Esteban González Pons y Alberto Núñez Feijóo. Foto: FERNANDO SÁNCHEZ/EPComo sabe cualquier observador informado, en pocos meses se acaba la legislatura en el Palau de Benicarló y, a efectos prácticos, también en las Cortes Generales, ese órgano legislativo tantas veces distante para los intereses valencianos.
Será el momento de la rendición de cuentas políticas, valorar la eficacia de nuestros gobernantes y parlamentarios en su quehacer -para eso les pagamos y elegimos- y calificarlos en lo que respecta al autogobierno en dos materias troncales y prioritarias para los ciudadanos de esta nacionalidad histórica:
-La financiación autonómica: sin avances reales que conozcamos y que perpetúa un modelo discriminatorio con las necesidades sociales de la población valenciana, deuda histórica aparte.
-La reintegración efectiva del derecho civil propio, nominalmente previsto el Estatuto de 1982 y que resultó aplicable entre 2008 y 2016 en el ámbito del derecho de familia y todavía produce efectos a 300.000 valencianos.
En 2016 el Tribunal Constitucional, tras sendos recursos planteados por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy contra leyes valencianas, dictaminó que les Corts no eran competentes para regular en materia de uniones de hecho, custodia compartida, discapacidad o derecho sucesorio. Por eso, les Corts propusieron al Congreso una reforma técnica menor de la Constitución hace 27 meses, que recomendamos que consulten.
Han leído bien, llevamos más de 800 días esperando que el todopoderoso Bolaños tenga a bien escuchar a les Corts Valencianes, cumplir la promesa de su predecesora Carmen Calvo y dar luz verde a una modificación constitucional consensuada por el municipalismo valenciano y la sociedad civil, y promovida de forma conjunta en les Corts por el PP valenciano, el PSPV, Compromís y Unidas Podemos y a la que solo se opone Vox, si bien es cierto que sin virulencia.
La relevancia de esta cuestión se la explicamos a la directora general de Asuntos Constitucionales en una agradable reunión celebrada el pasado 1 de febrero en el complejo de la Moncloa, pero nuestro objetivo es exponérsela directamente a Félix Bolaños, para que sea consciente de que es un tema de máxima importancia para nuestra sociedad.
Para comprender el largo periplo de reivindicación de nuestro Derecho Foral Civil aconsejamos la lectura del brillante artículo de Tony Woodward "Las derrotas consentidas", tan crítico como certero con el bipartidismo inoperante en relación con la infrafinanciación y nuestro Derecho Foral. Sinceramente, esperamos que, tras la espantada de Toni Cantó, la voluntad de las bases municipalistas de Ciudadanos en favor de los derechos civiles para los valencianos se imponga al criterio antiestatutario de Edmundo Bal, como solicitamos Juristes Valencians a Ruth Merino hace unos días. Dadas las circunstancias internas del partido, es el momento de que cada diputado de Ciudadanos vote en conciencia y como valenciano. No consientas, Tony, que os derrote Edmundo, por favor.
Escribimos esta columna de opinión, cuando quedan menos de 20 días para conmemorar el 40 aniversario del primer Estatuto de Autonomía Valenciano, aprobado por el Congreso por la vía del artículo 143 de la Constitución, el 1 de julio de 1982. Días después se aprobó la Lotrava, la ley orgánica de transferencias que fue la compleja formula ensayada por la UCD y el PSOE para equipararnos más o menos al nivel competencial previsto en el art. 151 de la CE, que, por la celeridad en la tramitación de sus Estatutos durante la II República, tenían de oficio Cataluña, País Vasco y Galicia (cuyo Estatuto, votado de forma abrumadora por los gallegos el 28 de junio de 1936, tras el golpe de Estado de julio de 1936, solo fue aprobado por las Cortes republicanas en el exilio en 1945). En fin, siendo los cuartos en acceder a la preautonomía, finalmente fuimos los novenos en disponer de un Estatuto del 143; fuimos los que no pudimos acceder por la vía del artículo 151 por decisión del PSOE y la UCD.
Los valencianos de finales de los 70 o principios de los 80 no podrían imaginar que, por discusiones partidistas estériles entre el PP y PSOE, como tan bien describe Woodward, 40 años después sigamos con un autogobierno incompleto en el ámbito de los derecho civiles: en la esfera privada patrimonial con derivadas en una mayor libertad a la hora de transmitir bienes a quien queramos y nos quiera, ayudar a la pervivencia de nuestras empresas familiares tras la muerte de los fundadores y también constituir relaciones familiares en materia de uniones de hecho.
Creemos que se deben aplazar fiestas, saraos y cócteles de celebración vinculados al 40 aniversario del Estatuto y tienen que destinarse las energías de nuestros representantes en este final del curso político a salvar los muebles. A aprobar una asignatura pendiente desde hace seis años: la efectiva recuperación del derecho foral civil.
Con el fin de conseguir ese objetivo toca dejarse de propaganda banal, autocomplacencia y palabrería para aprovechar las coyunturas políticas vinculadas a la reforma promovida por Moncloa y apuntalada por Feijóo tras la presión de CERMI a la hora de eliminar las referencias impropias a las personas con discapacidad que aparecen en el artículo 49.
Nuestros políticos deben ser rápidos, como lo fueron gallegos y vascos en la II República y dar pasos decisivos para acceder a la autonomía política en un periodo tan convulso como el acaecido entre las elecciones de febrero de 1936 y el golpe de Estado de julio de 1936. Los valencianos, como tantas otras veces, llegamos tarde, pese a que el cap i casal fue capital de la República.
Actuemos con urgencia y, realmente, de forma coordinada y conjunta. Olvidemos nuestro enfermizo protagonismo individualista y juntemos esfuerzos para conseguir esta justa causa, eje del autogobierno valenciano. Aunque algunos políticos no se hayan enterado, lo más relevante de la reforma del Estatuto de 2006 no fue la capacidad de disolución de les Corts de forma anticipada por el ejecutivo valenciano, sino la recuperación de la capacidad legislativa civil que aplican otras seis comunidades autónomas para otorgar beneficios concretos y prácticos a los ciudadanos en materia de derecho sucesorio y derecho de familia o con una regulación más progresista de las personas con discapacidades.
Compartimos las palabras de Feijóo y diputados valencianos del PSOE en el Congreso, que el pasado mes de marzo solicitaban que "no se utilice la discapacidad –o la reforma del derecho civil valenciano, añadimos– de forma torticera para abrir el melón de la reforma de la Constitución a otros asuntos", como el modelo territorial o "el diseño de Estado", materias que no cuentan con las mayorías parlamentarias (3/5 de diputados y senadores) requeridas por el artículo 167 de la Constitución.
Hemos de subirnos a rebufo de la reforma promovida por CERMI –nadie en su sano juicio debe consentir por más tiempo esa terminología irreverente que utiliza la Constitución Española para referirse a 4 millones de españoles con dificultades para desarrollar su personalidad–a la que Feijóo acaba de dar el plácet y exigir la tramitación conjunta de ambas reformas sociales y puntuales de la Constitución y convencer a las direcciones del PSOE y PP de que constituye una gran deslealtad con los valencianos aplazar por más tiempo la reintegración a les Corts de la capacidad de elaborar leyes civiles modernas, una reivindicación planteada desde el consenso por les Corts Valencianes en un Estado democrático de derecho. Obviamente, nuestra reforma es justa, reintegradora de una competencia aprobada políticamente en 2006, apoyada por el municipalismo y la sociedad civil y que soluciona una discriminación histórica frente a otras seis comunidades autónomas.
En fin, a Esteban González Pons, flamante responsable de justicia y política constitucional en el equipo de vocación autonomista de Núñez Feijóo le toca pactar con el huidizo Bolaños la tramitación conjunta del artículo 49 y de la recuperación efectiva del Derecho Civil propio, un tema que Esteban conoce muy bien y utilizó políticamente en las elecciones generales de 2008, como le recordó hace años Javier Alfonso.
Para titular este artículo, recurrimos a la novela de Ken Follett La clave está en Rebeca. La clave está en la celeridad y el valencianismo de Esteban; en la capacidad de Ximo Puig, como líder de la autonomía socialista más importante, para hacerse escuchar en Madrid, pese a que arrastra seis años de autogobierno recortado; en la autoridad en el seno del PP de Carlos Mazón, comprometido, como ha indicado de forma reiterada, en la recuperación del Derecho Civil, por su utilidad para los ciudadanos.
La clave también dependerá del grado de exigencia que muestren Compromís y Unides Podem en el cumplimiento del punto 6-7 del Pacte del Botànic para centrar la reforma constitucional en estos dos temas puntuales (discapacidad y recuperación autogobierno), sin imposibilitar la reforma incorporando asuntos sobre los que no existe consenso suficiente.
Junto a los políticos, muchos otros actores de la sociedad civil están obligados a dar batalla y, con tal fin, Juristes Valencians ha convocado un gran acto el próximo 29 de junio, aniversario de la abolición de los Furs en la plaza de la Virgen de València. La sociedad valenciana debe implicarse y los valencianos no podemos consentir que se modifique la Constitución y se nos vuelva a discriminar. No podemos consentir más derrotas ni tolerar que se nos aplique otro sucedáneo del artículo 143 cuarenta años después. Y, por ello, debemos actuar con celeridad, unidad y eficacia, puesto que acaba la legislatura. Debemos aprobar, ante las dificultades de modificar el sistema de financiación autonómico, al menos la otra asignatura del autogobierno en este fin de legislatura. Nos vemos el 29 de junio. Sean valientes, seamos valientes. No volveremos a disfrutar de una oportunidad política similar en muchos años.
José Ramón Chirivella es presidente de la Associació de Juristes Valencians
