Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha comenzado a analizar la venta por parte de la aseguradora DKV del 65% de las acciones de Marina Salud, firma concesionaria del Hospital de Dénia, al grupo sanitario Ribera, que con esta operación tomará el control exclusivo de la empresa, de la que ya poseía el 35% de las acciones.
El dictamen del regulador sobre si esta operación se ajusta a la normativa de defensa de la Competencia nacional y comunitaria se conocerá en pocas semanas. Para valorarlo, según explica a Valencia Plaza un portavoz de la comisión, se basará como siempre en la Ley de Defensa de la Competencia como organismo competente para su aplicación, pero no tendrá en cuenta otra legislación aplicable en este caso y que corresponda a otras instancias
Ello significa que la CNMC no entrará a valorar si la operación con la que Ribera pasará a controlar una tercera concesión en la Comunitat Valenciana al comprar todas las acciones de Marina Salud se ajusta a la legislación autonómica, que impide que una misma empresa pueda ser titular de más de un contrato de gestión sanitaria en la Comunitat Valenciana en régimen de concesión administrativa.
Así está previsto en la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, modificada en 2018 para introducir esta limitación que impide que una firma pueda tener más del 40% de las acciones de las concesionarias en más de un departamento sanitario. Hasta ahora no se había dado ninguna situación que chocase con esa prohibición, pero el nuevo movimiento de Ribera, que ya controla el 100% de las concesiones sanitarias de Torrevieja y Elche, abre la puerta a que se le pueda aplicar esa limitación.
De hecho, el comité de empresa de Marina Salud ya ha instado oficialmente a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a aplicar la legislación autonómica para impedir la venta de acciones entre DKV y Ribera Salud por ser una operación "ilegal".
Sin embargo, la Conselleria de Sanidad aún no ha aclarado qué postura tomará ante el acuerdo de traspaso de acciones al que han llegado DKV y Ribera Salud ni cómo se aplicaría lo previsto en la Ley de Salud si la CNMC considera que se ajusta a las normas del mercado autoriza la operación.
Sanidad sostiene que no se le ha notificado oficialmente el acuerdo de venta, lo cual no significa que no fuera conocedora del mismo desde hace meses. De hecho, tal y como publicó este periódico, el presidente de DKV Seguros, Javier Vega de Seoane, informó personalmente del mismo al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, del acuerdo de venta. También la consellera de Sanidad tuvo conocimiento de la misma a través de Josep Santacreu, CEO de DKV.
En ese contexto, los abogados de la aseguradora alemana se reunieron antes del verano con representantes de Presidencia para explicar el acuerdo al que habían llegado con Ribera. DKV lleva desde 2016 tratando de concretar su salida del accionariado de Marina Salud y si no lo ha hecho antes ha sido precisamente por las trabas impuestas por la Generalitat, que se interpuso en la negociación para impedir que se concretase el acuerdo al que DKV ya había llegado con Ribera para traspasarle sus acciones.
Como principales interesados en que, esta vez sí, el pacto con su socio no resulte frustrado por una nueva intervención del Consell, los representantes legales de DKV han buscado tener de primera mano ciertas garantías sobre la viabilidad de la operación. A su favor está el hecho de que, después de cinco años, la Generalitat no haya sido capaz de plantearle a DKV una oferta lo bastante atractiva como facilitarle una salida y, al mismo tiempo, cumplir la promesa de Puig de recuperar para lo público la gestión del departamento sanitario de la Marina.
Los representantes de Presidencia trasladaron a los representantes de la empresa aseguradora que, siempre y cuando la operación pactada con Ribera, propiedad de la norteamericana Centene Corp., supere el filtro de la CNMC, no se opondrán a la misma. Ello implicaría que, en línea con los abogados de DKV, el artículo de la Ley de Salud que busca impedir concentraciones en una misma empresa no sería de aplicación en este caso porque se trata de un traspaso entre los dos socios una concesión ya otorgada, no una nueva.
Además, tampoco se podría alegar falta de solvencia técnica o económica del nuevo accionista único de Marina Salud como argumento para invalidar el acuerdo. También existe discrepancia sobre si el traspaso debe ser autorizado previamente por la administración autonómica o basta con que se le comunique a posteriori, porque las dos partes manejan informes jurídicos que llegan a conclusiones diferentes.
De este modo, si se cumple la intención de no intervenir en la operación al margen de lo que dictamine la CNMC, la toma de control exclusivo de Ribera en Marina Salud dependerá únicamente de la decisión del regulador de la competencia.
Con todo, en las próximas semanas se verá de qué forma se posicionan ante esta venta los otros dos socios del Botànic, Unides Podem y Compromís, y hasta qué punto están dispuestos a explotar la oposición de los sindicatos a esta operación o la promesa incumplida del presidente de la Generalitat con la reversión del Hospital de Dénia para erosionar al PSPV.
