en un ayuntamiento. La causa del fraude de la EMT, escándalo de un otoño del que pocos se acuerdan ya, es una de ellas. Los avances de la investigación penal han sido nulos en los dos últimos años. Y la posición del consistorio respecto a ella ha permanecido inalterada pese a que antes gobernaban Compromís y el PSPV y ahora lo hacen el PP y Vox con María José Catalá al frente. 

Fue en septiembre de 2019 cuando delincuentes anónimos suplantaron la identidad del presidente de la firma, el entonces concejal de Movilidad Giuseppe Grezzi, y un abogado de Deloitte para engañar a la que fuera jefa de Administración de la EMT, Celia Zafra. El objetivo era que ésta les facilitara los datos necesarios para cursar hasta ocho transferencias de 4,04 millones de euros en total a dos cuentas radicadas en Hong Kong para una falsa compraventa empresarial. Tras lo sucedido, fue fulminantemente despedida de la empresa pública. Ninguno de sus superiores detectó el fraude. 

Si se realiza una retrospectiva, poco se puede aportar de novedad a lo publicado por este medio y otros de varios meses a esta parte. El dinero del fraude no se ha recuperado ni tiene visos de hacerse. La única persona condenada, en la vía contable, ha sido Celia Zafra. Ella misma y su defensa, ejercida por el abogado Rafael Guía, ya han avisado de que es una cantidad inasumible para alguien con una economía normal como la de ella. 

La posibilidad de ir contra Caixabank, la entidad bancaria que dio curso a las transferencias, es algo que el anterior equipo de gobierno municipal no contemplaba y que el actual no ha movido. A preguntas de este periódico, fuentes municipales se limitan a indicar que "no se descarta nada". Pero sin mayor concreción. La realidad es que parecen evitar esa situación. 

Mientras, Zafra se ha dedicado durante sus apariciones en medios a incidir en este mensaje porque opina que el banco, que contaba con protocolos internos, los incumplió en realidad porque pidió confirmación telefónica en la novena transferencia pero cursó todas las anteriores. 

Así que el desenlace de este asunto sigue en el aire con diversas vías abiertas. Las dos fundamentales son la contable y la penal, ninguna de ellas zanjada todavía totalmente. El mismo punto en el que hace casi un año. 

La primera fue la del Tribunal de Cuentas, que condenó a Zafra al considerarla responsable contable por una negligencia grave del robo de más de cuatro millones de euros y le obligó a abonar este importe. Aunque no concluyó que hubiera dolo ni que la directiva pretendiera el resultado, sí entendió que hubo falta de diligencia y que eso facilitó el robo.

Hubo dos sentencias, la segunda dictada tras un recurso de la exempleada de la EMT que fue desestimado. Esta última, sin embargo, contaba con un voto particular de una magistrada que resultaba relevante, puesto que consideró que Zafra no es merecedora de reproche contable en el fraude, que no se le pueden imputar daños, que fue engañada y que la actuación del banco no fue la correcta. 

Este pronunciamiento facilitaba a la defensa de la exempleada de la EMT seguir adelante con el asunto en los tribunales. Motivo por el que lo llevó al Supremo, que admitió a trámite el recurso contra la sentencia del Tribunal de Cuentas en septiembre del año pasado. El pronunciamiento aún no ha llegado y no hay fecha prevista. 

Paralelamente a ello, se encuentra la investigación en la vía penal, de la que se encarga el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Ésta no ha contado con grandes avances durante los últimos años y se encuentra encallada, en gran parte por la tardanza o la poca aportación de las comisiones rogatorias. 

Se trata de un instrumento que emite un juez a las autoridades extranjeras para reunir pruebas o información de otro Estado sobre una persona física o jurídica. Y hasta ahora, en la instrucción de la EMT han servido de bien poco. Hubo un total de cinco. La de EEUU y la de Irlanda se realizaron para tratar de lograr datos sobre las direcciones de correos usadas para la estafa. EEUU respondió e indicó que el proveedor de los servicios informáticos era Israel. La de Irlanda no ha sido atendida. Y la de Israel tampoco obtuvo contestación.

La de Hong Kong, para comprobar el rastro del dinero, ha quedado en nada porque las cantidades se distribuyeron a diferentes cuentas en cuanto llegaron al país y el recorrido del dinero ya se da por perdido. Se consiguió identificar a dos sociedades, JG Trade Co Limited y Shengyi Trading Limited, con dos administradores chinos: Zuo Jialiang y Lai Yuanxin, respectivamente, quienes habrían actuado de testaferros en la estafa y habrían dispersado el dinero entre una veintena de sociedades. Un tribunal de Hong Kong les condenó, pero no se les ha conseguido localizar ni siquiera para citarlos. Tampoco a los estafadores reales. 

A Kenia, por último, se le solicitó información dos veces y ambas contestaron pidiendo a la Policía española que fuera más específica en su petición. A todo ello se añade que el juez ha solicitado a Caixabank sus protocolos internos en estos casos, pero la entidad se ha resistido a facilitarlos.

Zafra figura en esta causa como única investigada. Las escasas novedades recientes han sido las peticiones de prórroga de la instrucción por parte de Caixabank. El juzgado tiene pendiente de resolver la última.